Apuntes sobre el Proceso Constituyente en Catalunya

 Los marcos convencionales de explicación de lo que sucede tanto en el Estado español como a nivel internacional cada vez se ven más desbordados por los acontecimientos. Desde que estalló la crisis capitalista, ésta ha actuado como acelerador del tiempo político, ha abierto grietas y brechas que serán difíciles de cerrar o maquillar a largo plazo por los poderes establecidos.
El descrédito brutal de los dirigentes políticos, la corrupción estructural, el austericidio económico, el ataque a los servicios públicos, la decadencia del régimen constitucional y el malestar social son signos de una época que preludia profundos desplazamientos tectónicos del sistema tal cual lo conocemos. La cuestión, pues, que se nos plantea a las personas anticapitalistas no es baladí: ¿Cómo construir la alternativa social que sea capaz de derrocar este capitalismo salvaje? ¿Quién o quiénes serán o son ese sujeto histórico capaz de canalizar las fuerzas de las clases populares?
Como tentativa de respuesta a estas preguntas está surgiendo lentamente una idea que yacía en el baúl de los recuerdos, al menos, para gran parte de la izquierda europea. A veces denostada como “reformista” hoy emerge como una idea-fuerza atractiva que va ganando terreno en los sectores más movilizados: El Proceso Constituyente.
Por qué, para qué y cómo un Proceso Constituyente
No es difícil estar de acuerdo con las razones de la convocatoria para un Proceso Constituyente en Catalunya de Arcadi Oliveres y Teresa Forcades, de allí, también, que el manifiesto no deja de ser una declaración de intenciones; seguramente tampoco pretendían otra las personas que lo han impulsado aparte de remecer un poco el ambiente, a menudo, disperso de la resistencia callejera. En efecto, aunque en la convocatoria se explique el porqué (“el actual modelo económico, institucional y de ordenamiento político ha fracasado”) y el para qué (“construir un modelo social, económico y político igualitario y participativo”) no se explica el Cómo.
Si bien se podría decir que los medios se construirán en el “proceso de reflexión y confluencia amplia” que se lleve a cabo, crear una candidatura (que no partido político) para presentarse a las próximas elecciones al Parlament de Catalunya requiere tener algo más que un consenso de diez o 20 medidas, requiere una estrategia política de articulación clara y definida entre partidos políticos, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos y ciudadanas; además de confeccionar una guía de ruta para el caso de que se logre o no los objetivos impuestos; ni que decir en el caso de obtener una mayoría absoluta.
Como dice Roberto Viciano, catedrático de derecho constitucional y asesor de los procesos constituyentes en América Latina, el no tener una formulación constituyente explícita y pormenorizada, avalada por una mayoría social, podría dar pie al oportunismo político de deformar la propuesta hasta dejarla irreconocible.
De todas maneras, todo es muy incipiente todavía. Lo que sí está claro es que una iniciativa de este calibre, si en su trabajo diario es capaz de generar la confianza suficiente, puede generar muchas sinergias positivas para emprender masivamente un camino hacia la salida de la crisis sistémica y crear las condiciones de nuevas formas sociales de producción. Por lo mismo, aunque el manifiesto de Oliveres y Forcades tenga como referencia el marco territorial de Catalunya, el potencial transformador de un Proceso Constituyente desde abajo podría extenderse hasta el conjunto del Estado español para solidarizarse con las personas trabajadoras que están en lucha y amplificar así el llamado a la unión de las mismas. Bajo este criterio quisiera expresar lo que debería y no debería ser un Proceso Constituyente entendiendo que es una iniciativa que tiene mucho por recorrer.
Lo que no debería ser un Proceso Constituyente
No debería ser un proyecto electoralista, (de momento parece no serlo). Esto no significa que, descartada la clásica toma del poder por vía revolucionaria, nos dediquemos a tareas parlamentaristas para desde allí cambiar las cosas. Quiere decir que obtener el gobierno no debería ser su objetivo final, sino un medio más para realizar el proyecto emancipador elaborado desde abajo. No debería ser un proyecto “gatopardista”, en el sentido que si bien sea capaz de llevar a cabo reformas profundas (auditoría de la deuda e impago de la deuda ilegítima), se duerma en los laureles, como pasó con el gobierno Kirchner en Argentina o el de Lula en Brasil (combate contra la pobreza).
Tampoco un Proceso Constituyente debe venderse como la panacea a todos los males, las soluciones vendrán del poder popular y su capacidad de resistencia y creación. No debería ser un proyecto vehiculado por los partidos políticos, esto es, aunque sean partícipes del proceso no deberían tener más poder de decisión que cualquier otro colectivo participante dentro del conglomerado de fuerzas populares constituyentes. Por último, no debería ser un proyecto cerrado para el futuro, esto es, que deje abierta la puerta para que las generaciones próximas puedan seguir trabajándolo a partir de sus propias experiencias, necesidades y condiciones históricas (todo lo contrario de la actual constitución española).
Lo que debería ser un Proceso Constituyente
Si no es un proyecto electoralista, ¿cómo no caer en su lógica una vez dentro del sistema?. Esto dependerá, como dijimos más arriba, de la capacidad de articulación de las diferentes organizaciones de la sociedad, desde partidos y organizaciones políticas hasta asambleas vecinales y movimientos sociales en general; de su constitución como protagonistas del poder constituyente sin caer en liderazgos mesiánicos o espectaculares (tipo Beppe Grillo). También, dependerá de la transparencia sin ambigüedades que pueda ofrecer tanto a sus participantes como a las personas que no lo son (democracia radical).
Debería ser un proyecto con capacidad de hacer frente a las oligarquías financieras-empresariales estatales y internacionales, lo que significará el apoyo activo contra los recortes de derechos sociales que es donde más se forja la conciencia colectiva. Debería producir fórmulas de convivencias territoriales que respeten el derecho a la autodeterminación de las naciones sin estado. Debería constituir una plataforma que ponga en el centro de su gestión la transformación del actual estado de cosas en lo político, económico, ecológico y cultural produciendo y divulgando en la práctica sus alternativas, generando cultura participativa y anti-represiva a diferentes niveles (municipal, confederal, etc.) dispuestas a actuar de forma unitaria. Por último, debería ser un proyecto en el que cada una de las entidades participantes pueda preservar su autonomía si así lo desea.
En fin, el debate está abierto.
Franco Casanga es miembro de En lluita.

Fuente: En Lucha
Enlace: http://enlucha.org/site/?q=node/18806