lunes, 11 de marzo de 2013

Reforma energética: quebrar las bases constitucionales

Dice el cuarto párrafo del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental […] los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos”; el sexto párrafo señala: “[…] tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.
Es tan claro y contundente este mandato de la Constitución, como es ilegal y francamente anticonstitucional la anunciada reforma “estructural” energética propuesta por el Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática. Pretenden culminar la obra privatizadora neoliberal para terminar de entregar lo que queda de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al capital privado. Han venido entregando los energéticos a capitales extranjeros, primero mediante los contratos de servicios múltiples, y luego con los contratos incentivados, y ahora con la exploración y explotación en la Cuenca de Burgos (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila) y las 607 mil hectáreas del yacimiento llamado Hoyo de Dona (en las aguas del Golfo de México); lo mismo ocurre con los pozos maduros en Chicontepec (Veracruz), entre muchos otros contratos y concesiones, todos nulos de pleno derecho, absolutamente anticonstitucionales.
En materia de electricidad, la privatización ha ocurrido a través de los denominados productores independientes de energía eléctrica. El capital privado produce más del 60 por ciento de la electricidad que vende la CFE, no obstante la prohibición expresa de la Constitución para la participación de los particulares en esas actividades exclusivas, por ser estratégicas, de la nación.
Existe un plan maestro que sistematiza este saqueo: el Consenso de Washington de 1989. Éste inició con la consigna del “adelgazamiento del Estado” en México y América Latina, para reducirlo a su mínima expresión como administrador, con las recetas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, para obligarlos a privatizar todas las empresas estatales, paraestatales y de participación estatal (mayoritaria y minoritaria). En el caso particular de México encontramos: Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, Ferrocarriles Nacionales de México, los aeropuertos, los puertos, las carreteras, la entonces Compañía Nacional de Subsistencias Populares, los bancos, el sector de seguridad social, aduanas, las pensiones de los trabajadores, la jubilación, las guarderías… Incluso se llegó al extremo de permitir la “autorregulación bancaria”, con la que los dueños de los bancos dictan sus propias normas reguladoras de la actividad de crédito. Desde entonces, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) abandonó la filosofía del “nacionalismo revolucionario” para abrazar la del neoliberalismo, un cambio de paradigma radical expresado nítidamente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los gobiernos panistas, por su parte, continuaron el desmantelamiento de la propiedad pública. Hoy, el PRI simplemente recupera la conducción de ese proceso desnacionalizador, bajo la égida del “libre mercado”, es decir, de los dueños del dinero que sabemos no tienen nacionalidad.
El Estado siempre había sido representante político de los dueños del dinero, pero ahora esos mismos mandones se han apoderado de los aparatos de poder del Estado. Los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) están copados por empresarios y sus personeros: ocurrió entonces una simbiosis entre el interés político y el interés económico y el Estado abdicó de sus funciones estratégicas al asumir el papel de represor de la movilización y la protesta social, además de que se presenta como legitimador del despojo sistematizado del que México ha sido objeto.
En teoría, aun dentro de los estrechos márgenes del liberalismo clásico, el elemento “poder” –o gobierno– del Estado se encuentra acotado; es decir, el “poder” del Estado no es absoluto: cualquier funcionario únicamente puede hacer aquello que la ley expresamente le autoriza. En México, el límite del poder del Estado está representado por la esfera de derechos subjetivos de los habitantes del territorio nacional llamados ahora derechos humanos o garantías individuales, contenidos en la parte “dogmática” de la Constitución (Artículos del 1 al 29), que por su rango constitucional establecen la “ley suprema de toda la Unión” (Artículo 133). Es decir que todo el ordenamiento jurídico del país debe encontrarse subordinado a su mandato y observancia irrestricta, sin embargo y no obstante que en un verdadero estado de derecho ninguna norma legal que vulnere la letra o el espíritu de una norma constitucional tiene posibilidad de existir y resulta nula de pleno derecho.
Nos encontramos frente a una política de hechos consumados. El gobierno, en su afán de entregar la riqueza nacional al capital privado (nacional o extranjero), no ha dudado en quebrantar las bases constitucionales que nos dan identidad como país. La política energética que viene impulsando el PRI corresponde a los dictados de los organismos financieros internacionales y es notoriamente ruinosa para la economía nacional. La entrega de la riqueza nacional a los particulares –como lo vienen haciendo– constituye una condena a la miseria del pueblo, pero también una traición a la patria. Que la nación se los demande.
*Jurista integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas y de la Liga de Abogados 1 de Diciembre; catedrático de historia y de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México
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Fuente: Contralínea 325 / marzo 2013

¿Estricto apego a derecho o grotesco espectáculo?

En determinadas circunstancias, los gobernantes aparecen como un Jano incómodo ante el espejo de la realidad. Se encuentran atrapados en un presente enrarecido por las emanaciones malolientes que se desprenden de un pasado turbio, corrompido, y cuyas sombras tenebrosas se proyectan hacia el futuro, y lo tornan incierto, conflictivo. Es en esos momentos azarosos cuando se pone a prueba su capacidad de liderazgo y queda de manifiesto la clase de madera en que están tallados los dirigentes. Cada decisión que asuman para tratar de enfrentar y resolver los problemas nacionales, el modo en que lo hagan, los símbolos (mensajes) que emitan determinan y orientan el rumbo de las políticas públicas y condicionan sus relaciones y equilibrios con los otros poderes del Estado, los actores políticos y la sociedad. Se supone que un jefe de gobierno democrático ejercerá su liderazgo y el poder que le fue delegado por los ciudadanos y del cual goza cierta autonomía, amparada institucional y constitucionalmente, con justicia, en función del bien colectivo, ceñido al imperio de la legalidad. Un déspota actuará arbitrariamente.
Para alguien urgido por legitimarse, como es el caso de Enrique Peña Nieto, el cementerio clandestino en que convirtió al país Felipe Calderón y la pandilla que lo secundó en su guerra de exterminio social, con sus miles de asesinados a sangre fría y de desaparecidos, así como la rapiña a la que sometieron las finanzas públicas y las riquezas de la nación durante 6 años, le ofrecen oportunidades inmensurables para limpiar su imagen –ensuciada por él mismo– y engrandecer su liliputiense estatura política ante la población. No requiere de esfuerzos titánicos.
Sólo basta que abandone el sesgo cognitivo que se impuso, a efecto de distorsionar intencionadamente su percepción de la realidad, hecho que le ha llevado a asumir juicios políticos desacertados, interpretaciones ridículas y acciones patéticas; y que se anime a recuperar el mohoso estado de derecho del desván en el cual se encuentra arrumbado y empolvado, desde hace décadas, y aplique la ley a secas, aunque no sea tan rigurosa ni imparcial, pero tampoco la del embudo, con el objeto de higienizar un poco al sistema. Una decisión de esa naturaleza está más que justificada ante las cloacas desbordadas de la corrupción calderonista. El obsceno espectáculo de la piara-elite política-económica chapoteando en el detritus de su pocilga y envuelta en su propia hediondez es francamente desvergonzado. A la expresión aristotélica zóon politikon (animal político) le mutilaron el politikon. Ya sabemos que no les incomoda, porque como dijo el emperador romano Vespasiano: “pecunia non olet” (el dinero no huele). Ella maximiza las ganancias en un régimen autoritario-neoliberal, donde la política “democrática” oficial tiene más que ver con la andadura mafiosa de Francis Ford Coppola, Vito Corleone y El padrino, que con El espíritu de las leyes, del barón de Montesquieu. También sabemos que la corrupción no es una anomalía. Es el lubricante que necesita el sistema para funcionar. No es fácil encontrar a alguien libre de pecado, dispuesto a “arrojar la primera piedra”, pues todos tienen qué perder. Es un ave raris el político que vive de la política, dispuesto a patear el tablero sobre el que se sostiene su modus vivendi. No es común que se quiebre la norma mafiosa: la impunidad. Pero de vez en cuando no es mala idea violentar las reglas del cártel para atemperar los ímpetus absolutistas del himeneo corrupción-política, a favor de la salud de la Sodoma mexicana. Al cabo, las lealtades mercantilizadas son frágiles. Los priístas lo saben hasta la náusea. No pasará de las mojigatas rasgaduras de ropas conocidas, del fingido escándalo, el aislamiento del ángel caído en desgracia, como medida de control de daño. Luego las turbias aguas retomarán su sosegado cauce y regresará la rapiña y el vodevil del engaño en el que conviven embusteros y mentidos que no logran asumir su papel de ciudadanos. El fuego de la ira es breve.
El “estricto apego a derecho”, como dijo Enrique Peña Nieto para justificar la detención de Elba Esther Gordillo, le redituará más beneficios legitimadores al priísta que la caridad asistencialista –al estilo de los monederos electrónicos Monex– a la malagradecida prole, o el deambular como un lunático profeta prometiendo paraísos que sabe que son mentiras nada piadosas. Sobre todo cuando ya arrojó a los asalariados a la máquina picadora de carne llamada “flexibilidad laboral”, y les prepara más puñaladas traperas: más alza de precios a los energéticos, un impuesto al valor agregado más alto para saquearles aún más sus enflaquecidos bolsillos o la apertura del sector energético, entre otros, para que los hombres de presa los depreden con mayor bestialidad legalizada. Cuando con la nueva Ley de Amparo dispone de la coartada jurídica para tratar de anular y, en su caso, reprimir arteramente a quienes se opongan a su voluntad de “concesionar” al pillaje empresarial los recursos de la nación que se le ocurran o se le soliciten, bajo la razón de “interés social”.
A falta de pan, sobran flemáticas cabezas políticas y oligarquías susceptibles de ser arrojadas al circo romano para narcotizar los estómagos hambrientos de la prole y simular que se actúa con justicia. La tradición de los señores de horca y cuchillo del Partido Nacional Revolucionario-Partido de la Revolución Mexicana-Partido Revolucionario Institucional (PRI) testimonia que son versados en disponer del derecho de vida y muerte sobre sus vasallos. Nunca han dudado en ejercer ese pequeño lujo, aunque el “moderno PRI” prefirió inmolar a los súbditos a los que les otorgaba mezquinas y artificiales cuotas de poder, los controlaba con el presupuesto o puestos públicos, les toleraba y fomentaba su corrupción y sus crímenes, les concedía la patente de corso de la impunidad. Por ajuste mafioso de cuentas o por deslealtad arrojó a algunos títeres a los leones: Jorge Díaz Serrano, Arturo Durazo, José Antonio Zorrilla, Carlos Jonguitud o Joaquín Hernández Galicia. Ningún titiritero.
Enrique Peña optó por la cacería en la ladera del sistema, por el grotesco expediente del quinazo salinista, por el espectáculo mediático de cortarle ridículamente la cabeza a un alma muerta, sin preocuparse hasta el momento de los Chíchikov que compran dichas almas… Por ejemplo Felipe Calderón, Ernesto Cordero o Javier Lozano que la apapacharon, se divirtieron juntos y no vieron nada corrupto, o Carlos Salinas que la encumbró, Humberto Moreira o Manlio Fabio Beltrones (¿quién no recuerda la foto del 16 de julio de 2003 donde le levanta la mano a la entonces triunfadora Elba Esther Gordillo?). Sin duda, la medida provocará reacomodo de fuerzas, de lealtades y traiciones –como ya Jorge Castañeda (¿también Emilio Zebadúa?), que comió de la mano de Elba Esther– que beneficien a Peña Nieto. Es un mensaje contundente, pero amenazador.
Por desgracia, los fuegos de artificio son efímeros y sólo provocan el recelo social. Sólo queda la legítima suspicacia: que la detención de Elba Esther nada tiene que ver con el oropel de la justicia y el combate de la impunidad. Simplemente fue una operación turbia, el uso faccioso del poder, un ajuste de cuentas del crimen organizado de Los Pinos, del cual participaron individuos como Claudio X González, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas y sus gacetilleros a sueldo (como Carlos Loret de Mola) que ayudaron a fabricar el lavado social de cerebros para el linchamiento.
Es obvio que Elba Esther es indefendible. ¿Pero acaso aquéllos son almas puras, comparadas a la Gordillo? ¿Son diferentes a la de los capos “obreros” priístas legisladores, como Isaías González (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos), Armando Neyra (Confederación de Trabajadores de México), Joel Ayala (Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado) y Carlos Romero Deschamps (Petróleos Mexicanos)? De los dos últimos, Emilio Gamboa dijo: “Yo estoy seguro que no tienen nada que temer”. Esto por citar a algunos. ¿Son diferentes Miguel Ángel Osorio Chong o Emilio Chuayffet?
Para justificar su medida, Enrique Peña, en risible cadena nacional, se llenó la boca con palabras como “ley”, “legalidad”, “estado de derecho”.
Sin embargo, en la lista de los presuntos forajidos se ubican otros antes que Elba Esther, cuyas tropelías, comparadas a las monumentales de aquéllos, son “modestas travesuras”. Según la Auditoría Superior de la Federación, el uso sexenal del presupuesto y los recursos públicos con Felipe Calderón fue una verdadera orgía de anomalías: corrupción institucional, desfalco, opacidad, dispendio, frivolidad, tráfico de influencias, asignaciones sucias de obras públicas directas concedidas a empresarios programados para saquear el presupuesto con la manipulación de costos y la inflación de materiales de pésima calidad, la sobrefacturación, los retrasos en la entrega, trabajos de dudoso destino, cobro de “diezmos” (o más) para concederlos, complicidad, manejo delincuencial de la contabilidad y el dinero para ocultar la letrina y utilizar los recursos para fines oscuros o la turbia devolución de impuestos –impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a los depósitos en efectivo, impuesto empresarial a tasa única y derecho de trámite aduanero; 20 grandes contribuyentes fueron beneficiados con la devolución de 283 mil millones de pesos–. En 2010 y 2011 sumaron 233.3 mil millones y 284.9 mil millones, el 13 por ciento de la recaudación promedio anual total. El manejo sucio del presupuesto en los estados elevó su deuda pública a 434 mil millones. Según la legisladora Dolores Padierna, de cada peso que se recauda, 21 centavos se devuelven.
Ahora se instrumenta una “condonación” a los que emplean los créditos fiscales que en 2012 ascendieron a 668 mil millones de pesos, 61 por ciento están en litigio y la posibilidad de recuperación es de 45 por ciento. Con la rebaja que se aplicará se perderán alrededor de 410 mil millones de pesos, según Padierna.
El manejo defectuoso y mafioso de los ingresos y el gasto estatales dejan malparada la pretensión peñista de elevar el IVA y justificar las reprivatizaciones, como la de Petróleos Mexicanos (Pemex). El problema no es la falta de recursos, sino cómo opera deficiente y delincuencialmente la hacienda pública, cuyos responsables no ven o hacen que desconocen.
La lista de los que pueden acompañar en sus cuitas a Elba Esther Gordillo es copiosa. Todos, o casi todos, son cómplices: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los gobernadores, los munícipes.
Si Enrique Peña habla de estado de derecho, puede empezar con Felipe Calderón, el máximo responsable como jefe de gobierno. De paso, puede seguir con Guillermo Galván, Mariano Francisco Saynez, Genaro García Luna, Marisela Morales o Arturo Chávez Chávez, como presuntos corresponsables de los miles de inocentes asesinados, torturados, vejados o desaparecidos con la guerra de exterminio social.
Después se puede seguir con Agustín Carstens, Ernesto Cordero y José Antonio Meade, los cancerberos del dinero que no vieron nada de la corrupción. Luego, con Jordy Herrera, Germán Martínez, Salvador Vega y Rafael Morgan Ríos, los cancerberos de la Función Pública; con Georgina Kessel, Juan José Suárez Coppel o Jaime González, que tampoco vieron el cochinero en el sector energético, en Pemex o la Comisión Federal de Electricidad. ¿Le gusta Javier Lozano para la materia de genocidio laboral? De los exgobernadores, ¿quién le gusta, de heráldico título priísta o panista: Humberto Moreira, Andrés Granier, Mario Marín, Eduardo Bours, Emilio González, Ivonne Aracelly Ortega?
Los empresarios que participaron en el banquete también tienen sus nombres: ¿le gustan (los presuntos) Juan Diego Gutiérrez Cortina –del monumental fraude llamado Estela de Luz –, Claudio X González, Azcárraga Jean, Salinas Pliego?
El rabo de esos y otros personajes es dinosáurico, comparado al de rata de Elba Esther Gordillo.
El problema es que se colapsaría la elite política y oligárquica. Pero con algunos de ésos a los que Enrique Peña les aplique la “ley”, la “legalidad”, el “estado de derecho” se ganaría lo que puede arrancarle a la prole en buena lid: su legitimidad ilegal. Hasta su nombre pasaría a la posteridad. Aunque su proyecto neoliberal sea una calamidad para las mayorías. El rencor llegaría posteriormente a sus 5 minutos de gloria.
Lo demás es simple simulación. Y complicidad con los saqueadores del erario y de las riquezas nacionales.
*Economista
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De El Siglo de Torreón al Senado de la República

Han sido, sí, liberados los cinco trabajadores del periódico El Siglo de Torreón, editado en una Coahuila acosada por sangre, fuego, secuestros, desaparecidos y creciente feminicidio. Y todo eso en el marco de los Moreira y sus cómplices los Marcos Villarreal (con sus tíos y el papá, diputado federal) que han hecho de la entidad un botín para los políticos en calidad de funcionarios y la delincuencia, sobre todo la del narcotráfico. En ese contexto es que los coahuilenses son víctimas de la aterradora inseguridad y violencia que azota a casi los 31 estados del federalismo.

Un federalismo que para colmo está cada día más desdibujado por las medidas desesperadas de centralizarlo todo y que ha puesto en riesgo al Estado federal ante el resucitado Estado unitario que impulsan los gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y el mismo Enrique Peña Nieto desde Palacio Nacional, quien no practica la unión sino la unidad que lleva visos de un autoritarismo con guantes de seda, como ha dicho Emilio Chuayffet desde que fue secretario efímero de Gobernación con Ernesto Zedillo y cuando pretendió la postulación presidencial… Ahorcar con guantes de seda como principio político y soga que quiere ponerle al cuello a Elba Esther Gordillo, quien con su doble cara ha declarado: “soy amiga y estoy con el presidente Peña, pero ni muerta aceptaré la reforma constitucional sobre medios y fines de la educación primaria y secundaria”.
La más reciente agresión contra El Siglo de Torreón no es un hecho aislado. Ya van más de nueve, para tratar de amedrentar a sus integrantes e impedir que el diario publique información y críticas a la violencia sangrienta que aumenta por las condiciones impuestas por los Moreira, los narcotraficantes y todas las demás modalidades de la delincuencia. No, cierto, Coahuila no es el único caso. Por todo el país, los estados están desgobernados por funcionarios corruptos y narcos. Y en todos ellos el periodismo es una de sus víctimas, junto con la sociedad, en medio de la paralización de las instituciones, ya que las funciones judiciales, legislativas y ejecutivas se han corrompido totalmente.
Y otra vez el mismo bolero de la misma Comisión (¿y la de Gobernación?), pero ahora como aborto en el seno del Senado de la exrepública, dizque para dar seguimiento (¿y quién va a ejecutar?) a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, supuestamente para federalizar los delitos contra los trabajadores de la prensa escrita, oral y audiovisual, que deberá incluir el internet y cualquier medio de expresión para el ejercicio de las libertades de opinión y crítica contra los políticos, los funcionarios, los empresarios y todos los actores de la vida pública que abusan, y que ante sus impunidades solamente quedan las libertades de prensa ejercidas por reporteros, caricaturistas, columnistas y todos los que colaboran en los medios, que son víctimas de secuestros, asesinatos, desapariciones y amenazas por cumplir con su deber constitucional.
Las notas de Juan Arvizu y, al alimón, de Andrea Becerril y Víctor Ballinas (El Universal y La Jornada, 8 de febrero de 2013), con fotografía del reportero gráfico Miguel Espinosa que nos muestra el letrero a las espaldas de los que asistieron contra los colores de la bandera que decía “Instalación de la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación”, nos pusieron al tanto de la enésima reunión para más de lo mismo: promesas, promesas, promesas. Discursos y más discursos y, entre ellos, algunos enemigos de las libertades de prensa, como Emilio Gamboa Patrón y, tras bambalinas, el director de Comunicación del Senado, Carlos Olmos Tomasini.
Nada nuevo hay bajo el sol, ya que la violencia arrasa lo mismo con periodistas que con los demás mexicanos. Y como los muertos ya no son 1 mil, sino 999, el peñismo canta victoria en su informe sobre los saldos de la guerra peñista. Cuentas alegres. Y la creación de otra comisión para lo mismo: hacer nada, absolutamente nada. Jacobo Zabludovsky y Emilio Gamboa Patrón andan en la misma sintonía: cantan loas a la “histórica” comisión para la arqueología. Y mientras el periódico El Siglo de Torreón sufría un ataque más, pomposamente se instalaba la Comisión, y sus integrantes ¡le darán seguimiento!
*Periodista
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Fuente: Contralínea 325 / marzo 2013

domingo, 10 de marzo de 2013

Jurado Nacional de Elecciones aclara que respetó acuerdos para exposición de motivos


El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respetó los acuerdos tomados por las dos partes que intervienen en la consulta de revocatoria en relación a la denominada “Exposición de motivos”, que se realizó hoy domingo en su sede institucional del distrito de Jesús María.
En el acta suscrita el 4 de marzo por ambas partes y que fue ratificada esta mañana por el promotor de la consulta, Carlos Vidal Vidal, se precisa que los participantes en la exposición serían Carmen Patricia Juárez Gallegos, Miguel Ángel Saldaña Reátegui y Luis Alberto Tudela Varela.
Además, se definió que la jornada tendría seis bloques y se precisó quiénes iban a exponer en cada uno de ellos.
Así, en el primer y segundo módulo Juárez Gallegos iba a confrontarse con Eduardo Zegarra Méndez y Marisa Glave Remy, respectivamente, lo que efectivamente ocurrió.
En el tercer y cuarto bloque estaba prevista la participación de Saldaña Reátegui, mientras que en el quinto la de Tudela Varela. Sin embargo, ambos no concurrieron a la cita.
Al iniciarse el tercer módulo, los representantes del comité revocador plantearon que Juárez Gallegos reemplace a Saldaña Reátegui, intención que fue rechazada por la otra parte. En esta circunstancia, el JNE pidió que se respete el acta, ante lo cual los miembros del comité revocador optaron por retirarse.
Superado el impasse se continuó con la exposición en estricto cumplimiento del acta firmada el 4 de marzo y ratificada la mañana de hoy por el promotor Vidal Vidal.

Vía +Lamula Pe 

Pablo Secada ganó el 3° bloque del debate sobre la revocatoria por argumentos y W.O.


Esta noche se desarrolló la exposición de ideas sobre la revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a los demás miembros del Concejo Metropolitano.
En el tercer bloque se respondió a la pregunta: ¿Debe debe dejar el cargo de regidor por el Partido Popular Cristiano? Miguel Ángel Saldaña, ex alcalde de Comas, debió argumentar por el Sí; mientras que el regidor Pablo Secada (PPC) lo hizo por el No.
Sin embargo, lamentablemente se tuvieron que esperar 3 minutos en silencio porque Saldaña, quien debía argumentar por el Sí, no asistió.
Al inicio de este bloque, Pablo Secada ironizó sobre la ausencia de su adversario. “Hoy día debato con el hombre invisible y mudo”, manifestó.
Acto seguido, destacó que los regidores del PPC han fiscalizado constantemente a la actual gestión de Susana Villarán.
De otro lado, Secada cuestionó que el principal promotor de esta consulta popular, Marco Tulio Gutiérrez, “ha hecho un negocio con la revocación. Asimismo, advirtió que los vecinos de la capital tendrán que financiar, con sus impuestos, las próximas elecciones. “Pagaremos con nuestros impuestos la campaña por el Sí”, declaró.
En otro momento, y en alusión al exalcalde de Lima, Luis Castañeda, Secada dijo que uno de los “paraguas” de los promotores del Sí es querer “regresar a Lima para medrar y evitar tomar decisiones que no les convienen”.
Reforzó su argumento recordando que en la anterior gestión edil, de Luis Castañeda, no se emprendió la reforma del trasporte ni se trasladó a los comerciantes de La Parada hacia el nuevo Mercado Mayorista de Lima, ubicado en Santa Anita.
Mención especial hizo Secada a los túneles de Santa Rosa y San Martín, obra iniciada por Castañeda para unir el Rímac con San Juan de Lurigancho, y que se hizo con una separación de apenas 7.20 metros y no 16, para evitar el costo político de expropiar los terrenos aledaños.
Subrayó que, ya en la gestión de Villarán, los túneles se están tardando en reconstruir porque “se están haciendo bien” y encofrarlos por completo, con una inversión de 70 millones de soles, a efectos de evitar que se vuelvan a derrumbar por haber estado mal edificados.
“Sobre los túneles se dice ‘La gestión de Lima cerró el túnel’, pero ¿Quién cerraría un túnel? El túnel se cayó y ahora se está haciendo bien para que no se vuelva a caer cuando pasen por ahí los carros. A Dios gracias se cayó cuando no había nadie adentro”, expresó el concejal de Lima.
Secada recalcó también que en la actual gestión municipal hay caras nuevas y figuras políticas “que se la han jugado por el país y por la ciudad”, además de gente que tiene las manos limpias y una probada voluntad de servicio a favor de la capital
En conclusión, el tercer bloque del debate sobre la revocatoria lo ganó Pablo Secada por argumentos y W.O.

Vía +Lamula Pe 

La experiencia política africana de Barack Obama

En ocasión de la elección del presidente Kenyatta, ofrecemos a nuestros lectores un artículo de Thierry Meyssan, ya publicado hace 5 años en varias revistas de ciencias políticas de Rusia e Italia, sobre el papel del senador Obama en África. Es un estudio que resulta esencial para entender la manipulación estadounidense de la elección kenyana de 2006 y el significado que tiene para Washington la actual derrota de Odinga.
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En 2006, el senador Barack Obama se inmiscuye en la campaña previa a la elección presidencial en Kenia. La imagen lo muestra en un mitin electoral, junto a su supuesto primo Odinga.
En agosto de 2006, la prensa estadounidense daba una cobertura excepcional a la gira africana de un senador de los Estados Unidos. el hecho hubiese podido pasar inadvertido pero contenía todos los ingredientes de una «good story», de las que tanto gustan a la prensa anglosajona. El joven senador, estrella en ascenso después de haber pronunciado un discurso en la Convención demócrata de 2004, es un brillante abogado graduado de Harvard. Es negro, pero no afroamericano, o sea descendiente de esclavos, sino inmigrante kenyano de segunda generación. Ha emprendido su viaje para visitar una serie de obras sociales (lucha contra el sida e iniciativas de microcrédito) y volver a la vez sobre las huellas de sus antepasados.
Usted debe estar pensando que la cosa no es para tanto, que es cuando más una buena oportunidad de celebrar las relaciones entre Estados Unidos y África sin proyectar una imagen condescendiente. Hay, sin embargo, dos razones de peso para recordar aquel hecho: en primer lugar, aquel joven senador ha sido electo presidente de los Estados Unidos, sólo 2 años más tarde. Pero lo más importante es que aquel viaje parlamentario resultó ser la cobertura para la realización de una operación de desestabilización contra Kenya. Ello implica que podemos aprender mucho del estudio de aquel episodio

La cobertura

Oficialmente, el senador Obama es enviado en misión por la Comisión de Relaciones Exteriores, de la cual es miembro. Por lo tanto, todos sus gastos, y los del equipo que lo acompaña, van a la cuenta del Congreso de los Estados Unidos. Acompañan al joven político su esposa, sus dos hijas, su encargado de prensa Robert Gibbs y un consejero político, Mark Lippert. El joven senador tiene a su disposición un avión especial para viajar al continente negro y atravesarlo.
Según el reglamento del Congreso estadounidense, el buró de cada Comisión puede asignar misiones a sus miembros. En ese caso, se forman delegaciones conjuntas integradas por varios senadores (la mitad demócratas y la otra mitad republicanos). Los miembros de la delegación viajan generalmente juntos, aunque a veces se separan, lo cual implica el riesgo de dar a conocer en el extranjero las divergencias existentes en Estados Unidos. Pero en el caso que nos ocupa, no hubo ningún representante de los republicanos. La misión estaba únicamente en manos del demócrata Obama, quien ni siquiera rindió cuentas después a sus pares del Senado.
Sucede a veces, sin embargo, que los servicios de inteligencia recurran a la ayuda de un senador para realizar una misión en el exterior. En ese caso, el Congreso a menudo acepta proporcionar una cobertura y organiza entonces un viaje parlamentario. A veces, los elegidos del pueblo no aprecian el papel que se les pide desempeñar, sobre todo cuando se imaginan que uno de sus pares pares está demasiado vinculado a la CIA. Cuando eso sucede, un compromiso a medias da como resultado el envío de un senador no acompañado de ningún homólogo del partido rival. Así sucedió con la gira africana del senador Obama.
Ya garantizada la cobertura, los servicios de inteligencia desplegaron un segundo equipo en función de la operación. Con una discreción comparable a la de un elefante en una cristalería, detrás del avión senatorial llegaba otro avión especial, fletado por el ejército de los Estados Unidos. A bordo de este segundo avión viajaba todo un equipo especializado en «revoluciones de colores» y bajo las órdenes del general retirado J. Scott Gration, un buen conocedor de África. Sus padres, misionarios protestantes, lo educaron en el Congo, donde aprendió swahili (el idioma nacional de Kenya, Tanzania y el Congo). Lo más importante es que J. Scott Gration fue director de planificación del US European Command en 2004-2005, o sea precisamente durante la gestación del Africa Command.
El convoy aéreo debía llegar a través de Sudáfrica, pasar por la República Democrática del Congo (RDC), Kenya y Chad. Pero hubo que modificar el programa debido a la existencia de desórdenes en el Congo. Lástima porque, precisamente antes de su partida, el senador Obama había presentado una enmienda al presupuesto que asignaba una subvención de 52 millones de dólares a la RDC.

El sida en Sudáfrica

El senador Obama llega a Sudáfrica, con su comitiva oficial y su comitiva oficiosa, el 21 de agosto de 2006. Visita la Treatment Action Campaign, asociación de lucha contra el sida subvencionada por la CDC (la agencia federal estadounidense de salud pública), conocida por polémica que mantiene con el gobierno. En Sudáfrica, Obama se hace eco de las declaraciones incendiarias que había hecho días antes, en Ottawa, el embajador Stephen Lewis, enviado especial del secretario general de la ONU para la lucha contra el sida en África (suegro de la periodista Naomi Klein). Denuncia las teorías «conspiracionistas» del presidente Thabo Mbeki, quien estima que el sida fue creado en los laboratorios estadounidenses de guerra bacteriológica. Obama deplora además los tratamientos tradicionales que favorece la ministra sudafricana de Salud, Manto Tshabalala-Msimang. Pedagogo, Obama explica que él no escoge los remedios de los blancos yendo en contra de los de los negros sino que la ciencia ha demostrado la utilidad de los tratamientos con antirretrovirales.
Como buen comunicador, el senador Obama se presenta como un hombre moderno y racional ante una ministra de Salud oscurantista que quiere curar el sida utilizando remolacha, ajo y limón. En realidad, el asunto es un poco más complicado. La señora Tshabalala-Msimang es médico, especialista en obstetricia y ginecología, y nunca dijo que se podía curar el sida con la medicina tradicional sino que, a causa de los precios prohibitivos que aplican los laboratorios occidentales, los sudafricanos tenían que aprender a enfrentar el sida de otra manera, en espera de los costosos productos antirretrovirales. Luego de fracasar en sus esfuerzos por lograr que la Organización Mundial del Comercio (OMC) modificara las reglas de la propiedad intelectual sobre los medicamentos, Sudáfrica trató de desarrollar la medicina tradicional. Es en esa coyuntura que la ministra propuso tratamientos nutricionales, para reforzar el sistema inmunitario. Lo cual es, por supuesto, menos eficaz pero tiene el mérito de estar al alcance de todos. La proposición de la ministra sudafricana se basa además en la opinión de un grupo de consejeros científicos, que incluía al profesor francés Luc Montagnier, laureado con el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre el sida.
En todo caso, el verdadero tema del debate sudafricano era el acceso de los países pobres a los productos médicos. Al no tener respuesta para esa cuestión, Barack Obama la transformó en una lucha entre la ciencia y brujería. Al desviar el debate de la cuestión fundamental, Obama no favoreció la salud de los africanos sino los intereses de la transnacionales de la industria farmacéutica.
Mientras la encolerizada prensa sudafricana comenta sus declaraciones, el senador Obama se reúne con los residentes estadounidenses en un cocktail party organizado en la embajada. Posteriormente reduce la tensión visitando el museo de Soweto y abrazando al Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu.

La revolución de color en Kenya

Los aviones especiales llevan al senador y sus dos comitivas a Kenya, país de origen de los Obama. Allí gobierna, desde 2003, el presidente Mwai Kibaki, hombre brillante, algo diletante, a menudo autócrata. Kibaki proviene de la minoría kikuyu, el grupo étnico más importante del país (22% de la población). Fue electo para luchar contra la corrupción pero no ha hecho gran cosa al respecto. En cambio, ha obtenido resultados económicos notables: el crecimiento anual ha pasado del 3,9% al 7,1% del PIB y la pobreza absoluta ha retrocedido del 56% al 46%. La razón es que Kibaki ha encontrado un nuevo socio para el desarrollo: China. Realizó, en 2005, una visita de Estado en Pekín y Shanghai y recibió, en abril de 2006, al presidente Hu Jintao en Nairobi. Kenya compra a China bienes de consumo (sobre todo artículos electrodomésticos) y equipamiento público (principalmente carreteras) a cambio de materias primas (metales recuperados, en primer lugar).
Londres y Washington, que no soportan esa intrusión china en la zona de influencia anglosajona, descubren entonces lo mucho que les agrada la oposición kenyana.
A la cabeza de dicha oposición se halla Raila Odinga, un oportunista que ya ha cambiado varias veces de partido, siempre en función de sus intereses personales. Pero Raila Odinga tiene la importante ventaja de ser hijo de Jaramogi Oginga Odinga, el líder histórico de la izquierda (quien tenía como consejero al padre de Barack Obama), y en ausencia de un sucesor para el líder pro-estadounidense Tom Mboya, es el jefe natural de los luos (que son sólo un 13% de la población pero constituyen una élite). Durante la campaña de 2002, Odinga apoyó a Mwai Kibaki e incluso lo reemplazó en varios mítines cuando Kibaki tuvo que ser hospitalizado en Londres, a causa de un accidente. Pero se pasó a la oposición cuando Kibaki se negó a nombrarlo primer ministro. Con el respaldo financiero de la National Endowment for Democracy (NED), Odinga formó entonces una nueva coalición, el «Movimiento naranja», al que tendremos que perdonarle la denominación, que denota una burocrática falta de imaginación.
Cuando Barack Obama Jr., senador estadounidense, llega a Nairobi, ya está en marcha la campaña electoral con vistas a las elecciones legislativas y presidencial. Contrariamente a las normas más elementales de la diplomacia, el senador Obama no se limita a respaldar con su presencia al candidato Odinga sino que incluso lo acompaña en su gira electoral y pronuncia discursos a su lado. Afirma que el país necesita una revolución democrática. La prensa nacional afirma, aunque sin aportar pruebas de ello, que el general Gration –miembro de la comitiva de Obama– entregó a Raila Odinga una maleta que contenía 1 millón de dólares.
Los kenyanos ven en todo esto una grave injerencia política. Pero la prensa estadounidense sólo habla de los «grandes momentos de emoción» del viaje. El senador Obama es acogido triunfalmente en la aldea natal de su familia. Allí abraza y besa a su abuela, la anciana señora que revelará –sin querer– que Barack Obama no nació en Hawai sino en Kenya. El senador y su esposa visitan un centro de prevención contra el sida, donde se someten a un test de detección de la enfermedad para demostrar que no hay en ello nada de malo.
El senador aprovecha toda posibilidad de reunirse con un Premio Nobel. Y en Kenya está la ecologista Wangari Maathai. El senador se las arregla para evitar una conversación sobre las tesis «conspiracionistas» de la señora Wangari Maathai sobre el sida (¡la mayoría de los líderes africanos sostienen esas tesis!) y le propone plantar un árbol en Uhuro Park, en homenaje a la memoria de las víctimas del atentado de 1998. Aprovecha la ocasión para pronunciar un bello discurso sobre la libertad de prensa, algo que hay que hay cuidar cotidianamente, de la misma manera que se cultiva un jardín.
El atentado del 7 de agosto de 1998 fue perpetrado al mismo tiempo que el de Dar es Salaam, en Tanzania. En ambos casos, un vehículo lleno de explosivos fue lanzado contra la embajada de Estados Unidos. La autoría de los dos atentados fue reclamada por un misterioso Ejército Islámico de Liberación de los Lugares Sagrados, que parecía no saber muy bien dónde están la Meca y Jerusalén y que además tenía mala puntería. El atentado de Nairobi costó la vida a 12 estadounidenses y, por error, mató además a 201 kenyanos e hirió a más de 5 000. Las autoridades estadounidenses lo atribuyeron a uno de sus agentes, que se había vuelto en contra de ellos: Osama ben Laden. Para vengar a los muertos estadounidenses, el presidente estadounidense de la época, Bill Clinton, lanzó la operación Infinite Reach. Siguiendo los consejos de su experto antiterrorista Richard Clarke, el presidente Clinton ordenó disparar 75 misiles contra el territorio afgano, destruyendo un campo de entrenamiento de los independentistas kashmiris y matando a sus instructores pakistaníes. También ordenó bombardear una fábrica situada en Al-Shifa (Sudán), afirmando que el terrorista islamista Ben Laden fabricaba allí un gas neurotóxico por cuenta del dictador laico Sadam Husein. La fábrica pertenecía al financista Salah Idriss, quien no tenía precisamente el perfil de un terrorista islámico ya que sus empresas de vigilancia por circuitos de video garantizan la seguridad de numerosos edificios oficiales británicos, incluyendo la sede del Parlamento. Por desgracia, Osama ben Laden acaba de comprar unas cuantas acciones en el laboratorio de Salah Idriss. Una investigación posterior realizada por la ONU demostró que la instalación bombardeado por orden del presidente Bill Clinton no fabricaba otra cosa que aspirinas y medicamentos genéricos contra la malaria. Y también producía algunos antirretrovirales para la lucha contra el sida, pero sin pagar derechos al laboratorio Gilead Science, dirigido por el ex (y también futuro) secretario de Defensa Donald Rumsfeld.
Durante esa etapa, el senador Obama hace múltiples declaraciones llamando a los africanos a tomar su destino en sus propias manos. Les dice que la pobreza no es una fatalidad y que Estados Unidos estará con ellos acompañando los esfuerzos que ellos realicen.

La lucha contra el «genocidio» en Sudán

El convoy aéreo del senador Obama se dirige después hacia los campamentos de refugiados de Darfur. El objetivo de la visita no es ir a Sudán para reunirse con los protagonistas del conflicto en ese país sino comprobar las graves dificultades que encuentran los refugiados en los países vecinos, como Chad y etiopia.
Un conflicto desgarra la región de Darfur desde 2003. Según Washington es una guerra de exterminio del gobierno árabe musulmán de Khartum contra las poblaciones negras animistas de Darfur y ya habría dejado más de 300 000 muertos. En realidad, la mayoría de los sudaneses son de piel negra y de lengua árabe, el gobierno de Khartum es multiconfesional y goza del respaldo de la iglesia católica. Además, el conflicto es la continuación de una guerra civil de 20 años, no opone a dos poblaciones diferentes sino que tiene que ver con la explotación y transporte del petróleo y ha costado la vida a entre 10 000 y 30 000 personas así como el desplazamiento de otras 250 000. Lejos de favorecer una solución pacífica, la transnacional Chevron-Texaco y el gobierno estadounidense hacen todo lo que está a su alcance para provocar la caída del gobierno de Khartum y expulsar de Sudán a la compañía china CNPC. Esta última ha enviado a ese país unos 20 000 chinos (a menudo prisioneros condenados por delitos comunes y cuyas penas han sido conmutadas) para explotar el petróleo sudanés con técnicas rudimentarias y con ayuda de la compañía india ONGC Videsh. Mientras la comunidad internacional finge ignorar la injerencia extranjera y acusa al gobierno de Omar el-Bechir de ser culpable de los peores abusos, el ejército estadounidense privado de Dyncorp se jacta ante sus accionistas de haber obtenido en la región jugosos contratos disfrazando a sus hombres de milicianos jinjawid.
Prolongando la acción del secretario de Estado afroestadounidense Colin Powell, el senador de origen kenyano Obama se dedica a hablar antes las cámaras de televisión sobre el «genocidio» perpetrado contra la población negra en Sudán y de la necesidad de intervenir para protegerla y evitar una tragedia similar a la de Ruanda. Obama había sido un ferviente partidario de la Darfur Accountability Act y de la Darfur Genocide Accountability Act, en las que se da carta blanca al presidente de los Estados Unidos para financiar una fuerza de paz de la Unión Africana y enviar a los tribunales a los responsables del «genocidio».
Así concluido el Obama’s Tour, el senador y sus acompañantes se dan un salto hasta Camp Lemonier, la base estadounidense (e israelí) en Djibuti, para llegar después a la megabase militar de Stuttgart (Alemania), donde rinden cuenta de los resultados de la gira ante el general James L. Jones (el gran jefe del European Command y comandante en jefe de la OTAN) y los oficiales responsables de la creación del Africa Command.

Servicio postventa

No puede atribuirse al senador Obama la responsabilidad de los acontecimientos que se produjeron al paso de su caravana, que no por ello dejan de ser fruto de la semilla que él plantó en tierra africana.
Tres meses después, en noviembre de 2006, la ex secretaria de Estado Madeleine Albright llega a Kenya en calidad de presidenta del National Democratic Institute (el tentáculo de la National Endowment for Democracy que se encarga de sobornar a los partidos de izquierda). Su misión consiste en aportar ayuda técnica al partido hermano, el Movimiento Naranja de Raila Odinga. Y de paso, el jefe de la oposición da a la BBC una entrevista donde revela que es primo del senador Obama, secreto bien guardado hasta ese momento o más bien una invención muy reciente.
Justo antes de la votación del 27 de diciembre, un sondeo de opinión amablemente financiado por la USAID predice la victoria de Odinga frente a Kubaki. Un amigo personal del senador Obama, el senador John McCain, viaja entonces a Nairobi, como presidente del International Republican Institute (el tentáculo de la National Endowment for Democracy que se encarga de sobornar a los partidos de derecha). McCain comprueba enseguida la existencia de numerosas irregularidades electorales. Aunque otros observadores estiman que es difícil medir el impacto de las irregularidades, ya que han sido cometidas por diferentes partidos, según las regiones, McCain declara que los partidarios del presidente Kibaki han falseado los resultados para mantenerlo en el poder pero que los electores votaron por Odinga.
El 1º de enero, los kenyanos reciben una oleada de SMS anónimos a través de sus teléfonos celulares. En los distritos poblados por los luos, los mensajes indican: «Queridos kenyanos, los kikuyus han robado el porvenir de nuestros hijos… Tenemos que aplicarles el único tratamiento que ellos entienden… la violencia.» En los distritos donde los kikuyu son mayoritarios, los mensajes indican: «No se derramará la sangre de ningún kikuyu inocente. Nosotros los masacraremos a ellos, incluso en el corazón de la capital. Por la Justicia, hagan una lista de los luos que ustedes conocen. Nosotros enviaremos los números de teléfono a los que debe enviarse esa información.»
Hasta el día de hoy se desconoce quién envió aquellos SMS, a pesar de que son muy pocos los operadores que disponen de los medios necesarios para desatar una campaña de esa envergadura.
El resultado no se hace esperar. Resurgen viejos conflictos. Kenya, país citado como ejemplo de estabilidad en África, se hunde bruscamente en la violencia. En sólo un mes, los disturbios interétnicos dejan más de 1 000 muertos y 300 000 desplazados, así como la pérdida de 500 000 empleos.
Regresa entonces la señora Albright. Propone la mediación de un organismo independiente, el Oslo Center for Peace and Human Rights. Este último envía a dos de sus administradores: el ex primer ministro noruego Kjell Magne Bondevik y el ex secretario general de la ONU Kofi Annan (muy presente en los países escandinavos desde que se casó con la hija de la hermana de Raoul Wallenberg). En realidad, el Oslo Center es una organización gemela del Carter Center y los gastos de los mediadores son sufragados por el instituto que dirige Madeleine Albright.
Ante la presión estadounidense, el presidente Kibaki acepta crear un puesto de primer ministro para otorgarlo a su rival Raila Odinga. Oduru Odinga, hermano del anterior, es nombrado ministro de Finanzas del gobierno de coalición.

Epílogo

El senador Obama fue electo presidente de los Estados Unidos. Para festejar esa victoria, su «primo», el primer ministro Odinga decretó en Kenya 3 días de fiesta nacional. En julio de 2009, el presidente Obama tendió la mano a los africanos al pronunciar un solemne discurso ante el parlamento de Ghana. Allí desarrolló el discurso que ya había ensayado en Kenya: los africanos tienen que dejar de lamentarse por las desgracias del pasado, tienen que ser capaces de ocuparse de sí mismos y Washington los ayudará a hacerlo. Algunos aguafiestas le respondieron que si los africanos tenían que olvidar el episodio de la esclavitud y de la descolonización, los occidentales debían hacer lo mismo con la deuda, que es consecuencia de los crímenes del pasado. Pero el presidente no los oyó, su avión ya había despegado.
Robert Gibbs llegó con Obama a la Casa Blanca, donde sigue siendo su encargado de prensa.
Después de haber sido miembro del consejo de administración de Chevron, el general James L. Jones se convirtió en consejero de seguridad nacional.
El consejero estratégico Mark Lippert estuvo en Irak como oficial de inteligencia de los Navy Seals. Hoy es jefe del gabinete del general James L. Jones y se ocupa en particular de Afganistán e Irak.
El general Scott Gration ya no está retirado. Fue nombrado adjunto del general James L. Jones y enviado especial para Darfur. Aconseja que Estados Unidos deje de desestabilizar Sudan para ganarse así la confianza de los africanos y desplegar el Africa Command en suelo africano. Sigue distribuyendo maletas llenas de dólares al negociar la unificación de los movimientos rebeldes de Sudán, Etiopía y Eritrea, para poder controlarlos.
 
Vía +RedVoltaireX  

El oscuro juego de John Kerry

En momentos en que el Ejército Árabe Sirio acaba de perder la ciudad de Rakka, dejando de hecho una parte del norte del país bajo control turco, Estados Unidos multiplica las señales contradictorias. ¿Ha decidido Washington proseguir la guerra a través de sus intermediarios o está poniéndose en posición de poder imponer a sus aliados el acuerdo de paz negociado con los rusos?
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John Kerry y su homólogo de Arabia Saudita, el ultra reaccionario príncipe Al-Faisal.
Se hace esperar la implementación del plan de paz para Siria negociado entre rusos y estadounidenses. Se retrasó, primeramente, la confirmación –por parte del Senado– del nuevo equipo de seguridad de la Casa Blanca. Y, posteriormente, se ha producido toda una serie de declaraciones, contradictorias entre sí, por no decir incoherentes, del nuevo secretario de Estado, John Kerry.
En todo caso, aparecen ahora dos nuevos elementos objetivos.
• El activismo de Arabia Saudita y de Qatar se ha fortalecido, con la aparente anuencia del Departamento de Estado.
En una conferencia de prensa conjunta con el jefe de la diplomacia saudita, John Kerry expresó –por dos veces– su predilección por una «solución pacífica» en Siria. Pero, dos minutos más tarde, aprobó el envío –por parte de Arabia Saudita– de armas a la oposición siria «moderada». Kerry reiteró sus contradicciones a su paso por Qatar.
En el plano simbólico, Arabia Saudita y Qatar impulsaron en la Liga Árabe la entrega del escaño de Siria a la Coalición Nacional conformada por la oposición. También a pedido de Arabia Saudita y de Qatar, la Liga Árabe autorizó a sus miembros a que armen a los «rebeldes sirios». Es imposible que ciertos miembros de la Liga hayan votado esas decisiones sin haberse asegurado previamente de que tenían la luz verde del señor Kerry.
A la luz del derecho internacional, el hecho de reclamar o de aprobar el envío unilateral de armas a grupos rebeldes fuera del marco legal de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es un crimen. Si Siria presentara una reclamación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de seguro obtendría un veredicto condenatorio contra Arabia Saudita, Qatar, Estados Unidos, la Liga Árabe y varios actores más, dado el precedente que ya existe del veredicto del caso «Nicaragua vs. Estados Unidos» (1984).
La iniciativa de la Liga Árabe priva de toda credibilidad al representante especial de su secretario general, Lakhdar Brahimi. Así que este viejo diplomático ya no debería pensar en seguir desempeñando el papel de mediador, ya que ahora representa de hecho a una de las partes involucradas en el conflicto –la Coalición Nacional Siria–, aunque esta última no ocupe todavía el asiento que le ha sido concedido.
• Los israelíes, por su parte, tratan desesperadamente de lograr que se olvide su intromisión en la campaña presidencial estadounidense.
Durante su visita a Washington, donde participó en la conferencia anual del AIPAC [1], el general Ehud Barack se deshizo en elogios hacia las autoridades estadounidenses, repitiendo además constantemente que nunca antes esas autoridades han estado tan cerca como ahora del Estado de Israel. Por su lado, el primer ministro Benjamin Netanyahu renunció por vez primera a viajar a Estados Unidos para la conferencia del AIPAC y prefirió limitarse a intervenir por video, para no tener que encontrarse frente a frente con dirigentes estadounidenses que pudieran pedirle cuentas. Se trata de una manera de reducir la cuestión a un problema de relaciones personales, para no afectar las relaciones entre los Estados.
Ehud Barack fue recibido en el Pentágono por el nuevo secretario de Defensa, Chuck Hagel, con quien había establecido buenas relaciones en el pasado. El general israelí logró que los recortes presupuestarios no afecten la ayuda estadounidense a Tel Aviv, ascendiente unos 3 000 millones de dólares. Para compensar, el ministro de Defensa israelí cedió terreno en lo tocante a Siria. El comunicado de prensa del Departamento de Defensa precisa que las dos partes discutieron temas de seguridad de interés común, «incluyendo la necesidad de que el régimen sirio mantenga su control sobre las armas químicas y biológicas en su país; los líderes se comprometieron a proseguir la planificación de medidas urgentes para contrarrestar esa amenaza potencial».
En otras palabras, Washington y Tel-Aviv ya no se plantean un «cambio de régimen» en Damasco y han decidido ayudar al Ejército Árabe Sirio a conservar el control de sus armas químicas y biológicas ante los ataques de los yihadistas.
Israel se retira del conflicto. Tomando nota de ello, dos días después de ese brusco viraje de 180 grados, se descubría y desmantelaba en el litoral sirio un complejo sistema israelí de observación electrónica y comunicación.
• En definitiva, Estados Unidos está tratando de desvincularse en el plano militar, y de desvincular también a su alter ego israelí, mientras que estimulan la escalada militar y el bloqueo diplomático de sus aliados del Golfo. Parece demasiado pronto aún para saber si están tratando de jugar un doble juego –tendiendo una trampa a Rusia en detrimento del pueblo sirio– o si están empujando a sus aliados del Golfo hacia un callejón sin salida para imponerles con más facilidad la solución ya negociada con Moscú.
Fuente
Al-Watan (Siria)


http://www.voltairenet.org/article177826.html
Vía +RedVoltaireX