Confirmado: la guerra contra Siria se planeó antes de la «primavera árabe»

El ex ministro francés de Relaciones Exteriores Roland Dumas reveló en un programa de la televisión del Parlamento francés que los británicos recurrieron a él en 2010, o sea antes de la «primavera árabe», en busca de apoyo para desatar una guerra contra Siria.

Las revelaciones de este ex ministro socialista de Relaciones Exteriores, dadas a conocer en el programa Ça vous regarde, del canal LCP, confirma la hipótesis de la Red Voltaire de que la agresión contra Siria ya estaba prevista en las cláusulas secretas del Tratado de Lancaster House, firmado el 2 de noviembre de 2010.
Aquel documento, que supuestamente debía organizar la cooperación militar franco-británica, ya incluía también una serie de cláusulas secretas sobre la agresión contra Libia.
La Red Voltaire ha denunciado siempre que la guerra contra Libia y la actual agresión internacional contra Siria ya estaban planificadas de antemano y que se pactaron al mismo tiempo.

Fuente: Red Voltaire
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“Donde manda Azcárraga no gobierna Peña Nieto”

El rey de la madera de Wisconsin acostumbraba amontonar y vender políticos en la misma forma que amontonaba y vendía leña. Compañía de Ladrones Unidos… Es un monopolio… Están trabajando para una pandilla de ladrones. No seas como el perro del cuento. No muerdas las manos del amo. El aire que respiraba en los salones del comité, en las cámaras legislativas, el olor a suciedad de los políticos.

Dice John Dos Passos en su novela La primera catástrofe (1919): “Un orador hablando desde la Cámara de una república perdida que nunca había existido”. Nostálgico del sistema presidencialista fuerte, omnímodo, desde la máxima tribuna de la llamada república, un orador evoca la rehabilitación de la potestad rectora del Estado perdida durante la pesadilla teocrática panista, abyectamente entregada al vasallaje y la rapiña de los grupos de poder internos y externos, en particular de los oligárquicos, a cambio de su fallido respaldo para tratar de mantenerse en el gobierno, cuidándose, desde luego, de señalar que su debilitamiento no fue iniciado por los panistas. Ellos sólo continuaron el proceso de socavamiento iniciado por la triada priísta gobernante antecesora, en especial por el socialmente despreciable Carlos Salinas de Gortari, cuya tenebrosa sombra se proyecta sobre Enrique Peña Nieto. En justicia, empero, debe añadirse, que alternándose, priístas y panistas actuaron e intervienen al alimón.
El tribuno restaurador y sus pactistas invocan la Constitución y tallan su articulado en sus propuestas de reformas estructurales neoliberales: el 25 (el Estado planeará, conducirá, coordinará, orientará y fomentará la actividad económica); el 27 (corresponde a la nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional; dicho dominio es inalienable e imprescriptible y la explotación y el aprovechamiento de los bienes de la nación sólo podrán realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, según las leyes establecidas); el 28 (en caso de interés general, el Estado, sujetándose a las leyes, podrá concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la federación); o el 134 (los recursos económicos del Estado deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez).
En el caso de las telecomunicaciones, además, se invocó el artículo 4 de la ley en la materia: “la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social”.
Los alegres pactistas festejaban anticipadamente su curiosa democratización del sector y el tañer de las campanas que supuestamente doblarán a duelo por la muerte de los monopolios de Televisa, Tv Azteca y Telmex, al aprobar una ley que aún mantendrá su hegemonía oligopólica, y cuyo ocaso en el tiempo es incierto. Que en el mejor de los casos, sólo atemperaría su omnipotencia, dada las llamadas “barreras a la entrada” (restricciones que enfrenta toda empresa al ingresar, adaptarse y competir en un sector productivo y un mercado monopolizados: montos de inversión; escala y costos de producción, laborales, administrativos y de venta; tipos de productos; canales de distribución y gastos para captar clientes, entre otras). Que mejorará la calidad de la televisión a través de la competencia “democratizadora” y desnacionalizadora de dos cadenas oligopólicas más que disputarán rabiosamente el control de la industria y el mercado como lo hacen Televisa y Tv Azteca en contra de Telmex y demás corporaciones, y perpetuará la marginalidad de la pública y las sociales que puedan construirse.
Pero como agrega Dos Passos, “el porvenir de la democracia reformada, pintado con todos los colores del arcoíris, reventó como una pompa de jabón con un alfilerazo”.
“El encanto se había quebrado”. Acabó con “la ilusión del poder” (ibíd).
En un juego de lactantes, un simple pinchazo oligárquico hizo estallar la pompa del glamoroso encanto. Un discreto manotazo en la mesa evidenció dónde está el poder económico-político, el cual obligó a la casta política a someterse apresuradamente a las exigencias del Dominus y retrasar el inicio de la última fase del proceso de transición de las transmisiones analógicas a las digitales.
Fue suficiente que Emilio Azcárraga Jean enseñara sus ofídicos colmillos. Ordenara a su fámulo Javier Tejado Dondé, vicepresidente de Televisa, colocar un inocente cintillo en las pantallas locales de sus empresas (Gala Tv, los canales 5, 12 y de las Estrellas), parte del cual remitía al “ayuntamiento de Tijuana” a los afectados por el “apagón” de la televisión analógica, aun cuando sabía que en ese lugar nada se resolvería porque nada tenía que ver en el asunto, y que se generaría un irrelevante tumulto artificial, el cual amplificaron mediáticamente en su beneficios. Y soltara su jauría: Alejandro Puente, presidente de los cableros, que calificó el “apagón” como “desastre analógico”, o Federico J González Luna, asesor de los cableros y telediputado de la Comisión de Radio y Televisión, y sus hordas de desinformadores, para que descalificaran el proceso y lincharan a los burócratas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en especial a su presidente Mony de Swaan, en nombre del nebuloso “interés público”, de los miserables “jodidos” que quedarían marginados de la digitalización, su telebasura o los viscerales lavados de cerebro de los Loret de Mola, López Dóriga, Gómez Leyva y demás fauna.
La petición de la cabeza del indefendible De Swaan, patiño del Herodes Juan Molinar, no es nueva. En 2012 otro palafrenero de Azcárraga, Manlio Fabio Beltrones, ya la exigía, luego de su fracasado intento por imponer en el Congreso la llamada “ley Televisa”. Beltrones acusaba al panismo de “capturar” transexenalmente a la Cofetel con De Swaan. Lo mismo dijo Luis Téllez cuando Héctor Osuna, el empleado de los cableros, ocupaba ese puesto. ¿Se desgarrarán las vestiduras ahora que Peña hará lo mismo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones?
Su propósito apenas ocultado era descarrilar la tersa transición a la era de la televisión digital y no dudaron en manipular siniestramente a “esa clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida”, según se refería con desprecio Emilio Azcárraga Milmo, y que consideraba que “para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil”. El objetivo es obvio: retrasar lo más que se pueda los cambios –¿por qué no incluso pensar en su aborto?– para evitar la competencia y mantener los privilegios monopólicos de Televisa o Tv Azteca, la fuente de sus ganancias y su poder político.
Fue un movimiento desestabilizador, conspirativo en toda regla, en el cual son versados.
Y el Ejecutivo y el Legislativo, ipso facto, cedieron a la presión y el chantaje. ¿Dónde quedó la dignidad del supuesto poder político arbitralmente restaurado y la rectoría estatal?
Sin embargo, no deja de llamar la atención, primero, la ausencia de Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la ceremonia del apagón organizado con pompa y circunstancia por la Cofetel; y después, lerdos en los casos, Andrés Granier, la guardería ABC o de los desaparecidos, por ejemplo, el inmediato reculón, en cascada, de Peña Nieto, Ruiz, Lorenzo Córdova –al cabo, el padre, respetado militante de izquierda, no es responsable si falló la doctrina o la ética–, o Marco A Baños y Benito Nacif, del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, a quienes les tocó asumir el papel de bufones, encargados de construir el cómico argumento para justificar la postergación de la desconexión hasta después de las elecciones locales.
Todo funcionó como si se siguiera un guión previamente escrito. Como si la decisión hubiera sido negociada previamente en las catacumbas y a Azcárraga se le encomendara la tarea de fabricar la risible coartada escenográfica.
¿Fue un montaje?
A menos que la debilidad de la elite política y la necesidad de los voluptuosos amores oligárquicos (dinero electoral, promoción de imágenes, relaciones públicas) de Azcárraga y Ricardo Salinas hayan sido razones más que suficientes para obligarlos a doblar humillantemente la testuz. ¿O fríamente aceptaron el chantaje, en espera de cobrar venganza con el ambiguo desmantelamiento de sus monopolios? La suspicacia se nutre.
La furia oligárquica radica en la eventual reducción de sus ganancias netas en el futuro (10 mil millones de pesos para Televisa en 2012; 2.3 mil millones para Tv Azteca). Azcárraga y Salinas Pliego eran felices cuando la meta final de la transición fue fijada en 2021, ya que les permitiría maximizar monopólicamente la ordeña del sector, con la posibilidad de diferir más adelante la fecha. Pero Felipe Calderón, que les dio todo lo que querían, los irritó al decretar el término en 2015. Para colmo, la nueva ley sectorial los obligará a compartir el pillaje con otros dos consorcios.
La coartada fue digna de lisiados mentales. Supuestamente se horrorizaron porque el 7 por ciento de la población tijuanense estuvo a punto de quedar excluida del servicio digital, pese a que se había aceptado el 90 por ciento como un nivel adecuado para continuar con el proceso. Se les “olvidó” que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 5.7 por ciento de los hogares del país no cuenta con un televisor. Que la misma Televisa, en su informe de 2012 entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, lo calcula en 9 por ciento del total (unos 27 millones). Que sólo el 29.7 por ciento (8.3 millones) recibe el servicio de televisión restringida. Que apenas el 13.2 por ciento cuenta con un televisor de pantalla plana que puede recibir señales la transmisión digital. Que el porcentaje oscila en 19.5-26.2 por ciento en Baja California, Estado de México, Distrito Federal y Nuevo León, y en 2.5-6.2 por ciento en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Tabasco, Tlaxcala y Durango. ¿Esos datos serán suficientes para justificar la postergación indefinida? ¿Por qué no propuso la manera de evitar que las elecciones interfieran en la transición?
Los peñistas mantienen la generosidad del sistema a sus hijos predilectos. Por ejemplo, a Televisa, quien sólo pagó 343 millones de pesos de los 3 mil 334 millones que adeudaba al fisco por concepto de créditos fiscales. También toleran que su filial Cablemás excluya de su programación a la televisora del gobierno del estado de Guerrero, según denunció el comunicólogo Gabriel Sosa Plata. Que Megacable, de la familia Bours, hiciera lo mismo con más de una decena de canales estatales en diferentes entidades de la República. Que exista una lista negra de televisoras estatales, públicas y universitarias, las cuales han sido expulsadas de unos 80 sistemas de televisión por cable (Tv UNAM, Once Tv, Televisión Mexiquense, Telemax de Sonora, Telemichoacán, Canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, Canal 9 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, entre otras).
El escándalo de Tijuana fue una farsa. Un espectáculo hechizo, típico de la adulteración de la realidad ejercida por los medios. Recuérdese el papel de las televisoras privadas en Venezuela. Para ellas, primero, no existió el fallido golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, en el cual participaron activamente. Luego falsearon las imágenes para endosar a los chavistas los asesinatos cometidos por los golpistas y, finalmente, abrieron sus pantallas e intentaron asaltar el Estado. O la actual estrategia de desestabilización que realizan en contra de la presidenta Cristina Fernández, en Argentina, quien, a diferencia de México, avanza en el desmantelamiento de los monopolios de las telecomunicaciones y en su democratización, al conceder un tercio del sector al Estado y otro a la sociedad.
El hecho rememora a Jean Baudrillard y su trabajo La guerra del Golfo no ha tenido lugar. Según Baudrillard, el poder político-económico ha creado lo que llama un “espacio hiperreal”: las estrategias de simulación determinan la actual condición del mundo social y político, en la que los hechos, como si ocurrieran en un territorio casi fantasmal, mediatizado por los medios, se comportan como simulacros y acaban siendo vividos como simple espectáculo, donde la sociedad, manipulada por los medios de comunicación, es incapaz de distinguir la realidad de la fantasía. La razón es bloqueada y blanqueada por la forma en que los medios cubren la realidad, a la que vacían de contenido, o la modelan de acuerdo con los intereses del estatu quo. La noticia se hace omnímoda y opaca al mismo tiempo.
*Economista
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Fuente: Contralínea 339 / junio 2013

Amenazas al periodista Ricardo Alemán

Disentir de los juicios de quienes, de cara a la opinión pública, vierten sus opiniones para analizar y criticar cuanto aparece en la escena pública, es parte de las libertades de todos los mexicanos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha puesto en vigencia como derecho positivo. En ese contexto, al escribir y publicar escritos, darlos de viva voz, en la prensa escrita o en cualquiera de los medios de comunicación actualmente implantados por la tecnología, deben caber todos los puntos de vista para que los mexicanos podamos ejercer el derecho a la libertad de expresión.

Esos espacios también deben permitir las discrepancias, los comentarios y las réplicas, con lo cual se ofrece el más completo abanico de pareceres que alimentan a la democracia directa –donde todos debemos y podemos participar– y a la democracia indirecta o representativa. Y en ambas, para informar y cuestionar sobre todo lo que sucede en esos vasos comunicantes. Y permitir confrontarnos con la máxima tolerancia que facilita la máxima libertad para el intercambio, pues sobre lo que estamos de común acuerdo o en desacuerdo dentro de los límites que nos otorga la legalidad y legitimidad de nuestro orden jurídico.
Ya dentro de la etapa peñista y aunque se pretenda lo contrario, la violencia sangrienta todavía priva de la vida a un gran número de víctimas inocentes. A esto hay que agregar la violencia de las amenazas, tan comunes que se han vuelto contra el gremio periodístico y como las que ha recibido el periodista Ricardo Alemán (autor de la columna Itinerario Político, que se publica en El Universal, de domingo a viernes de cada semana). Estar en descuerdo con él, como con cualquier otro de quienes hacen del periodismo su trabajo o de quienes incursionan en los medios de comunicación de vez en cuando, no debe ir más allá de manifestarle su réplica o entablar una polémica, pues al fin y al cabo “la democracia es discusión” con las armas de la razón que son: tolerancia política, argumentación, crítica, desacuerdo y, finalmente lo sintetizado en la divisa de Voltaire: “Estaré hasta la muerte en contra de lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes para decirlo”.
Las amenazas que se han lanzado contra Ricardo Alemán –de las que dio cuenta en su columna titulada “Matar al periodista” (El Universal, 30 de mayo de 2013) y que han aparecido profusamente en Twitter– no solamente convocan a cometer homicidio, sino también muestran incitación a otros delitos que buscan conectar la violencia que sufre la nación con la intolerancia a las libertades de expresión, manifestación de las ideas y de libre examen y discusión de ellas. Tolerancia es la divisa pacífica para la convivencia en la diversidad necesaria, indispensable, de la democracia, sin derramamiento de sangre. Bien escribió Ricardo Alemán: “No puede y no debe ser parte del paisaje democrático y de libertades la repetida amenaza de muerte, para nadie”.
*Periodista
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Fuente: Contralínea 339 / junio 2013

La Turquía de los derechos humanos y la represión

Llevados por la llamada Primavera Árabe y la apertura del proceso de transición a la democracia, y ante la falta de garantías en Túnez para la realización del 38 Congreso de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), nos dimos cita en Estambul, la ciudad más europea de Turquía: enclave estratégico, encrucijada de Europa, Asia y África, asiento del imperio otomano, la milenaria Constantinopla.

A 91 años de su fundación, la FIDH, primera organización internacional de derechos humanos fundada en 1922, de la cual la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos es parte, es una poderosa organización internacional. Su creación fue inspirada en la lucha vehemente contra el fascismo; luego desarrolló una acción intensa en la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, hasta dar impulso a la creación del Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998.
La FIDH continúa enfilando sus esfuerzos principales en cualquier parte del mundo: los países de la Primavera Árabe, los asiáticos, tiene un interés marcado por el apoyo a las ligas de los países de Europa del Este, y mantiene su impulso en las Américas y África. Además, enfrenta los retos de las ligas europeas, en relación al grave deterioro económico que se vive en toda la región.
La FIDH camina hacia su centenario con un gran desarrollo, como se pudo apreciar en su 38 Congreso, que costó más de 700 mil euros y que logró reunir a cientos de personas de todos los continentes de más de 100 países y pasar de 164 a 178 organizaciones integrantes, además de contar con la presencia del presidente turco Abdullah Gül; Sang-Hyin Song, presidente de la CPI; la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda;?la Premio Nóbel de la Paz, Shirin Ebadi; Estavros Lambrinidis, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, entre otras importantes personalidades del mundo de los derechos humanos.
La FIDH decidió organizar este evento en Turquía y dedicarlo al rol de los derechos humanos en las transiciones políticas, puesto que Turquía se encuentra actualmente en una etapa decisiva, caracterizada por las negociaciones de paz con los representantes del pueblo kurdo, tras largos años de conflicto armado. Los gobiernos de África del Norte y de Oriente Medio que han llegado al poder recientemente y que se encuentran en pleno periodo de transición observan atentamente a Turquía.
Este foro propició intercambios de experiencias entre defensores de derechos humanos y organizaciones de más de 100 países. Los participantes debatimos sobre la lucha contra la impunidad, el fortalecimiento de la justicia, el apoyo a las instituciones y organizaciones no gubernamentales, el rol de la religión, el papel protagónico de las mujeres en la transición, los derechos de las minorías, los derechos económicos y sociales así como del papel de las empresas e instituciones financieras internacionales en periodos de transición. Los participantes forjamos alianzas y estrategias comunes con miras a hacer frente a estos desafíos.
La FIDH realizó su Congreso en Turquía, al atender la situación de los derechos humanos que se hallan en una encrucijada histórica: en el contexto de las negociaciones de paz con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (Parti Karkerani Kurdistan-PKK).
Destaca la presentación ante la Gran Asamblea Turca de la cuarta propuesta de reforma del sistema legal y judicial (seguidamente denominada el Cuarto Paquete de Reformas), con numerosas disposiciones que responden a las expectativas expresadas por la sociedad civil turca, así como a las recomendaciones de los organismos de supervisión del Consejo Europeo y de la Organización de las Naciones Unidas.
Se celebró la liberación de 22 miembros de sindicatos el 11 de abril de 2013, que demuestra el compromiso para hacer cumplir los derechos humanos en Turquía.
Sin embargo, para que estos avances perduren y contribuyan realmente a un cambio histórico en Turquía, es necesario que se garantice la libertad para ejercer la defensa de los derechos humanos y la defensa legal, dos actividades que se han visto seriamente obstaculizadas en el pasado reciente.
Por ello, la FIDH y sus organizaciones miembro en Turquía, la Fundación de Derechos Humanos (TIHV, sigla de Turkiye Insan Haklari Vakfi) y la Asociación de Derechos Humanos (IHD, sigla de Insan Haklari Demegi) destacan que se debe dar respuesta a la condena de Turquía por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas:
1. Eliminación de la criminalización y de la denigración pública de la nación turca, de la identidad turca o de las autoridades del Estado (artículo 301 del Código Penal Turco, CPT); eliminación también de la penalización de la difamación (artículo 125 del CPT).
2. Limitación de las prohibiciones sobre expresiones, apología de odio y de hostilidad (artículo 216 del CPT) para incluir solamente las expresiones relativas a la incitación a la violencia.
3. Eliminación completa de la criminalización de la objeción de conciencia (artículo 318 del CPT), más allá de las recomendaciones recogidas en el Cuarto Paquete de Reformas. Garantizar que la lucha contra la violencia política se lleve a cabo dentro del respeto a los derechos humanos y que la tipificación del delito de “terrorismo” cumpla con el derecho internacional.
4. Modificación de la definición de actos de “terrorismo” (tal como ahora figura en el artículo 1 de la Ley sobre Terrorismo) y del delito de pertenencia a “organización armada” (artículo 314 del CPT), de modo que se garantice su conformidad con los términos y las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo.
5. Urge la libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente. Muchos defensores de los derechos humanos, líderes políticos, periodistas y otras personas públicas son perseguidos, acusados y condenados en virtud de los artículos anteriormente citados del CPT. La aplicación de estas disposiciones condujo a la condena de Turquía por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Si se demostrara que entre las personas puestas en libertad hay algunas que hubieran cometido o intentado cometer actos de violencia física según las recomendaciones del relator especial para la Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo, el paso siguiente consistiría en iniciar los procedimientos legales correspondientes, basados en los fundamentos jurídicos adecuados y de conformidad con el respeto al derecho a un juicio justo.
Se destaca especialmente la situación de nueve líderes de la IHD, miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que en estos momentos se hallan en prisión o están siendo procesados: Muharrem Erbey, miembro de la sección de Aydin; Re?it Teymur, miembro de la sección de Siirt; Veysi Par?lt?, miembro de la sección de Mardin; ?aziye Önder, representante de Do?ubeyaz?t; Mensur I??k, expresidente de la sección de Mus; Bekir Gürbüz, expresidente de la sección de Ad?yaman; Ali Tanr?verdi, presidente de la sección de Mersin; Dilek Ho,? miembro de la sección de Adana. Estos líderes deben ser puestos en libertad y los cargos contra ellos deben ser retirados para que Turquía pueda cumplir con sus obligaciones en lo que al derecho internacional se refiere: lucha contra la impunidad y garantía del derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación.
6. Ratificación del Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional para incorporarlo a la legislación nacional.
7. Autorización de la reapertura, sin limitación temporal, de todas las investigaciones penales que se consideren insatisfactorias según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
8. Ampliación del periodo de prescripción para los asesinatos cometidos por los miembros de las fuerzas del orden público cuando sean sospechosas en casos de asesinatos de civiles.
La Turquía de la represión
Hoy nos asomamos a Turquía entre nubes de gases y represión, una geopolítica de enredos e intereses que sacuden a su milenario pueblo. Tantos y tantos intereses en la encrucijada turca de Europa, Asia y África, convulsionan a los pueblos. Salimos del espejismo de la Turquía de los derechos humanos y, al día siguiente, aparece bañada en nubes de gases y represión.
La inusitada represión contra las manifestaciones a los opositores de un proyecto de urbanismo alrededor del Parque Gezi no puede ser explicada con base en el hecho mismo, sino en las causas estructurales y requieren la resolución de los 8 puntos señalados.
En carta abierta fechada en París, enviada a Ankara el 5 de junio de 2013, dirigida a Abdullah Gül, presidente de la República de Turquía; a Recep Tayyip Erdogan, primer ministro y a Besir Atalay, viceprimer ministro a cargo de Derechos Humanos, “ante la gravedad de los hechos recientes”, la FIDH y sus organizaciones miembro en Turquía, TIHV y IHD, expresan, su más profunda preocupación e indignación por la gran desproporción de la violencia policial en torno a las manifestaciones iniciadas el 27 de mayo de 2013, misma que reproducimos íntegra:
“Estas manifestaciones inicialmente convocadas en contra de un proyecto de urbanismo alrededor del Parque Gezi se transformaron rápidamente en un movimiento de contestación contra la opresión, especialmente en respuesta a la violencia policial de la cual fueron objeto los manifestantes de la plaza Taksim.
“A la fecha, y de acuerdo con la información de la Asociación Médica de Turquía, 2 mil 800 personas resultaron heridas en las manifestaciones en Ankara, Izmir y Estambul únicamente. La primera muerte fue anunciada el lunes 3 de junio; la segunda, el martes. Más de 3 mil personas fueron detenidas y actos de tortura y/o tratos inhumanos y degradantes han sido reportados según la TIHV, miembro de la FIDH.
“Nuestras organizaciones miembro, TIHV e IHD, pudieron documentar el uso excesivo y desproporcionado de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, en violación del derecho internacional, especialmente los Principios de la ONU sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego, por los agentes de las fuerzas del orden.
“Así, los cartuchos de gas lacrimógeno fueron reiteradamente lanzados para reprimir las manifestaciones inicialmente pacíficas. Muchos de ellos también fueron dispersados desde helicópteros situados sobre zonas residenciales sin manifestantes. En varias ocasiones, cartuchos fueron lanzados al interior de las residencias, en violación, sobre todo, de los principios de necesidad y de proporcionalidad.
“Además, en varias ocasiones los cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparados a corta distancia, y dirigidos hacia la cabeza de los manifestantes. Esto ha dado lugar a numerosas lesiones en los ojos y ha causado numerosos traumatismos craneanos.
“Igualmente, el uso de gas de naturaleza indeterminada y muchos de los ataques contra ambulancia[s] impidieron repetidamente la asistencia médica a los heridos en las protestas.
“Con este contexto, los instamos a garantizar el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión, liberar a todos los manifestantes pacíficos detenidos, garantizar el acceso a la atención médica a las personas necesitadas, poner fin de manera inmediata a todos los actos de violencia policial contra los manifestantes, establecer una comisión de investigación, independiente e imparcial, sobre las denuncias de tortura y tratos inhumanos, así como sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los órganos policiales.
“Como lo señalamos recientemente durante el 38 Congreso de la FIDH, al presidente de la República y al primer ministro, la FIDH se encuentra particularmente preocupada por las violaciones sistemáticas y recurrentes de la libertad de expresión en Turquía. Los recientes acontecimientos sólo pueden reforzar nuestra preocupación de que el gobierno favorece el autoritarismo y la represión como respuesta a las preocupaciones legítimas expresadas por los manifestantes, en vez del diálogo y la concertación.
“Los instamos una vez más a profundizar sobre las reformas necesarias para el éxito de la transición en Turquía, tal como lo habíamos expresado en nuestro llamado para implementar las Ocho Medidas Esenciales. La garantía de la libertad de expresión y su corolario, la libertad de manifestación pacífica, constituyen una de las piedras angulares de estas reformas.
“Agradeciéndoles de antemano por la atención prestada a nuestra carta, nos suscribimos ante ustedes muy respetuosamente, Karim Lahidji, presidente de la FIDH; Ozturk Turkdogan, presidente de la IHD; y Metin Bakkalci, secretario general de la HRFT.”
El pueblo turco requiere de nuestra solidaridad y por ello nos sumamos a los reclamos de la FIDH y sus organizaciones miembro en Turquía, la TIHV e IHD.

Fuente: Contralínea 339 / junio 2013

PGR despilfarra 600 millones de dólares

Dos gruesos legajos con cientos de averiguaciones previas y expedientes administrativos se acumulan en las oficinas de la Visitaduría General y del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República (PGR) que dirige el hidalguense Jesús Murillo Karam. Éste enfrenta el dilema de consignar las averiguaciones ante un juez federal por hechos de corrupción en la Dirección General de Servicios Aéreos, cometidos en los 6 años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa o darle vuelta a la página y dar borrón y cuenta nueva. Más aún cuando algunas acusaciones apuntan al exoficial mayor de la PGR, Jesús Naime Libién, primo del actual abogado de la nación.

Es tal el despilfarro de recursos públicos en 101 aeronaves de la PGR que el mismo Murillo Karam se ha dado a la tarea de vigilar el proceso judicial de dichos expedientes. La razón es que hay una mafia en la Dirección General de Servicios Aéreos que involucra a muchos servidores públicos que, para impedir que avancen las indagatorias judiciales, hasta han amenazado de muerte a todo aquel que se atreva a intentar desmantelar la red de corrupción creada en torno a los aviones propiedad de la Procuraduría.
Para tener una idea de los intereses económicos que se mueven en esa Dirección General y las razones por las cuales nadie se ha atrevido a poner orden y enfrentar al cártel que controla el negocio de las aeronaves, nos remitimos al presupuesto público que maneja la Procuraduría para el mantenimiento de una flota aérea que desde el año pasado dejó de operar por estar simplemente en condiciones inservibles.
Hablamos de un gasto anual promedio de 100 millones de dólares que el gobierno de Calderón destinó durante todo su gobierno, lo cual multiplicado por los 6 años eleva la cifra a los 600 millones de dólares –unos 7 mil 800 millones de pesos a un tipo de cambio de 13 pesos por dólar–, destinados a los servicios de 101 aeronaves que son sólo chatarra y que ya dejaron de volar.
¿A los bolsillos de quiénes fueron a parar esos miles de millones de pesos? Ésa es la respuesta que tendrá que contestar el procurador Jesús Murillo Karam.
A pesar de las cifras escandalosas del despilfarro del dinero público, en el último año de la administración calderonista, la procuradora Marisela Morales se vio obligada a dejar en tierra toda la flota aérea de la PGR y contrató a la empresa Rajet Aeroservicios, SA de CV, para el servicio de 10 aviones y dos helicópteros, a un costo de 5 millones de dólares en un periodo de 6 meses.
La razón de esa decisión de la ahora cónsul en Milán, Italia, se sustentó en una auditoría elaborada por la empresa estadunidense Joseph del Balzo Associates (JDA), en donde se concluye en tres informes parciales y otro final, la urgencia de retirar del espacio aéreo todas las aeronaves de la Procuraduría, porque no reúnen las condiciones internacionales y representan un alto riesgo porque se pueden desplomar en cualquier momento, como de hecho ocurrió en varias ocasiones.
Pero dicho contrato de 5 millones de dólares para el servicio de 12 aeronaves ya provocó un nuevo problema, pues la Procuraduría sólo ha pagado 2 millones de dólares a la empresa Rajet, con oficinas en las ciudades de Saltillo y Monterrey, y le adeuda el 60 por ciento, correspondiente a 3 millones, pero la PGR argumenta que dicha empresa norteña tiene penalizaciones equivalentes a 1 millón de dólares, dinero que primero tiene que pagar a la Secretaría de Hacienda para después poder cobrar el adeudo.
Esta deuda es negociada directamente por el procurador Murillo Karam, quien hizo la oferta a los directivos de la empresa Rajet de pagarles sólo 1 millón de dólares y finiquitar el contrato, lo cual fue rechazado y hay amenaza de demanda por incumplimiento.
Aunque se contaba con el presupuesto suficiente para mantener volando a dicha flota aérea, lo cierto es que trabajadores de la PGR se dedicaron a desmantelar los aviones y helicópteros y convertirlos en chatarra, o como dicen en el argot de la aviación, los aparatos de vuelo eran sujetos del “canibalismo”: les quitaban las piezas buenas para armar otras aeronaves, lo que impedía tener un control eficaz de éstas.
¿Qué hicieron los funcionarios responsables del manejo de esos recursos públicos? La única explicación que hay es el desvío de dinero y el enriquecimiento ilícito de directivos, administradores, almacenistas, pilotos y mecánicos de la PGR.
Uno de los dos legajos corresponde a la investigación del Órgano Interno de Control, en donde aún se espera finque sanciones administrativas a oficiales mayores, directores de servicios aéreos, pilotos, mecánicos y otros funcionarios que despacharon en los últimos 6 años en esa Procuraduría.
Un segundo legajo con cientos de expedientes se integra en la Visitaduría General de la PGR, a cargo de María Concepción Cornejo Oliver, quien es la responsable de dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas por probables actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
En las averiguaciones previas que ahí se integran por el uso indebido de miles de millones de pesos, se pretende fincar responsabilidades penales a quienes hayan abusado de su cargo y se hayan enriquecido ilícitamente con el dinero público.
El problema de la flota aérea de la PGR era de tal dimensión, que el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el gobierno anterior, Dionisio Pérez-Jácome, advirtió a la entonces procuradora Marisela Morales que dejara de utilizar esos aviones porque eran un peligro y podría tener algún accidente en cualquier momento.
Aunque en enero de 2012 la SCT envió un documento oficial a la PGR en donde daba cuenta de las fallas en cada una de las aeronaves de esa dependencia, y también sugería retirar del aire a toda la flota, el entonces director general de Servicios Aéreos de la Procuraduría, Pedro Alberto Alcalá López, le decía al oficial mayor Enrique Girón Zenil que todo estaba bien con los aviones y que no había que hacer caso a las recomendaciones de Comunicaciones y Transportes.
Aunque ya no hay aviones en la PGR que puedan volar, una mala señal en esa dependencia fue la designación como director general de Servicios Aéreos de Jaime Alcántara Silva, exdiputado federal priísta y exsecretario particular de Beatriz Paredes, quien su conocimiento sobre el tema de los aviones se limita a viajar en líneas comerciales. Lo que revela que el problema no tiene solución y la pregunta es cómo transportaran ahora a reos de un penal a otro, pues ésa era la principal función de los aviones y helicópteros oficiales.
Una anécdota que les gusta recordar a los trabajadores de la PGR fue cuando la procuradora Marisela Morales se dirigía a Chile y recibió una llamada de México que le advertía que el avión oficial en el cual viajaba estaba reportado como peligroso para volar, pues tenía el parabrisas astillado, lo que podría provocar que el aparato se colapsara en el aire y explotara. En ese momento la aeronave había hecho una escala en Ecuador y Marisela Morales decidió que el avión siguiera su viaje, pero se aseguró de que ninguno de sus acompañantes de enterara del reporte que un subalterno le había dado. Para el regreso de Chile, la procuradora y las otras personas que la acompañaban decidieron abordar otro avión.
En la gestión de la exprocuradora había 300 pilotos contratados para tripular sólo 30 aviones que se utilizaban, pero lo más grave es que ninguno de ellos había pasado el examen de confianza que en la PGR es indispensable. En el último año del gobierno de Calderón, Marisela Morales cesó a 195 pilotos.
*Periodista
Fuente: Contralínea 339 / junio 2013

Trasnacionales, permisos para sembrar 2 millones de hectáreas de algodón transgénico

México ha concedido a trasnacionales 359 permisos para la siembra de algodón transgénico. Más de la mitad fueron emitidos durante el gobierno de Felipe Calderón, quien –al frente del Poder Ejecutivo– aprobó las solicitudes para la siembra experimental, piloto y comercial en 2 millones de hectáreas en 10 estados de la República. La superficie aprobada equivale al territorio de países enteros, como El Salvador o Belice. Monsanto y Bayer son las principales beneficiarias. A la primera se le autorizaron, tan sólo para siembra comercial, 350 mil hectáreas. Otras 13 solicitudes de estas dos trasnacionales se encuentran en etapa de análisis y el gobierno de Peña Nieto deberá decidir si las aprueba o las rechaza. México es centro de origen y diversidad genética del algodón, sin embargo hasta ahora no se ha emitido medida alguna para proteger a las especies nativas de la contaminación transgénica.

El gobierno federal ha otorgado 359 permisos para la liberación al ambiente de algodón genéticamente modificado en territorio nacional, a petición de Monsanto, Bayer, Dow AgroSciences y Pioneer Hi-Bred, revelan las bases de datos de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Las autorizaciones posibilitan la siembra experimental, piloto y comercial en, al menos, 2 millones 206 mil 836 hectáreas, reconoce la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en respuesta a una solicitud de información presentada por Contralínea.
Más de la mitad de los permisos fueron emitidos durante la gestión de Felipe Calderón, quien al frente del Poder Ejecutivo aprobó 187 solicitudes para la siembra en más de 2 millones de hectáreas. La superficie es equivalente a países como El Salvador, Israel, Eslovenia o Belice.
De acuerdo con la revisión hecha por Contralínea, Monsanto y Bayer –a través de sus filiales en México: Monsanto Comercial, SA de CV, y Bayer de México, SA de CV– han sido las mayores beneficiarias. Tan sólo en fase comercial, a la primera le fueron concedidos cinco permisos para liberar su semilla sobre una superficie de 350 mil 500 hectáreas.
Al menos a partir de 2007, de las 187 solicitudes autorizadas por el gobierno de Felipe Calderón, 103 se otorgaron a la trasnacional Monsanto y 84 a la farmacéutica alemana Bayer. Previamente, en el último año de su administración, el gobierno de Vicente Fox había otorgado 22 permisos a Monsanto.
Lilia Aguilar, diputada federal por el Partido del Trabajo e integrante de la Comisión Especial para Dar Seguimiento a las Prácticas Monopólicas y Regulación de Mercados, insta a la Comisión Federal de Competencia a abordar el tema de los transgénicos y a revisar el papel de las trasnacionales dedicadas a su producción. Lo anterior, “aunque el tema no forme parte de la agenda de dicha Comisión, pues desgraciadamente sólo se dedica a dar opiniones”.

México, centro de origen y diversidad del algodón
A partir de 1995 las trasnacionales Monsanto, Bayer, Dow AgroSciences y Pioneer Hi-Bred han ingresado solicitudes al Senasica para la introducción de su producto biotecnológico.
Desde entonces, el órgano dependiente de la Sagarpa “no ha encontrado inconveniente alguno” para que la semilla patentada, resistente al ataque de lepidópteros y tolerante a herbicidas, se venda a los productores de 10 estados de la República: Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California, Veracruz, San Luis Potosí, Colima, Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León.
No obstante, el país es centro de origen y diversidad genética del algodón Gossypium hirsutum L. Además, de las 13 especies que existen en el Continente Americano, 11 crecen en México, divididas en seis unidades geográficas que comprenden ocho metapoblaciones, explica Ana Wegier, doctora en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México.
El hecho obliga a las autoridades –por ley– a proteger la especie, y sus variedades, “por ser un valioso reservorio de riqueza en moléculas y genes para el desarrollo sustentable del país”, como lo señala el artículo 9 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
En los artículos 86, 87 y 88, la misma ley mandata a las autoridades de la Sagarpa y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a determinar las áreas geográficas en las que se localicen las especies de las que México sea centro de origen y de diversidad genética. Además de expedir las medidas necesarias para la protección de dichas especies y áreas geográficas.

Tras 18 años de la introducción de variedades de algodón transgénico en México, el mapa de localización así como el estudio y las medidas para la protección del Gossypium hirsutum no han sido expedidas. El resultado: presencia de transgenes en las poblaciones silvestres, fenómeno comúnmente conocido como contaminación transgénica.
Wegier logró documentar la presencia de transgenes en las poblaciones silvestres de algodón en su centro de origen y diversidad. A través de la prueba de ELISA (sigla del inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas), la experta detectó 18 de los 21 eventos aprobados en México en las especies silvestres.
La tesis de Wegier Briuolo, Diversidad genética y conservación de Gossypium hirsutum silvestre y cultivado en México, fechada en enero de 2013, permite asegurar que los transgenes ya se encuentran en cuatro de las ocho metapoblaciones.
Uno de los hallazgos más importantes de la investigación radica en establecer que las barreras por distancia no son una medida de bioseguridad en el caso del algodón. Pues, pese a la distancia, ha habido flujo de transgenes a las poblaciones silvestres.
A partir de ello, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) ha emitido opiniones negativas para la siembra de algodón genéticamente modificado, dicen a Contralínea –en entrevista– Elleli Huerta, coordinadora de Recursos Biológicos y Genéticos, y Francisca Acevedo, coordinadora de Análisis de Riesgo y Bioseguridad.

A decir de Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Cibiogem, el flujo de polen es natural y la presencia de transgenes en las poblaciones nativas no representa un riesgo per se. “Sí hubo flujo, pero no nos han dicho dónde está el daño, cuál es la consecuencia de la presencia de esos genes… En la Cibiogem seguimos esperando que nos digan cuál es el riesgo”.
—Y en lugar de esperar, ¿no tendrían que ser ustedes quienes desarrollen esa investigación? –se le cuestiona.
—La Cibiogem no es un centro de investigación; nosotros apoyamos con recursos aquellas investigaciones que van a generar el conocimiento necesario para la toma de decisiones.
—¿Ya hay proyectos aprobados en ese sentido?
— De algodón no ha llegado ninguno. Absolutamente ninguno.
—Tomando en cuenta que son ya más de 18 años de siembra de algodón genéticamente modificado, ¿no tendría que hacerse esa investigación antes de que se sigan autorizando?
—Yo creo que las investigaciones deben tener una razón; sí hubo flujo… pero dónde está el daño, cuál es la consecuencia, quién nos dice que va a pasar algo; son genes.
—Tampoco tienen certeza de que no va a pasar nada…
—Como no sabemos que no va a pasar nada, ¿mejor no lo hacemos? Ese tipo de filosofía no se vale. Así no funciona la ciencia.
—Si en otros 15 años nadie se interesa por hacer una investigación al respecto, ¿se va a continuar autorizando?
—Si en 15 años nadie se interesa probablemente será porque ya tendremos 30 años de experiencia y sabremos que por ahí no van los riesgos; eso es lo que yo esperaría.
—No aplica entonces aquí el principio precautorio.
—El principio precautorio dice que cuando no se tiene la certidumbre total tienes que buscar y encontrar el conocimiento. Cuando no lo tienes no puedes decir ni que es seguro ni tampoco que el riesgo es muy alto… No dice que no se haga.

Álvarez Morales dice a Contralínea que de lo único que sí hay certeza es de los “beneficios” que ha traído el algodón transgénico. “De eso sí hay datos”, apunta desde su oficina en la colonia del Valle, en el Distrito Federal.
Entre los beneficios que enumera está la recuperación de la industria algodonera y que de 1998 a 2010 se hayan dejado de aplicar, por lo menos, 153 mil 409 kilogramos de compuestos químicos e insecticidas a los cultivos de algodón.
La Sagarpa coincide en ello. En respuesta a la solicitud de entrevista hecha por Contralínea, la Secretaría envió vía correo electrónico un documento en el que indica que se recuperó una producción que a mediados de la década de 1990 casi desaparecía, se redujo de 13 a sólo tres aplicaciones de insecticidas, como también la cantidad de herbicidas aplicados para el control de maleza.
Ariel Álvarez subraya que en la Cibiogem “no se vale que prevalezca la opinión de una sola de las partes. La opinión de la Conabio será bienvenida pero no es un elemento de peso suficiente para que detenga el uso de una tecnología que está siendo útil”.
Para el investigador, el órgano intersecretarial de bioseguridad también debe escuchar a las secretarías de Agricultura y de Economía, y lo que para ellas significa la introducción de los transgénicos.
Sobre la falta del establecimiento de los polígonos sujetos a protección, Ariel Álvarez no tiene prisa. Dice a Contralínea que habrá que proponerlo, pero antes “tenemos que averiguar de qué los vamos a proteger”.
—Pero también dice que no hay investigaciones al respecto, entonces ¿cuándo sabremos y cuándo se cumplirá la ley?
—Los materiales que hay ahorita no nos dicen que haya un problema tal que se tengan que proteger esos centros de diversidad.
—A diferencia del algodón, en el caso del maíz ¿han identificado riesgos como para que ahí sí se hayan trazado los polígonos de protección?
—Lo que pasa es que el maíz tienen una connotación muy diferente para este país. Es un alimento básico para los mexicanos y las áreas para el uso son mucho más grandes. Los recursos se tienen que destinar a las prioridades. Le estamos poniendo más énfasis al trabajo del maíz por lo que representa.

Medidas de mitigación, inexistentes

Álvarez reitera que el flujo de transgenes no es un riesgo. “Que no nos guste está bien, pero para eso hay medidas de mitigación”. Las medidas de mitigación a que se refiere derivan del monitoreo al que están obligadas las autoridades mexicanas.
Acordada su creación desde mayo de 2008, la Red Mexicana de Monitoreo de Organismos Genéticamente Modificados, dependiente de la Cibiogem, no ha iniciado sus labores, tal como lo reconoce Álvarez Morales.
—¿En qué trabaja la Red?
—Lo primero que tiene que hacer para terminar de consolidarse es establecer cuáles van a ser las metodologías. Hasta ahorita el monitoreo lo han hecho a través del Senasica pero no necesariamente a través de la Red. Tenemos ya el programa y el dinero y estamos echando a andar el proyecto.
—Pero hasta ahora no se ha monitoreado nada…
—Ahorita no. No a través de la Red.
—¿México tiene la capacidad de monitorear y remediar?
—Para eso fue instalada la Red Mexicana.
—¿Y para cuándo se tiene pensado que ya empiece a hacer monitoreo?
—Cuando nos digan las autoridades competentes; es para auxiliar a la Sagarpa, Salud, Semarnat, pero debe sostenerse sobre una hipótesis de riesgo. Aunque el investigador sostiene que México cuenta con la capacidad de hacer monitoreo y remediación, José Sarukhán Kermez, coordinador nacional de la Conabio, piensa lo contrario.
En entrevista con Contralínea, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (1989-1997) considera que mientras no se cuente con esa capacidad, debieran detenerse las autorizaciones para la liberación de transgénicos al medio ambiente.
La razón, coinciden Elleli Huerta, Francisca Acevedo y Ana Wegier, es que “aún se desconocen las consecuencias que pudieran tener sobre las especies y las interacciones que éstas sostienen en los ecosistemas en que habitan”.
Importancia del algodón
De acuerdo con la investigación de Wegier, hasta la fecha se han liberado al ambiente plantas genéticamente modificadas de algodón en 14 países, incluido México. Se trata de la fibra natural más utilizada y la tercera fuente de aceite vegetal. Ocupa el sexto lugar mundial de superficie cultivada. Y el algodón genéticamente modificado es el tercer lugar de los cultivos biotecnológicos más sembrados.
De las cuatro especies de algodón domesticadas, Gossypium hirsutum ocupa el 95 por ciento de la producción actual y la mayoría de las poblaciones silvestres de esta especie habitan en México.

Etapas experimental y piloto superan comercial

De acuerdo con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la liberación comercial es el último peldaño de un proceso que, antes, comprende las etapas experimental y piloto. Mientras que la etapa comercial tiene fines industriales y no requiere medidas de contención, la etapa experimental requiere barreras de contención y su único fin es de investigación.
Aunque en México se cultiva algodón genéticamente modificado desde hace 18 años, fue en 2010 cuando el gobierno federal permitió la primera siembra comercial. Monsanto obtuvo la autorización para liberar la semilla en 9 mil 500 hectáreas de las regiones algodoneras de Chihuahua, Coahuila y Durango.
No obstante que el permiso es el primero en etapa comercial, en las etapas experimental y piloto las trasnacionales han logrado autorizaciones para liberar su semilla en superficies mayores.
Ejemplo de ello es que en fase experimental, durante 2008, a Bayer se le permitió la liberación en 30 mil hectáreas y Monsanto obtuvo permiso para liberar al ambiente semilla de algodón modificado en 18 mil 152 hectáreas en Chihuahua.
En 2011, en fase piloto se le autorizó a Bayer liberar la semilla en superficies de hasta 60 mil hectáreas en Chihuahua, 35 mil en Baja California y Sonora, 25 mil en Coahuila y Durango, y 20 mil en Tamaulipas. Para Monsanto, las autorizaciones en este rubro correspondieron a una superficie de 25 mil hectáreas también en Tamaulipas.
Monsanto obtuvo permisos para liberar algodón modificado, en fase experimental, durante 2012, sobre superficies de hasta 40 mil hectáreas de Sinaloa, 25 mil de Chihuahua, Coahuila y Durango; y Bayer, en 15 mil hectáreas de Sinaloa.
En fase piloto, las autorizaciones entregadas a Bayer alcanzaron las 100 mil hectáreas en Chihuahua, 100 mil hectáreas más en Baja California y Sonora, 50 mil en Tamaulipas, 50 mil en Coahuila y Durango, y 20 mil en Chihuahua y Coahuila.
Nuevas peticiones

En los próximos meses, la administración de Enrique Peña Nieto deberá decidir si aprueba o rechaza 13 solicitudes que se encuentran en etapa de análisis y que fueron ingresadas entre 2012 y 2013, seis de ellas realizadas por Monsanto (cuatro en etapa experimental y dos, en comercial) y siete por Bayer (todas en etapa experimental) para un total de 194 mil 150 hectáreas.
Aunque los diputados federales, presidente e integrantes de la Comisión de Agricultura, los priístas José Antonio García, José Rubén Escajeda y Blas Ramón Rubio, y el perredista Pedro Porras; y la diputada ecologista Lourdes Adriana López, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, coinciden en que el tema debe discutirse en el Congreso, con voces de especialistas e instituciones de investigación para revisar los permisos hasta ahora autorizados y los que se encuentran en etapa de análisis, el gobierno federal podrá autorizar las solicitudes en cualquier momento: la ley no lo obliga a llevar el tema a discusión pública.
3.5 millones para Monsanto al año
A través del programa algodonero de la Alianza para el Campo, desde 1998 y hasta 2002 el gobierno federal apoyó directamente la siembra de alrededor de 42 mil hectáreas de algodón transgénico y pagó a Monsanto más de 14 millones de pesos, denunció en 2002 Ana de Ita, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.
Según dio a conocer la investigadora en el diario La Jornada, el programa apoyó explícitamente la compra de la semilla transgénica y el pago de regalías a Monsanto en nueve estados productores del Norte del país. “Después del primer año de la Alianza con Monsanto, aumentó 70 por ciento la superficie de algodón transgénico, y 10 por ciento de los productores adoptaron esta tecnología, cuando anteriormente sólo la utilizaba 3 por ciento de ellos.”
La investigadora dio a conocer que, en términos reales, Monsanto recibió alrededor de 15 por ciento de los recursos destinados al programa. En promedio 3.5 millones de pesos anuales, 10 veces el monto tope de 350 mil pesos por beneficiario individual definido por el programa.
Aclaró que el cultivo del algodón transgénico representa costos de producción más altos; la semilla es 25 por ciento más cara que la no transgénica y el pago de la licencia es de 80 dólares por hectárea. El gobierno mexicano subsidia a Monsanto con 45 por ciento del valor de estos insumos, en 40 por ciento de la superficie sembrada con algodón transgénico, y le permite obtener el resto del bolsillo de los productores. El subsidio permite que los costos de la semilla transgénica más la licencia se reduzcan, pero representan más del doble del costo de la semilla convencional, que no paga licencia ni tiene apoyos estatales.
“Es uno de los casos típicos de apoyo con recursos públicos a intereses privados.”

Embajada estadunidense quiere sembrar algodón transgénico en México
En 2009, la Embajada de Estados Unidos en México ingresó dos solicitudes al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria –dependiente de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación– para sembrar algodón genéticamente modificado. Las peticiones, para liberar al ambiente los eventos 281-24-236 x 3006-210-23 y MON-88913-8 en un área de más de 5 hectáreas, fueron negadas.
Sobre el tema, Pat Mooney –director ejecutivo del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración o Grupo ETC, Premio Nóbel Alternativo 1985 y exmiembro del comité asesor internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura– se muestra sorprendido: “No lo sabía y me parece tremendo. Eso querría decir que usan a México como conejillo de indias para hacer experiencias de siembra”.

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Fuente: Contralínea 339 / junio 2013
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Lo que no contó la TV (11 de septiembre)

Junio 2001 William Cooper advertía
Que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían
Pero el líder no sería responsable del ataque
De bandera falsa armada que muy pronto ocurriría
Bill pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba
Y de repente CNN publicaba con su cara
Una entrevista muy osada realizada en su escondite
Para amenazar al Norte en un recado cero creíble

Pero no lo contó la TV

11 de septiembre 2 aviones comerciales
Eludieron los radares arrasando 3000 almas
La seguridad más grande del planeta fue burlada
Por un grupo de rebeldes con navajas talibanes
Nunca había ocurrido antes que colapse un edifico
Y se derrita en caída libre cual si hubiese un precipicio
Claramente cada torre fue un derrumbe controlado
Se llama Nanotermita el componente utilizado

Pero no lo contó la TV

Humo negro destilaban porque oxigeno faltaba
Y eso revelaba que al ardor ya poco le quedaba
Nunca pudo comprobarse la teoría del colapso
Cada dato del informe resultó manipulado
7 horas transcurridas de las torres ya caídas
Y un tercero se desploma el World Trade Center Seven
El motivo del derrumbe no hay manera que lo prueben
Sin lugar a dudas otra detonación asistida

Pero no lo contó la TV

Los testigos que escaparon padecieron explosiones
En los pisos inferiores alejados del impacto
Unas angulares puntas en las vigas que quedaron
Acusaron un meticuloso método de corte
Que es exactamente el modo en que un derrumbe se organiza
Para conseguir la convergencia que se hace cenizas
Porque no hay forma en que tanto acero en bloque se derrita
Sin embargo hierro líquido cayendo se veía

Pero no lo contó la TV

No se hallaron casi cuerpos por la fuerza del colapso
Pero un pasaporte intacto en las ruinas encontraron
Por supuesto era de un terrorista ya identificado
Un seguro responsable y coautor del atentado
A 3 días y sin pruebas 19 son culpados
Todos ellos musulmanes radicales conocidos
Del grupete de suicidas 6 aún estaban vivos
Nunca fueron retirados del legajo de imputados

Pero no lo contó la TV

Un boeing 757 que no pudo ser filmado
Hizo un hueco en el pentágono de 5 metros magros
Tan preciso fue el impacto que bordea en el milagro
38 metros de metal fueron gasificados
Solo un caza logra un giro de dos siete cero grados
Y aun así es una proeza yendo a 800 por hora
El lugar más impermeable del la historia fue violado
Penetrado por un aviador novato, flor de mago...

Pero no lo contó la TV

Hubo un 4to avión raptado del que dicen fue estrellado
Por los mismos tripulantes que se habían amotinado
Pero hay quienes escucharon los misiles y el impacto
Que regaron 8 millas del avión en mil pedazos
Siendo el peor ataque terrorista nunca visto
Se ignoraron todas las medidas que usualmente aplican
Para colmo el protocolo de defensa letifican
Meses antes para hacer aún más turbio el acertijo

Pero no lo contó la TV

Cada jefe negligente militar que estaba al mando
Consiguió ser promovido a un cargo superior en rango
La familia de Bin Laden exiliada de un plumazo
Y un Osama mal doblado adjudicándose el trabajo
Al Qaeda es un invento de la CIA que entrenaba
Guerrilleros en países con terrenos petroleros
Varios adiestrados en la tierra norteamericana
Que ahora los declara ser el cuco que nos mete el miedo

Pero no lo contó la TV


Steve Pieczenik un alto estratega de estados unidos
Reveló que Osama en dos mil dos ya estaba fallecido
Por un serio problema renal que incluso ya durante
La administración de Clinton lo tenía agonizante
Todo el terrorismo que la prensa publicita a full
Fue gestado en la gobernación de Carter y de Bush
Ya también lo ha utilizado Obama con el mismo fin:
Limitar las libertades, los derechos e invadir.

Pero no lo contó la TV

Es tan obvio que debajo del la ruina que dejaron
Hay más mierda que la que jamás hemos imaginado
No sabemos quien gobierna este mundo en el que estamos
Ni por qué clase de seres hemos sido dominados
Somos un rebaño de ignorantes muy bien adiestrados
A pagar por cada cosa del planeta que habitamos
Tristemente lo aceptamos sin siquiera cuestionarlo
Porque estamos del comienzo totalmente programados

Pero no lo dirá la TV
Porque no lo contó la TV
No lo contó la TV
Pero no lo contó la TV