El rey de la madera de Wisconsin acostumbraba amontonar y vender políticos en la misma forma que amontonaba y vendía leña.
Compañía de Ladrones Unidos… Es un monopolio… Están trabajando para una pandilla de ladrones.
No seas como el perro del cuento. No muerdas las manos del amo.
El aire que respiraba en los salones del comité, en las cámaras legislativas, el olor a suciedad de los políticos.
Dice John Dos Passos en su novela La primera catástrofe (1919): “Un
orador hablando desde la Cámara de una república perdida que nunca había
existido”.
Nostálgico del sistema presidencialista fuerte, omnímodo, desde la
máxima tribuna de la llamada república, un orador evoca la
rehabilitación de la potestad rectora del Estado perdida durante la
pesadilla teocrática panista, abyectamente entregada al vasallaje y la
rapiña de los grupos de poder internos y externos, en particular de los
oligárquicos, a cambio de su fallido respaldo para tratar de mantenerse
en el gobierno, cuidándose, desde luego, de señalar que su
debilitamiento no fue iniciado por los panistas. Ellos sólo continuaron
el proceso de socavamiento iniciado por la triada priísta gobernante
antecesora, en especial por el socialmente despreciable Carlos Salinas
de Gortari, cuya tenebrosa sombra se proyecta sobre Enrique Peña Nieto.
En justicia, empero, debe añadirse, que alternándose, priístas y
panistas actuaron e intervienen al alimón.
El tribuno restaurador y sus pactistas invocan la Constitución y
tallan su articulado en sus propuestas de reformas estructurales
neoliberales: el 25 (el Estado planeará, conducirá, coordinará,
orientará y fomentará la actividad económica); el 27 (corresponde a la
nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio
nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional;
dicho dominio es inalienable e imprescriptible y la explotación y el
aprovechamiento de los bienes de la nación sólo podrán realizarse
mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, según las leyes
establecidas); el 28 (en caso de interés general, el Estado, sujetándose
a las leyes, podrá concesionar la prestación de servicios públicos o la
explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la
federación); o el 134 (los recursos económicos del Estado deberán ser
administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez).
En el caso de las telecomunicaciones, además, se invocó el artículo 4
de la ley en la materia: “la radio y la televisión constituyen una
actividad de interés público, por lo tanto, el Estado deberá protegerla y
vigilarla para el debido cumplimiento de su función social”.
Los alegres pactistas festejaban anticipadamente su curiosa
democratización del sector y el tañer de las campanas que supuestamente
doblarán a duelo por la muerte de los monopolios de Televisa, Tv Azteca y
Telmex, al aprobar una ley que aún mantendrá su hegemonía oligopólica, y
cuyo ocaso en el tiempo es incierto. Que en el mejor de los casos, sólo
atemperaría su omnipotencia, dada las llamadas “barreras a la entrada”
(restricciones que enfrenta toda empresa al ingresar, adaptarse y
competir en un sector productivo y un mercado monopolizados: montos de
inversión; escala y costos de producción, laborales, administrativos y
de venta; tipos de productos; canales de distribución y gastos para
captar clientes, entre otras). Que mejorará la calidad de la televisión a
través de la competencia “democratizadora” y desnacionalizadora de dos
cadenas oligopólicas más que disputarán rabiosamente el control de la
industria y el mercado como lo hacen Televisa y Tv Azteca en contra de
Telmex y demás corporaciones, y perpetuará la marginalidad de la pública
y las sociales que puedan construirse.
Pero como agrega Dos Passos, “el porvenir de la democracia reformada,
pintado con todos los colores del arcoíris, reventó como una pompa de
jabón con un alfilerazo”.
“El encanto se había quebrado”. Acabó con “la ilusión del poder” (ibíd).
En un juego de lactantes, un simple pinchazo oligárquico hizo
estallar la pompa del glamoroso encanto. Un discreto manotazo en la mesa
evidenció dónde está el poder económico-político, el cual obligó a la
casta política a someterse apresuradamente a las exigencias del Dominus y
retrasar el inicio de la última fase del proceso de transición de las
transmisiones analógicas a las digitales.
Fue suficiente que Emilio Azcárraga Jean enseñara sus ofídicos
colmillos. Ordenara a su fámulo Javier Tejado Dondé, vicepresidente de
Televisa, colocar un inocente cintillo en las pantallas locales de sus
empresas (Gala Tv, los canales 5, 12 y de las Estrellas), parte del cual
remitía al “ayuntamiento de Tijuana” a los afectados por el “apagón” de
la televisión analógica, aun cuando sabía que en ese lugar nada se
resolvería porque nada tenía que ver en el asunto, y que se generaría un
irrelevante tumulto artificial, el cual amplificaron mediáticamente en
su beneficios. Y soltara su jauría: Alejandro Puente, presidente de los
cableros, que calificó el “apagón” como “desastre analógico”, o Federico
J González Luna, asesor de los cableros y telediputado de la Comisión
de Radio y Televisión, y sus hordas de desinformadores, para que
descalificaran el proceso y lincharan a los burócratas de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en especial a su presidente
Mony de Swaan, en nombre del nebuloso “interés público”, de los
miserables “jodidos” que quedarían marginados de la digitalización, su
telebasura o los viscerales lavados de cerebro de los Loret de Mola,
López Dóriga, Gómez Leyva y demás fauna.
La petición de la cabeza del indefendible De Swaan, patiño del
Herodes Juan Molinar, no es nueva. En 2012 otro palafrenero de
Azcárraga, Manlio Fabio Beltrones, ya la exigía, luego de su fracasado
intento por imponer en el Congreso la llamada “ley Televisa”. Beltrones
acusaba al panismo de “capturar” transexenalmente a la Cofetel con De
Swaan. Lo mismo dijo Luis Téllez cuando Héctor Osuna, el empleado de los
cableros, ocupaba ese puesto. ¿Se desgarrarán las vestiduras ahora que
Peña hará lo mismo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones?
Su propósito apenas ocultado era descarrilar la tersa transición a la
era de la televisión digital y no dudaron en manipular siniestramente a
“esa clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida”, según se
refería con desprecio Emilio Azcárraga Milmo, y que consideraba que
“para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y
sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil”. El objetivo es
obvio: retrasar lo más que se pueda los cambios –¿por qué no incluso
pensar en su aborto?– para evitar la competencia y mantener los
privilegios monopólicos de Televisa o Tv Azteca, la fuente de sus
ganancias y su poder político.
Fue un movimiento desestabilizador, conspirativo en toda regla, en el cual son versados.
Y el Ejecutivo y el Legislativo, ipso facto, cedieron a la presión y el chantaje.
¿Dónde quedó la dignidad del supuesto poder político arbitralmente restaurado y la rectoría estatal?
Sin embargo, no deja de llamar la atención, primero, la ausencia de
Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, a la ceremonia del apagón organizado con pompa y
circunstancia por la Cofetel; y después, lerdos en los casos, Andrés
Granier, la guardería ABC o de los desaparecidos, por ejemplo, el
inmediato reculón, en cascada, de Peña Nieto, Ruiz, Lorenzo Córdova –al
cabo, el padre, respetado militante de izquierda, no es responsable si
falló la doctrina o la ética–, o Marco A Baños y Benito Nacif, del
Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, a quienes
les tocó asumir el papel de bufones, encargados de construir el cómico
argumento para justificar la postergación de la desconexión hasta
después de las elecciones locales.
Todo funcionó como si se siguiera un guión previamente escrito. Como
si la decisión hubiera sido negociada previamente en las catacumbas y a
Azcárraga se le encomendara la tarea de fabricar la risible coartada
escenográfica.
¿Fue un montaje?
A menos que la debilidad de la elite política y la necesidad de los
voluptuosos amores oligárquicos (dinero electoral, promoción de
imágenes, relaciones públicas) de Azcárraga y Ricardo Salinas hayan sido
razones más que suficientes para obligarlos a doblar humillantemente la
testuz. ¿O fríamente aceptaron el chantaje, en espera de cobrar
venganza con el ambiguo desmantelamiento de sus monopolios? La
suspicacia se nutre.
La furia oligárquica radica en la eventual reducción de sus ganancias
netas en el futuro (10 mil millones de pesos para Televisa en 2012; 2.3
mil millones para Tv Azteca). Azcárraga y Salinas Pliego eran felices
cuando la meta final de la transición fue fijada en 2021, ya que les
permitiría maximizar monopólicamente la ordeña del sector, con la
posibilidad de diferir más adelante la fecha. Pero Felipe Calderón, que
les dio todo lo que querían, los irritó al decretar el término en 2015.
Para colmo, la nueva ley sectorial los obligará a compartir el pillaje
con otros dos consorcios.
La coartada fue digna de lisiados mentales. Supuestamente se
horrorizaron porque el 7 por ciento de la población tijuanense estuvo a
punto de quedar excluida del servicio digital, pese a que se había
aceptado el 90 por ciento como un nivel adecuado para continuar con el
proceso. Se les “olvidó” que, según el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, el 5.7 por ciento de los hogares del país no cuenta con un
televisor. Que la misma Televisa, en su informe de 2012 entregado a la
Bolsa Mexicana de Valores, lo calcula en 9 por ciento del total (unos 27
millones). Que sólo el 29.7 por ciento (8.3 millones) recibe el
servicio de televisión restringida. Que apenas el 13.2 por ciento cuenta
con un televisor de pantalla plana que puede recibir señales la
transmisión digital. Que el porcentaje oscila en 19.5-26.2 por ciento en
Baja California, Estado de México, Distrito Federal y Nuevo León, y en
2.5-6.2 por ciento en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Tabasco,
Tlaxcala y Durango. ¿Esos datos serán suficientes para justificar la
postergación indefinida? ¿Por qué no propuso la manera de evitar que las
elecciones interfieran en la transición?
Los peñistas mantienen la generosidad del sistema a sus hijos
predilectos. Por ejemplo, a Televisa, quien sólo pagó 343 millones de
pesos de los 3 mil 334 millones que adeudaba al fisco por concepto de
créditos fiscales. También toleran que su filial Cablemás excluya de su
programación a la televisora del gobierno del estado de Guerrero, según
denunció el comunicólogo Gabriel Sosa Plata. Que Megacable, de la
familia Bours, hiciera lo mismo con más de una decena de canales
estatales en diferentes entidades de la República. Que exista una lista
negra de televisoras estatales, públicas y universitarias, las cuales
han sido expulsadas de unos 80 sistemas de televisión por cable (Tv
UNAM, Once Tv, Televisión Mexiquense, Telemax de Sonora, Telemichoacán,
Canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, Canal 9 de la
Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, entre otras).
El escándalo de Tijuana fue una farsa. Un espectáculo hechizo, típico
de la adulteración de la realidad ejercida por los medios. Recuérdese
el papel de las televisoras privadas en Venezuela. Para ellas, primero,
no existió el fallido golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, en el
cual participaron activamente. Luego falsearon las imágenes para endosar
a los chavistas los asesinatos cometidos por los golpistas y,
finalmente, abrieron sus pantallas e intentaron asaltar el Estado. O la
actual estrategia de desestabilización que realizan en contra de la
presidenta Cristina Fernández, en Argentina, quien, a diferencia de
México, avanza en el desmantelamiento de los monopolios de las
telecomunicaciones y en su democratización, al conceder un tercio del
sector al Estado y otro a la sociedad.
El hecho rememora a Jean Baudrillard y su trabajo La guerra del Golfo
no ha tenido lugar. Según Baudrillard, el poder político-económico ha
creado lo que llama un “espacio hiperreal”: las estrategias de
simulación determinan la actual condición del mundo social y político,
en la que los hechos, como si ocurrieran en un territorio casi
fantasmal, mediatizado por los medios, se comportan como simulacros y
acaban siendo vividos como simple espectáculo, donde la sociedad,
manipulada por los medios de comunicación, es incapaz de distinguir la
realidad de la fantasía. La razón es bloqueada y blanqueada por la forma
en que los medios cubren la realidad, a la que vacían de contenido, o
la modelan de acuerdo con los intereses del estatu quo. La noticia se
hace omnímoda y opaca al mismo tiempo.
*Economista
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Fuente:
Contralínea 339 / junio 2013
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