Los marcos convencionales de explicación
de lo que sucede tanto en el Estado español como a nivel internacional
cada vez se ven más desbordados por los acontecimientos. Desde que
estalló la crisis capitalista, ésta ha actuado como acelerador del
tiempo político, ha abierto grietas y brechas que serán difíciles de
cerrar o maquillar a largo plazo por los poderes establecidos.
El descrédito brutal de los dirigentes políticos, la corrupción
estructural, el austericidio económico, el ataque a los servicios
públicos, la decadencia del régimen constitucional y el malestar social
son signos de una época que preludia profundos desplazamientos
tectónicos del sistema tal cual lo conocemos. La cuestión, pues, que se
nos plantea a las personas anticapitalistas no es baladí: ¿Cómo
construir la alternativa social que sea capaz de derrocar este
capitalismo salvaje? ¿Quién o quiénes serán o son ese sujeto histórico
capaz de canalizar las fuerzas de las clases populares?
Como tentativa de respuesta a estas preguntas está surgiendo lentamente
una idea que yacía en el baúl de los recuerdos, al menos, para gran
parte de la izquierda europea. A veces denostada como “reformista” hoy
emerge como una idea-fuerza atractiva que va ganando terreno en los
sectores más movilizados: El Proceso Constituyente.
Por qué, para qué y cómo un Proceso Constituyente
No es difícil estar de acuerdo con las razones de la convocatoria para un
Proceso Constituyente en Catalunya de Arcadi Oliveres y Teresa Forcades,
de allí, también, que el manifiesto no deja de ser una declaración de
intenciones; seguramente tampoco pretendían otra las personas que lo han
impulsado aparte de remecer un poco el ambiente, a menudo, disperso de
la resistencia callejera. En efecto, aunque en la convocatoria se
explique el
porqué (“el actual modelo económico, institucional y de ordenamiento político ha fracasado”) y el
para qué (“construir un modelo social, económico y político igualitario y participativo”) no se explica el
Cómo.
Si bien se podría decir que los medios se construirán en el “proceso
de reflexión y confluencia amplia” que se lleve a cabo, crear una
candidatura (que no partido político) para presentarse a las próximas
elecciones al Parlament de Catalunya requiere tener algo más que un
consenso de diez o 20 medidas, requiere una estrategia política de
articulación clara y definida entre partidos políticos, movimientos
sociales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos y
ciudadanas; además de confeccionar una guía de ruta para el caso de que
se logre o no los objetivos impuestos; ni que decir en el caso de
obtener una mayoría absoluta.
Como dice Roberto Viciano, catedrático de derecho constitucional y
asesor de los procesos constituyentes en América Latina, el no tener una
formulación constituyente explícita y pormenorizada, avalada por una
mayoría social, podría dar pie al oportunismo político de deformar la
propuesta hasta dejarla irreconocible.
De todas maneras, todo es muy incipiente todavía. Lo que sí está
claro es que una iniciativa de este calibre, si en su trabajo diario es
capaz de generar la confianza suficiente, puede generar muchas sinergias
positivas para emprender masivamente un camino hacia la salida de la
crisis sistémica y crear las condiciones de nuevas formas sociales de
producción. Por lo mismo, aunque el manifiesto de Oliveres y Forcades
tenga como referencia el marco territorial de Catalunya, el potencial
transformador de un Proceso Constituyente desde abajo podría extenderse
hasta el conjunto del Estado español para solidarizarse con las personas
trabajadoras que están en lucha y amplificar así el llamado a la unión
de las mismas. Bajo este criterio quisiera expresar lo que debería y no
debería ser un Proceso Constituyente entendiendo que es una iniciativa
que tiene mucho por recorrer.
Lo que no debería ser un Proceso Constituyente
No debería ser un proyecto electoralista, (de momento parece no serlo).
Esto no significa que, descartada la clásica toma del poder por vía
revolucionaria, nos dediquemos a tareas parlamentaristas para desde allí
cambiar las cosas. Quiere decir que obtener el gobierno no debería ser
su objetivo final, sino un medio más para realizar el proyecto
emancipador elaborado desde abajo. No debería ser un proyecto
“gatopardista”, en el sentido que si bien sea capaz de llevar a cabo
reformas profundas (auditoría de la deuda e impago de la deuda
ilegítima), se duerma en los laureles, como pasó con el gobierno
Kirchner en Argentina o el de Lula en Brasil (combate contra la
pobreza).
Tampoco un Proceso Constituyente debe venderse como la panacea a
todos los males, las soluciones vendrán del poder popular y su capacidad
de resistencia y creación. No debería ser un proyecto vehiculado por
los partidos políticos, esto es, aunque sean partícipes del proceso no
deberían tener más poder de decisión que cualquier otro colectivo
participante dentro del conglomerado de fuerzas populares
constituyentes. Por último, no debería ser un proyecto cerrado para el
futuro, esto es, que deje abierta la puerta para que las generaciones
próximas puedan seguir trabajándolo a partir de sus propias
experiencias, necesidades y condiciones históricas (todo lo contrario de
la actual constitución española).
Lo que debería ser un Proceso Constituyente
Si no es un proyecto electoralista, ¿cómo no caer en su lógica una vez
dentro del sistema?. Esto dependerá, como dijimos más arriba, de la
capacidad de articulación de las diferentes organizaciones de la
sociedad, desde partidos y organizaciones políticas hasta asambleas
vecinales y movimientos sociales en general; de su constitución como
protagonistas del poder constituyente sin caer en liderazgos mesiánicos o
espectaculares (tipo Beppe Grillo). También, dependerá de la
transparencia sin ambigüedades que pueda ofrecer tanto a sus
participantes como a las personas que no lo son (democracia radical).
Debería ser un proyecto con capacidad de hacer frente a las
oligarquías financieras-empresariales estatales y internacionales, lo
que significará el apoyo activo contra los recortes de derechos sociales
que es donde más se forja la
conciencia colectiva. Debería
producir fórmulas de convivencias territoriales que respeten el derecho a
la autodeterminación de las naciones sin estado. Debería constituir una
plataforma que ponga en el centro de su gestión la transformación del
actual estado de cosas en lo político, económico, ecológico y cultural
produciendo y divulgando en la práctica sus alternativas, generando
cultura participativa y anti-represiva a diferentes niveles (municipal,
confederal, etc.) dispuestas a actuar de forma unitaria. Por último,
debería ser un proyecto en el que cada una de las entidades
participantes pueda preservar su autonomía si así lo desea.
En fin, el debate está abierto.
Franco Casanga es miembro de En lluita.
Fuente: En Lucha
Enlace:
http://enlucha.org/site/?q=node/18806
