En el caso de Colombia, podemos dividir la experiencia de búsqueda de
una alternativa distinta, heterodoxa, a la que ha implicado “la
criminalización-militarización” de la “guerra contra las drogas”
mediante una periodización básica:
Jorge Retana Yarto**/ Segunda parte y última
a) La primera etapa, claramente exitosa, comienza en mayo de 1984,
cuando los hermanos Rodríguez Gacha, Ochoa Vásquez y Lehder, socios de
primer nivel de Pablo Escobar Gaviria, jefe del poderoso Cártel de
Medellín, son enviados para entrevistarse con el expresidente de
Colombia, Alfonso López Michelsen, en el Hotel Caesar Park Marriott, en
Panamá, para hacer, por su conducto, una oferta de negociación al
entonces presidente Belisario Betancur (“La tregua fallida de Escobar
según el FBI”, última actualización, 10 de julio de 2012,
www.verdadabierta.com/compon...),
proceso abierto que da como resultado un “acuerdo” en septiembre de
1988. Pero hay tres hechos fundamentales que marcan el final de este
periodo y sepultan el acuerdo alcanzado: la Operación Primavera de la
Policía Nacional de Colombia (ajena al proceso negociador), iniciada en
julio de 1988; el “veto” a la negociación por la segunda administración
de Ronald Reagan, en noviembre de 1988; y el asesinato del candidato a
la Presidencia de la República de Colombia, Luis Carlos Galán Sarmiento
(19 de agosto de 1989, el más grande error de Pablo Escobar), líder del
movimiento disidente del Partido Liberal llamado Nuevo Liberalismo (del
que había sido expulsado el propio Escobar Gaviria en 1981), eventos que
concluyen este primer periodo.
b) La segunda etapa, abiertamente fallida, se caracteriza por dos
claras tendencias que entran en una pugna irreconciliable: el empeño del
Cártel de Medellín y un sector del gobierno colombiano por remontar la
coyuntura del asesinato de Luis Carlos Galán, que propició la nueva
ofensiva militar del gobierno de Virgilio Barco, en cuyo contexto se
produce la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha en diciembre de 1989
(íntimo lugarteniente de Pablo Escobar), la imposibilidad de darle
formalidad y operatividad al principio de “acuerdo de paz” alcanzado, y
el segundo “veto” estadunidense al acuerdo por parte de la nueva
administración de George Bush (enero de 1989), lucha de tendencias que
desemboca en la exigencia de “rendición incondicional” del gobierno para
los capos, dentro de la cual se abre paso una variante: “la rendición
negociada”, a la que sigue la entrega voluntaria de Escobar (junio de
1991) y luego su huida del penal (julio de 1992), coyuntura que finaliza
con su ejecución en diciembre de 1992.
Un macrofactor de enorme gravitación en todo el proceso, junto con el
propio Plan Colombia (colaboración militar con Estados Unidos), es el
antes y el después del Tratado de Extradición (instrumento jurídico de
cooperación judicial para combatir el delito trasnacional) firmado entre
Colombia y Estados Unidos en 1979, aprobado por el Congreso en 1980
durante la Presidencia de César Turbay Ayala (1978-1982, sucesor de
López Michelsen), que entrara en vigor en 1982; a pesar de ello, el
siguiente presidente, Belisario Betancur (1982-1986), rechazó varias
solicitudes de extradición hechas por Estados Unidos aduciendo
“problemas de soberanía”. Y cuando se decide a extraditar, la Sala
Constitucional de la Suprema Corte de Justicia lo impide, al aducir
“irregularidades” (1986). La extradición se reactivó en mayo de 1986 con
Virgilio Barco (Aurora Moreno Torres,“Una reflexión crítica sobre la
extradición en Colombia como debilidad del sistema judicial y político”,
revista Encrucijada Americana, Universidad Alberto Hurtado, 3 de marzo
de 2012, número 1, páginas 51-56,
www.encrucijadaamericana.cl/... a5_n1/3_Editado_UNA_REFLEXION_CRITICA_SOBRE_LA_EXTRADICION_EN_COLOMBIA.pdf).
Los contactos y diálogos de negociación se desarrollaron por canales
oficiosos, pero con el conocimiento de los titulares de la
administración política del país, es decir, de los presidentes de la
República y su tácito consentimiento, ya que tales escenarios
prospectivos duraron más de 8 años. En la entrevista de mayo de 1984 con
López Michelsen, la oferta de negociación contenía lo siguiente:
1. Pagar la deuda externa colombiana estimada en 10 mil millones de dólares.
2. Introducir a Colombia todos sus recursos financieros depositados en el extranjero para ser invertidos en industrias legales.
3. Abandonar definitivamente el negocio de tráfico de cocaína.
4. Amnistía fiscal para sus bienes.
5. Todo, a cambio de que el gobierno colombiano renunciara
definitivamente a la extradición de ellos a Estados Unidos (Miguel
García, Los barones de la cocaína. La historia del narcoterrorismo y su
red internacional, editorial Planeta, México, 1991, página 84).
El contexto sociopolítico y policiaco-militar de la oferta
negociadora fue una ofensiva armada del gobierno del presidente Betancur
luego del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla (30
de abril de 1984), atribuido a la autoría intelectual de Pablo Escobar,
aunque un tribunal de apelación que conoció y juzgó el caso, revocó el
llamamiento a juicio del inculpado por considerar que se “carecía de
elementos de juicio serios” (al respecto Aurora Moreno Torres, obra
citada; también “Escobar, 17 años de historia criminal”, 2 de diciembre
de 1993,
www.eltiempo.com/archivo/doc...).
El magistrado asesinado habría denunciado reiteradamente la
infiltración del narcotráfico en todos los sectores de la sociedad y en
los altos cargos del Estado, y reveló temores de un atentado contra su
vida. Su asesinato fue un hecho socialmente traumático.
Antes de este asesinato, el Cártel de Medellín había dialogado en
Bogotá con el procurador general, Carlos Jiménez Gómez (octubre de
1983), demandando su interlocución para un diálogo de paz y negociación y
concluir el conflicto (capítulo XI “¿Se está ejecutando el Pacto de
Panamá?”, en Los jinetes de la cocaína, Fabio Castillo,
www.derechos.org/nizkor/colo...),
de tal manera que la iniciativa panameña fue una táctica de “doble
interlocución” para avanzar su alternativa, y resultó que en noviembre
de 1986 un grupo de jerarcas de la Iglesia Católica colombiana
ofrecieron su mediación para que “finalizara ya la violencia en
Colombia” (incluían también a las guerrillas izquierdistas y grupos
paramilitares multiplicados, presuntamente, desde el Ejército
colombiano, grupos de terratenientes y de las propias organizaciones de
narcotraficantes), lo que conformaba un escenario caótico de dominio de
la violencia armada.
El Cártel de Medellín dio a conocer ese mismo mes, en la ciudad de
Barranquilla, el comunicado 001, que daba la bienvenida a la postura de
los sacerdotes y reiteraba su voluntad de pactar con el gobierno
circunscribiéndose a ofrecer ante la Iglesia y el pueblo colombiano, “en
forma solemne”, que en cuanto se prohibiera jurídicamente en el país la
extradición a Estados Unidos, suspenderían de inmediato las acciones
militares contra “los extraditadores” (John Jairo Aristizabal, “El Plan
Colombia y Política Antidroga de los Estados Unidos”, Medellín, 2006,
www.mamacoca.org/docs_de_bas...),
sin embargo, no sobrevino ningún otro gesto del gobierno y los capos
ordenaron el asesinato del coronel Jaime Ramírez, quien dirigía la
implacable persecución contra los cárteles (comandos antinarcóticos)
intensificándose con ello las hostilidades armadas.
En mayo de 1988 la mafia buscó mediante un abogado cercano a ellos
–Guido Parra– un interlocutor prestigiado con la finalidad de mantener
el diálogo abierto en Panamá, ahora mediante el exministro Joaquín
Vallejo Arbeláez, de respetable trayectoria pública (aprovechando su
artículo periodístico en donde exhortaba al gobierno a una política de
diálogo con todos los grupos actores en la violencia, reflexionando
sobre una vía que “terminara con el baño de sangre”, puesto que “nada se
pierde con oírlos”); y él, personalmente, aceptó dialogar con los capos
del Cártel de Medellín en junio de 1988, ganando rápidamente otro
aliado importante para esta causa: Germán Montoya, secretario de la
Presidencia.
A Joaquín Vallejo reiteraron los capos una oferta negociadora:
desmontar por completo el negocio de la cocaína y entregar los arsenales
de armas en su poder, a cambio de un indulto por los delitos cometidos y
de una amnistía fiscal para todos sus activos y capital acumulado,
misma que Vallejo transmitió a Germán Montoya como posibilidad de
acuerdo, pero igualmente, en marzo de 1988, Pablo Escobar apenas alcanzó
a evadir un cerco militar tendido por la IV Brigada del Ejército
Colombiano en Medellín. Es decir, ninguno renunció a mantener la presión
militar sobre el otro, especialmente era grande la misma sobre los
líderes mafiosos para su captura. No obstante, transcurrieron otras
entrevistas con ofrecimientos y demandas al gobierno: entregar sus
pistas de aterrizaje, las armas, desmantelar los laboratorios
clandestinos de droga y ayudarlo a combatir el narcotráfico en donde aún
permaneciera o resurgiera. Se insistía, a cambio, en tres temas
mencionados: renuncia a la extradición, indulto judicial y amnistía para
sus bienes o amnistía patrimonial (Miguel García, obra citada, página
35).
Para reforzar su oferta y promoverla en Estados Unidos, el Cártel de
Medellín ideó contratar un despacho prestigiado de abogados y
publirrelacionistas en Estados Unidos (el que manejaba dichas materias
para Henry Kissinger), invitando al gobierno estadunidense a un diálogo
tripartita. Evidentemente no fue posible concretarlo y los intentos
negociadores se diluyeron cuando la prensa estadunidense comentó la
oferta hecha al segundo gobierno de Ronald Reagan, vulnerando la
secrecía y comprometiendo cualquier respuesta, aunque fuera posible
suponer el sentido de ella.
El presidente Virgilio Barco Vargas presentó una iniciativa para la
paz en septiembre de 1988 (Enrique Florez y Pedro Valenzuela, “De la
oposición armada al frustrado intento de alternativa democrática en
Colombia”, revista Colombia Internacional, número 36, diciembre de 1996,
http://colombiainternacional.uniand...)
más bien dirigida a las guerrillas izquierdistas (pactó la paz con el
Movimiento 19 de Abril –M-19– en enero de 1989), pero se entendió que
implícitamente comprendía también a los narcotraficantes. El secretario
de la Presidencia, Montoya, confiaba al exministro Vallejo en la
coyuntura que el diálogo tendiente al acuerdo era factible, pero debía
incluir la anuencia del otro gran factor de poder presente en el
conflicto: el gobierno de Estados Unidos, con lo cual se arriesgaba el
esfuerzo pacificador.
Sin embargo, las conversaciones con Joaquín Vallejo continuaron hasta
redactarse un borrador como principio de “acuerdo” en septiembre de
1988, representando al presidente de la República, al secretario de la
Presidencia Germán Montoya, y a los integrantes del llamado “Grupo A”,
representantes de los Cárteles de Medellín, de Bogotá y de la Costa,
establecieron que:
Se “[…] esperaba y confiaba en las decisiones del Congreso relativas a
los proyectos de indulto y amnistía especiales para la actividad que
han venido ejerciendo. Cumplida la etapa de Congreso se compromete a
ofrecer el programa ofrecido en Panamá desde mayo de 1984, el cual
probablemente no fue considerado por las lamentables circunstancias del
asesinato del doctor Lara Bonilla, ajeno a la voluntad del Grupo A […]”.
Y luego: “Mientras las medidas propuestas por el gobierno al Congreso
son aprobadas […] se conviene entre ambas partes una tregua […]”, en
tanto, Guido de la Parra se comprometía de manera particular a
“gestionar la incorporación de otros grupos a este acuerdo para lograr
el cabal cumplimiento de lo ofrecido” (Miguel García, obra citada,
página 90).
La alusión sobre “la incorporación de otros grupos” probablemente se
refería al Cártel de Cali, acérrimos enemigos de Pablo Escobar y su
organización, dirigido por los hermanos Rodríguez Orejuela desde finales
de 1987 –para muchos, más poderoso económicamente que el de Medellín,
ya que llegó a ganar 7 mil millones de dólares al año– y señalado por
distintos analistas como “aliados” de la Agencia Antidrogas
estadunidense y del gobierno colombiano en contra del Cártel de
Medellín, proveyéndoles de “información valiosa” junto con los famosos
Pepes (perseguidos por Pablo Escobar).
Lo anterior no es especulación, aquí el testimonio directo: “[…] el
jefe del Cártel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, explicó en sus
propias palabras lo que oficialmente ninguno de los gobiernos
beneficiados había querido admitir. Rodríguez, quien se encuentra bajo
arresto cumpliendo una condena por narcotráfico, declaró a la Fiscalía
General de Colombia que en la búsqueda de Pablo Escobar ‘las altas
autoridades siempre estuvieron enteradas de que éramos nosotros y nadie
diferente los que poníamos en conocimiento y a su servicio toda esta
valiosa información, así como en algunas oportunidades algunos
informantes que fueron utilizados por ellos’”. Luego sigue la nota
periodística: “Al hablar de altas autoridades –explicó Rodríguez– se
debía entender los presidentes de la República, Virgilio Barco [...] y
César Gaviria [...]. En determinado momento y para no comprometer a las
altas cabezas del Ejército y la Policía, tuvimos que recurrir al hermano
del extinto presidente Virgilio Barco, de nombre Jorge Barco”.
Continúa: “Desde ese día, el gobierno abrió sus radios a la frecuencia
del Cártel y los miembros de esa organización, según el narcotraficante
convicto, recibieron una clave secreta para ser reconocidos en las
comunicaciones con el director del Departamento Administrativo de
Seguridad, general Miguel Maza Márquez. Se llamarían Los Canarios” (“A
Pablo Escobar lo mató Carlos Castaño”, 18 de junio de 2011,
www.elespectador.com/search/...).
El avance negociador se derrumbó desde ambos frentes, tanto interno como externo:
1) Cuando el expresidente López Michelsen, ya en las postrimerías del
gobierno de Virgilio Barco, en una coyuntura transformada, respondió a
los abogados de Escobar que la única salida posible al conflicto era “la
rendición incondicional” a cambio de “un tratamiento judicial
benévolo”. Antes, Gonzalo Rodríguez Gacha (el Mexicano), socio de
Escobar, había muerto en un enfrentamiento armado en diciembre de 1989,
que significó un durísimo golpe a la organización. Además, la Policía
Nacional colombiana, ajena a contactos y diálogos, mantuvo la guerra a
fondo contra la mafia al echar a andar la Operación Primavera, ofensiva
desplegada desde julio de 1988 contra pistas de aterrizaje, laboratorios
clandestinos y los lugartenientes de los cárteles.
2) La frustrada formalización del “acuerdo” fue propiciada en forma
determinante desde el gobierno de Estados Unidos: durante su segunda
administración, Ronald Reagan declaró que la única salida era combatir a
los cárteles de la droga en todos los frentes, luego, recientemente
investido el nuevo presidente estadunidense, George Bush (enero de
1989), ratificó la postura precedente resumida en una frase: “guerra sin
cuartel” (Miguel García, obra citada, páginas 91 y 92).
La presión obstructora fue de tal magnitud que a finales de 1990
circuló la información de que Estados Unidos había decidido desplegar un
portaviones de guerra en las costas de Colombia con el objetivo de
interceptar “cargamentos de droga”, sin embargo, el presidente Barco
rechazó enérgicamente esta medida y la operación se replegó (Arlene B
Tickner, “Tensiones y contradicciones en los objetivos de la política
exterior estadunidense en Colombia: consecuencias involuntarias de la
política antinarcóticos de Estados Unidos en un Estado débil”, revista
Colombia Internacional, números 49 y 50,
www.banrepcultural.org/blaav...).
Emergió entonces la variante de la “rendición negociada”, es decir,
la idea de “entregarse a la justicia” y recibir un castigo conforme a
ella, que terminó por ser aceptada entre los capos para evitar la
captura y extradición, ello, canjeable por cualquier otra cosa, dando
muestras de anuencia al efecto liberaron a varios secuestrados,
entregaron armas y algunos laboratorios clandestinos.
Una valoración interpretativa distinta sobre la opción de concretar
algún tipo de acuerdo con los cárteles de Medellín, de Bogotá y de la
Costa, la presentó el ensayista Jorge Orlando Melo en los siguientes
términos:
“Aunque probablemente la opinión no era demasiado hostil al permitir a
los narcotraficantes gozar de su dinero y dejarlos en paz si a su vez
dejaban en paz al país, las razones para no aceptarlo eran muy fuertes.
Aunque el efecto práctico de largo plazo que habría tenido aceptar un
acuerdo no puede evaluarse, sin duda, la suspensión del tráfico por
estos jefes hubiera representado el fortalecimiento de otros grupos que
los habrían suplantado, en el caso improbable de que hubieran cumplido
sus compromisos y se hubieran retirado del negocio. En términos de lucha
contra la droga, la estrategia tendría un impacto temporal: el hecho de
que una generación de narcotraficantes hubiera hecho fortuna y pudiera
disfrutar de ella sin ningún costo aparente habría sido parte esencial
del problema futuro, y sin duda habría alentado a otros a seguir su
ejemplo. En cuanto a la violencia, es muy probable que la confrontación
apenas se pospusiera un poco, para realizarse en condiciones de mayor
poder para los traficantes” (Jorge Orlando Melo, “La lucha contra el
narcotráfico: éxitos y limitaciones”,
www.jorgeorlandomelo.com/luc...).
El proceso tomó un perfil pendular: aumentó la posibilidad de una
“rendición negociada”, pero al reanudarse los enfrentamientos con gran
violencia luego de que el entonces presidente Virgilio Barco, tras el
asesinato del candidato de la Unión Patriótica, Luis Carlos Galán, dio
por concluido cualquier acercamiento, dado que la respuesta del Cártel
de Medellín no se hizo esperar al reanudar su ofensiva narcoterrorista
hacia los meses finales del gobierno mencionado, en virtud de lo cual la
ciudad de Medellín se convirtió prácticamente en una ciudad sitiada,
con bajas multiplicadas de ambos lados, hasta la conclusión de dicho
gobierno.
La aprobación de una legislación que rebajaba las penas, concesión
ofrecida por el entonces presidente de Colombia César Gaviria
(1990-1994), precipitó la “rendición negociada” ante el tremendo
desgaste sufrido por la organización de los extraditables y la mayor y
más efectiva presión y persecución militar del Ejército colombiano y los
grupos de elite de las tropas estadunidenses; además, los organismos de
inteligencia y los propios Pepes, grupo paramilitar fuerte y con muchos
recursos, todos, en conjunción, cerraban el cerco sobre el principal
líder del narcotráfico en Colombia y sus más cercanos socios.
Finalmente, Pablo Escobar decide “someterse a la justicia colombiana”
y pacta su ingreso a una cárcel que él mismo mandó construir a las
afueras de Medellín, llamada Penal de Alta Seguridad de Envigado. Entró a
prisión (junio de 1991) con 14 de sus más cercanos lugartenientes, en
la cual pasó poco más de 1 año recluido. Para ello, la Asamblea Nacional
Constituyente de Colombia tuvo que sesionar y aprobar la “no
extradición” de residentes colombianos a Estados Unidos. Al recibir el
aviso de que sería trasladado a otra prisión, y al considerar que ello
representaba el principio de su traslado a Estados Unidos, Pablo Escobar
escapó el 21 de julio de 1992 tras encabezar un motín carcelario, en
donde desarmó a los guardias y secuestró a los altos funcionarios
judiciales que llegaron a la prisión de Envigado para arreglar su
traslado. Por esto, el expresidente Gaviria ordenó la intervención y
ocupación militar del penal. Huyó Escobar por un túnel secreto usando
máscaras antigás (“Pablo Escobar controlaba la cárcel, admite ministro
de Defensa”, 28 de julio de 1992,
www.explored.com.ec/noticias...; y “Muere Pablo Escobar”).
La persecución de Pablo Escobar más los errores centrales de él mismo
terminan con su ejecución el 2 de diciembre de 1993 a manos de la
mencionada poderosísima alianza en su contra, que a pesar de las
actividades de contrainteligencia del mismo Escobar, sus hombres de
mayor confianza lograron interceptar comunicaciones, rastrearlas y
llegar al lugar en donde se encontraba bajo refugio, en su voluntad de
sacar a su familia de Colombia acosada por los Pepes. El Patrón Escobar
se batía en retirada. Posteriormente ellos se atribuyeron, en
confesiones a la policía, la ejecución del mayor capo de Colombia y de
América Latina, con lo cual colapsaría el Cártel de Medellín.
Ello cerraba otra etapa del largo, complejo y zigzagueante proceso de
búsqueda de una pacificación negociada con el segundo grupo de tráfico
de cocaína desde Colombia, pero el problema –que los trascendía a todos–
era que la gigantesca demanda de cocaína en mercados internacionales
estaba muy lejos de resolverse, aunque la dispersión del Cártel de
Medellín cambió el mapa político-delincuencial, la geografía del delito y
las relaciones de poder entre los cárteles del narcotráfico.
Luego, el desmantelamiento del Cártel de Cali se atribuyó a la
ofensiva militar sostenida, amplia y poderosa ordenada por el presidente
Ernesto Samper Pizano (1994-1998). Aunque algunos restos de ambas
organizaciones continuaron operando a menores niveles de actividad,
incluso desde la cárcel a finales de la década de 1990, la
desarticulación de estas dos robustas organizaciones criminales se daba
por consumada en lo fundamental, mismo que constituyó un logro
importante para las políticas y la acción de los gobiernos y fuerzas
militares, policiacas y de seguridad de los gobiernos colombianos y de
Estados Unidos. Sin embargo, el negocio ha seguido su curso, aún en los
años posteriores, pero, ¿qué hacer con decenas de miles de
paramilitares?
“Muchos pensaron que con Escobar morían los cárteles, el narcotráfico
y el crimen organizado, pero el día que murió Escobar empezaron a
incubarse nuevos enemigos: Carlos Castaño y Diego Murillo, Don Berna,
por mencionar sólo algunos, quienes fueron activos miembros de los Pepes
y contribuyeron a la muerte de Escobar, pero tiempo después emularían
sus métodos de terror desde el paramilitarismo” (“Pablo Escobar
controlaba…”, obra citada).
Otra pregunta: ¿qué es realmente lo que se solucionó?
“[…] Este éxito de la interdicción estadunidense fue más aparente que
real. A finales de la década había clara evidencia de que los
traficantes colombianos habían comenzado las rutas del Caribe […]”
(Arlene B Tickner, obra citada).
Toda una lección, testimonio y experiencia, ya que la negociación
exitosa fue luego con los grupos paramilitares (se llegó a hablar de que
en conjunto sumaron más de 100 mil efectivos, quienes llevaban también a
cuestas miles de muertes y actos criminales), con observadores y
facilitadores internacionales, con recursos económicos de por medio,
todo un caso para su mayor estudio y extraer reveladoras consecuencias.
*El presente texto es parte del libro de próxima aparición Mafia
transnacional y economía criminal: México en la órbita de un poder
paraestatal, con registro 03-2013-012111554700-01
**Maestro en ingeniería financiera con especialización en inteligencia para la seguridad nacional
Contralínea 334 / mayo 2013
