martes, 7 de mayo de 2013

La CFE “siembra” quejas por todo el país

Millones de usuarios de la energía eléctrica en todo el territorio nacional están a la espera de una voz que los guíe y oriente para encauzar su justificado descontento por los altos cobros en sus recibos de luz y el pésimo servicio que viene prestando, a través de empresas contratistas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no únicamente en las entidades de la zona centro (antes atendida por Luz y Fuerza del Centro), sino en el resto del país.

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Fue éste uno de los más persistentes descontentos recopilados a lo largo de la Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador, organizada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que partió del Distrito Federal y que culminó el pasado miércoles 24 de abril con un trascendente evento realizado en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. A lo largo de siete estados, el SME se convirtió de manera natural en el catalizador de un descontento social al que las autoridades han ignorado desde hace 3 años y medio, en que se aplicó el ilegal decreto de extinción que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores.
Sin duda, una jornada agotadora, pero fructífera, la verificada en 14 ciudades del país, donde la gente salió al encuentro del movimiento de resistencia civil y pacífica de los electricistas para denunciar los mil y un abusos cometidos por la antes llamada, durante el sexenio de Calderón, “empresa de clase mundial”. Una y otra vez se repitió la protesta: “Nosotros contratamos con ustedes, no con CFE, y a ellos no los vamos a dejar entrar a nuestras colonias”.
Un enojo que se ha transformado, a fuerza de repetidos abusos, en verdadera resistencia civil, y que ha obligado, ante la negativa de los usuarios, permitir los cortes desde sus medidores y a que los contratistas de la Comisión Federal de Electricidad realicen las interrupciones del servicio desde los postes, creyendo que con esto obligarán a la gente a pagar los estratosféricos adeudos. Sin embargo, tan arbitraria y baja acción ha terminado por establecer un grito de guerra en defensa de su derecho constitucional a la prestación del servicio: “aquí no entra más la CFE”, advierten miles de colonos y habitantes de diversas comunidades, cansados de los altos cobros y del pésimo servicio.
Lo mismo en municipios conurbados y altamente poblados, como Ecatepec (Estado de México), Tulancingo o Tepeji del Río (Hidalgo), la gente, el pueblo, la sociedad en su conjunto recibió con buen talante al SME; escuchó las razones del porqué realizar una Caravana por media República para demostrar a la opinión pública nacional e internacional las violaciones jurídicas cometidas en contra de los trabajadores electricistas, a los que pese a haber obtenido una sentencia a su favor para ser reinsertados laboralmente en la CFE como patrón sustituto, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revocaron.
La gente no sólo escuchó atenta todos y cada uno de los planteamientos, sino que se hizo partícipe denunciando los abusos cometidos en su contra al tomar el micrófono y fundirse como sociedad a las demandas del SME. En un mitin realizado en Tepeji del Río, por ejemplo, resultó emblemático que un integrante del cuerpo edilicio de ese municipio hablara por sí mismo a favor del SME, y denunciara el uso de la fuerza pública federal, por parte de la CFE, para obligar a humildes colonos del fraccionamiento La Romera a pagar una inexistente deuda de 155 mil pesos.
También las constantes fallas y el pésimo servicio que prestan las empresas contratistas a la supuesta “empresa de clase mundial”, es otro de los problemas más sentidos que enfrentan miles de usuarios no sólo en la zona centro, sino en el resto del país, como quedó de manifiesto en los actos organizados en ciudades como Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo. El común denominador es una empresa que parece estar abriendo las puertas a la privatización del sector eléctrico al permitir que los constantes apagones no sólo ocasionen pérdidas a la industria y al comercio, sino que además consienta la operación de una infraestructura eléctrica fuera de norma. Los recibos impagables son lo mismo para los servicios domésticos como para la industria, el ramo del comercio y la prestación de servicios.
Por doquier aparecen las pruebas de que con la complicidad de los líderes charros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, como Víctor Fuentes del Villar, las compañías contratistas han desplazado de la materia de trabajo a los propios trabajadores sindicalizados, lo que muestra la regresión de sus derechos laborales.
Debemos citar que en el Norte del país la propia CFE reconoce que existe la amenaza de estar operando al límite de su capacidad, con lo que se reafirma que se preparan las condiciones para justificar la reforma energética que tanto anhelan las empresas trasnacionales, que ya se han adueñado de más del 50 por ciento de la producción de energía en el país, y ahora van por todo.
En cada uno de los sitios donde el SME elevó su denuncia ante la sociedad, se expresó la solidaridad con la lucha que otros gremios han librado en los últimos años, también en la búsqueda de justicia, como sucedió en Saltillo, Coahuila, donde nos reunimos con las viudas y los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos; trabajadores asesinados mediante un crimen de industria por el magnate Germán Larrea cuyo delito sigue impune.
Tras conocer de frente el rostro de la indignación de miles de mexicanos, el SME convocó a todas las fuerzas sociales del país para que el pasado 1 de mayo hiciéramos una gran marcha nacional, pero sin los charros sindicales (como los líderes de la Confederación de Trabajadores de México, entre ellos Víctor Fuentes del Villar), que son los traidores de la clase trabajadora y que están permitiendo que con la injusta aplicación de la reforma laboral se efectúen ya despidos masivos. Para ser exactos, se trata de 3 millones y medio de mexicanos que, desde su puesta en marcha en diciembre pasado hasta la fecha, han perdido su empleo.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
TEXTOS RELACIONADOS:
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Fuente: Contralínea 333 / mayo 2013

Las “reformas”, llanamente privatizaciones

Es natural que en un escenario mundial sobresaltado, caracterizado por sus tonalidades lúgubres y cuyo futuro es igualmente sombrío, la émula de Tomás de Torquemada, la señora Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), se encuentre en un estado patológico de angustia, ansiosa por recibir cualquier noticia que la “impresione” y tranquilice sus crispados nervios. Sobre todo después de que el organismo que regentea se encuentra en las profundidades fangosas del desprestigio, merced a su desastrosa gestión del colapso mundial iniciado en 2007 y que todavía se encuentra distante de superarse, el cual estremeció los fundamentos del capitalismo y lo dejó en calidad de tierra arrasada, destruyó la credibilidad que algunos sectores sociales tenían en el sistema que fueron seducidos por el canto de la sirena de la globalización y, al final, fueron arrojados a las filas de las miles de millones de personas pobres y miserables que pueblan el planeta; por el genocidio económico que impone en la Eurozona después del diluvio: sus bestiales terapias de choque estabilizadoras, de ajuste fiscal y sus contrarreformas estructurales neoliberales de siempre, que han fracasado en todos los países donde se instrumentan agravando los saldos antisociales; por su corresponsabilidad en el diseño del orden internacional que eliminó las regulaciones al espíritu salvaje del capitalismo causante de la espectacular hecatombe.

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En ese ambiente desolado, toparse con Luis Videgaray y Agustín Carstens en los palaciegos salones del FMI fue para Lagarde una especie de placentero ansiolítico, un fármaco que acaso redujo su crisis de ansiedad producto de las fuertes tensiones emocionales a las que ha sido sometida desde 2007, cuando, en el inicio de la tragedia global, fue nombrada ministra de Economía del gobierno de Nicolas Sarkozy y después, a partir de 2011, cuando ocupa la gerencia de dicho organismo en sustitución del malandrín Dominique Strauss-Kahn. Ello a pesar de que la señora presume de sus nervios templados, ya que ante una investigación que enfrenta por presuntas operaciones irregulares en Crédit Lyonnais, en 2011 dijo que se sentía “absolutamente tranquila”.
Gozosa, durante la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial (BM) el 20 de abril, Lagarde señaló: “Seguimos cuidadosamente lo que pasa en México, particularmente desde la elección del nuevo gobierno, y personalmente estoy muy impresionada por la forma en que el presidente ha logrado apoyo, el consenso [de] otros partidos políticos en torno a un programa amplio de reformas. Hemos escuchado del gobernador del Banco de México y del secretario de Hacienda [y Crédito Público] sobre la determinación del gobierno de poner en práctica una amplia lista de reformas en educación, el sistema de salud, algunas privatizaciones en varios sectores de la economía, particularmente en telecomunicaciones. Es impresionante lo que están haciendo. Damos la bienvenida a las reformas anunciadas y esperamos que impulsen al país hacia adelante. Pensamos que tienen en práctica la mezcla adecuada de políticas y una sólida política macroeconómica; las han tenido por un buen tiempo y esperamos que eso ayude al país…”.
Cómo no va a estar feliz la gerente con gobernantes como Enrique Peña Nieto que, como extraños cruzados tardíos, en un mundo de contrastes admiten y exhiben públicamente su servidumbre voluntaria ante la desacreditada ideología neoliberal y su proyecto mundial en bancarrota. Como en la nostálgica época dorada de las décadas de 1980 y 1990, cuando la mayoría de los gobiernos se sometían como vasallos ante los dictadores del FMI y el BM. Unos que en ruinas se veían obligados a mendigar su socorro financiero para pagarle a sus implacables acreedores y tenían que aplicar las políticas del “Consenso” de Washington. Otros que ante el temor de ser marginados de la tierra prometida de la globalización aceptaban las reglas. Y los fundamentalistas autoconvencidos: Carlos Salinas de Gortari, Carlos Menem, Alberto Fujimori y demás que asumían sin cortapisas el “libre mercado”, la liberalización interna, la apertura externa, las privatizaciones, el desmantelamiento estatal (aunque todos tuvieran los mismos resultados funestos, sintetizados en la hecatombe actual).
Cuando ahora el binomio, ya sin sus aristocráticas formas, se ve obligado a llevar a cabo sus golpes de Estado “técnicos” para desplazar a los gobernantes locales y poner en su lugar a sus cónsules encargados de aplicar las severas terapias de ajuste fiscal y las contrarreformas en Islandia, Irlanda, Portugal, Italia, Grecia o Chipre; de generar los “ahorros” presupuestales con el remate de los activos públicos, el recorte indiscriminado del gasto estatal, el alza o invento de nuevos impuestos indirectos para amortizar hasta el último euro adeudado, sin importarles hundir a esos países en una depresión económica que durará 1 década ni la brutal pauperización social. Cuando desde las movilizaciones de Seattle, Estados Unidos (1999), son asediados por los descontentos que los tratan como vulgares delincuentes y los orillan a realizar sus flemáticas tertulias entre la protección de los sables, los gases lacrimógenos y las fieras represiones. Cuando países asiáticos acumulan reservas para evitar cualquier trato con el FMI-BM –China ni les hace caso– y en América Latina, los gobiernos democrático-progresistas que siguieron a los autoritarios-neoliberales hacen lo mismo.
En 2005 Brasil y Argentina pagaron anticipadamente sus deudas públicas odiosas (contraídas contra los intereses de la población y con el completo conocimiento del acreedor) con el FMI –15.5 mil millones y 9.8 mil millones– y les siguieron Bolivia, en 2006; Venezuela y Ecuador, en 2007, y Panamá, en 2008. Esto con el objeto de liberarse del protectorado –se han dado el lujo de expulsar a los funcionarios del FMI-BM que sólo protegen los intereses del capital financiero-industrial–, recuperar su soberanía nacional y explorar sus propias estrategias de desarrollo que privilegian a las mayorías, al margen de la hegemonía neoliberal estadunidense y de tales organismos. En lugar de subastar sus riquezas que no lograron privatizar los neoliberales las han vuelto a nacionalizar, como los energéticos y recursos minerales, el agua,las líneas aéreas, parte de los servicios financieros, las telecomunicaciones, por ejemplo; expulsan a las depredadoras trasnacionales o les aplican mayores gravámenes; fortalecen a los Estados y las empresas públicas; restablecen las regulaciones de los mercados.
Poco le importó a Lagarde que su algarabía fuera como el beso del diablo (osculum infame) al gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que no tuvo reparos en llamar por su nombre a las reformas (y que los peñistas tratan de eludir denominándolas como “modernizadoras”): “privatizaciones”. La intención de la apertura peñista a la inversión privada nacional y foránea es la privatización y la reprivatización. Lagarde sólo habló abiertamente de las telecomunicaciones y el resto lo dejó en la ambigüedad, pero indudablemente también abarcará a la educación y la salud citadas por la francesa. Más aún, Peña Nieto aplica “espontáneamente” la “austeridad fiscal” que el FMI-BM y los tecnócratas de la Unión Europea imponen a golpes de hacha en el viejo continente.
¿Qué otra cosa relevante queda por vender luego de 30 años de ventas de cochera? Prácticamente todas las empresas paraestatales ya fueron vendidas a precios de regalo, en procesos envueltos en el escándalo de la corrupción. La mayoría las remataron Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
Entre lo privatizado se incluyó a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copados por familiares, amigos, mercenarios al mejor postor, que se convirtieron en agentes de venta, administradores y leguleyos protectores de los capitalistas locales y extranjeros.
Lo que queda son los sectores estratégicos, los recursos naturales, el territorio nacional, el petróleo, el gas, la electricidad, el agua, la minería, la tierra, lo que se pueda vender y lo que se les ocurra comprar a los empresarios en el México, SA de CV. El Estado, a Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, les asigna la tarea de administradoras de concesiones, la fachada con la que pretenden ocultarse las privatizaciones.
Al cliente lo que pida
Un ejemplo de lo que sigue es la reciente privatización de las franjas fronterizas (en una faja de 100 kilómetros) y las playas (50 kilómetros) aprobada por los diputados de la derecha de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD). Ahora los extranjeros podrán construir viviendas en esas zonas.
Para justificar la medida, el panista Ricardo Villarreal dijo que ya existen más de 50 mil fideicomisos extranjeros que poseen bienes en los litorales. El artífice de la contrarreforma fue el chapulín –por brincar de un puesto a otro– Manlio Fabio Beltrones, diputado plurinominal –es decir, no fue elegido “popularmente”, sino por el dedo del príncipe, a quien, como su fámulo, le rinde cuentas–. El argumento del priísta fue que “el mundo cambia”, que es la “modernidad”, que la prohibición es un resabio de la “demagogia nacionalista”. Lo único que es claro es la “demagogia” de Beltrones sustentada en ambigüedades, en palabras hueras. ¿A qué parte del “mundo” se refiere? Porque unos privatizan y otros nacionalizan. El vocablo “modernidad” es una anfibología y está más manoseado que una hetera (o hetero). El “nacionalismo” era la piel del viejo partido despótico-hegemónico y su cambio es la expresión de lo que Beltrones les dijo a los diplomáticos estadunidenses: “la afirmación de que el PRI ‘busca reinventarse a sí mismo’”, según los cables de Wikileaks. Se reinventó en los pellejos neoliberales.
Al desvergonzado perredista Julio César Moreno le tocó el trabajo sucio de justificar la privatización. Dijo que era “necesario actualizar a la realidad social el texto de la Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos], porque han sido superadas las circunstancias históricas que llevaron a limitar que los extranjeros adquieran tierras y aguas en las fronteras y playas”. Tragicómico bufón de Beltrones.
¿Cuáles eran esas “circunstancias” y cuál es la nueva “realidad social”? Nunca las señaló. Pero eran las condiciones que estimulaban un desarrollo capitalista nacionalista, autónomo, aplastadas por la realidad de los neoliberales que llevaron a pisotear y arrojar la Constitución a la basura y que también se tragó a los perredistas corruptos ideológico-políticos.
En lugar de restaurar la ley y castigar a los infractores y a quienes lo permitieron, los diputados legalizaron la ilegalidad, la impune violación del Artículo 27 constitucional que se enseñoreó con Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes estimularon esa invasión de tierras.
No es novedad que los legisladores del PRI-PAN-PVEM legalicen las contrarreformas deseadas por el Ejecutivo y que tanto complacen a los hombres de presa. Ésa ha sido su permanente tarea. Lo llamativo es el papel del PRD que se subió al furgón de cola del sistema. Es la reafirmación de la traición de sus dirigentes a sus militantes y sus votantes. Ahora es más que claro “quiénes son los ‘amigos del pueblo’”, como diría Lenin, los adversarios contra los que el pueblo tendrá que luchar a muerte. Cómo entonces no iba elogiar Lagarde a Enrique Peña Nieto y a los pillos pactistas que lo acompañan, en un contexto latinoamericano donde tratan de consolidarse los gobiernos progresistas y posneoliberales y los neoliberales quedan como un ave raris. Como pajarracos estrafalarios y solitarios defensores del viejo orden neoliberal quedan Enrique Peña, el colombiano Juan Manuel Santos y los golpistas de Honduras y Paraguay que han preferido la reforma del coloniaje neoliberal, no su abolición. Que refuerzan la relación metrópoli-país vasallo, en la que aquella gobierna y el otro obedece; en la que uno goza del tesoro y es feliz y el otro, miserable. Ellos tratan de aligerar La carga del hombre blanco (Rudyard Kipling), el “moderno” colonialismo betroniano de los territorios primitivos, bárbaros, en beneficio exclusivo de los civilizados “hombres blancos” y las elites político-oligárquicas criollas, sus socias.
Al cabo, la gerente del FMI no tiene que dar la cara a los mexicanos. Sólo vela por los intereses del gran capital.
Por esas mismas razones, Bill Richardson decidió incluir a Peña Nieto entre los “100 hombres más influyentes del mundo”, con argumentos francamente hilarantes: “combina el carisma de [Ronald] Reagan, el intelecto de [Barack] Obama y las habilidades políticas de [Bill] Clinton”. Lo redujo a un ser grotesco. Aunque, después de todo, quizá Richardson tenga razón si se considera a otros “hombres influyentes”: Hassan Sheikh Mohamud, golpista repintado de presidente legal de Somalia; John Brennan, el capo de las operaciones encubiertas, las acciones paramilitares y promotores golpistas de la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadunidense), o Francisco, el vicario feudal del Vaticano, la guarida de pederastas.
El esperpento latinoamericano cabalga de nuevo.
*Economista
Fuente: Contralínea 333 / mayo 2013

Reporteros y periódicos entre amenazas, agresiones y homicidios

Una de las caras de la fiesta peñista-priísta muestra su galopante reformismo. La otra cara es la de la inseguridad: una violencia sangrienta que no para… La suma de las promesas para “transformar a México”, guiadas por la razón de Estado para hacer valer el rescate del añejo presidencialismo a horcajadas sobre lo constitucional y metaconstitucional, lleva la resta de los 2 mil 351 homicidios, cientos de feminicidios, la pobreza de más de 54 millones de mexicanos y el desempleo, con 24 millones de personas en las mil y una actividades de la informalidad, en los 100 días que lleva Enrique Peña como presidente.

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La herencia panista-calderonista, por su mal gobierno y su pésima administración, entregó una nación devastada, a la que el relevo presidencial, con la política como espectáculo, ha estado dando soluciones de palabra. No hay hechos. Con todo y su pragmatismo, Peña Nieto no ha logrado llevar a cabo ninguna de sus decisiones como titular del Poder Ejecutivo federal, salvo el culto a su personalidad con el visto bueno de los cinco partidos: Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Partido Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México, en la fiesta del Pacto por México.
En ese contexto, la sangrienta violencia con todo y los exorcismos del sucesor de Genaro García Luna, el hankista Manuel Mondragón y Kalb, mantiene la cifra de 23 mexicanos asesinados diariamente (los reporteros Diana Baptista y Héctor Guerrero, en el periódico Reforma del 12 de marzo de 2013, publicaron su investigación al respecto). Lo entrevistaron en Tv Azteca por medio de su Canal 40 y Mondragón se muestra sobrado, como si en verdad la inseguridad estuviera cediendo. Esto mientras los periodistas y editores del país están casi a punto de abandonar sus tareas, porque las delincuencias, los narcotraficantes y no pocos funcionarios están presionando, agrediendo, amenazando y hasta cumpliendo las amenazas de muerte.
Privaron de la vida al reportero Jaime Guadalupe González Domínguez, quien editaba el portal en internet Ojinaga Noticias, en Chihuahua. Y después de haberse colocado en varios municipios de Coahuila mantas amenazantes contra las ediciones del periódico Zócalo, su director, Francisco Juaristi, como paso previo a cerrar su publicación, anunció que ya no publicará información relacionada con la delincuencia organizada. Así lo han publicado con la firma de “La redacción” (La Jornada, El Universal y Reforma, 12 de marzo de 2013).
Tenemos una violencia (sobre la que Peña –dijo– no hablará repetidamente) que no ha sido enfrentada con una nueva estrategia. Y es por esto que por todo el territorio (25 estados bajo el poder del narcotráfico, infundiendo miedo y terror en la población) lo que impera son amenazas, agresiones y homicidios contra mexicanos, entre los que están los periodistas.
Hay mucho bla bla bla de los desgobernadores y la Secretaría de Gobernación federal sobre medidas preventivas para proteger a los reporteros y a todo aquel que ejerza las libertades de prensa, pero en los hechos nada.
En cambio los delincuentes en general y en particular los narcotraficantes, con hechos de sangre, advertencias de muerte, agresiones y atentados contra los inmuebles de los periodistas, están logrando eliminar reporteros y que –para evitar más atentados– recurran a la autocensura informativa. En las entidades con sus municipios, las libertades de prensa están acosadas y los periodistas en la mira de un matón. La seguridad debería haber sido la prioridad del peñismo y los partidos, pero al postergarla, los sicarios de los capos están desatados. Han impuesto el terror. Hacen injusticias por su propia mano y en varias partes del país se erigen cuerpos de autodefensa, grupos de paramilitares, para sembrar la anarquía ante la ausencia de la gobernabilidad, la retirada del Estado y un militarismo policiaco que en nada ayuda a la sociedad civil. Si la prensa empieza a plegarse, a silenciarse y sus periodistas son asesinados, amenazados y agredidos, entonces el imperio de la ley ha dejado de estar vigente.
*Periodista
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Fuente: Contralínea 333 / mayo 2013

Hablar sin riesgo

Entre 1983 y 2013, en México han sido asesinados 112 periodistas: 13 mujeres y 99 hombres; solamente para 2012 existe el reporte de siete desaparecidos. La lista de agravios, despidos y hostigamiento por causa de la libertad de expresión supera los 1 mil casos.

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En los primeros 4 meses de este año perdieron la vida Jaime Guadalupe Domínguez, el 3 de marzo en Chihuahua; Alonso de la Colina, el 16 de abril en Puebla; y el fotógrafo Daniel Alejandro Martínez, el 24 de abril en Coahuila. El domingo 28 de abril se cumplió 1 año del asesinato de la periodista veracruzana Regina Martínez, sin que a nadie satisfaga el remedo de investigación que se hizo sobre este crimen inaceptable.
Las expresiones de indignación superan todos los cálculos. La conmemoración del pasado 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa –proclamado oficialmente por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993 (hace exactamente 20 años)– nos obliga a señalar que esa proclamación por la libertad de circular ideas, para difundir escritos o para opinar, no ha detenido a los detractores de todos los tiempos, que solamente pueden callar periodistas matándolos.
Hoy, de cara a la increíble tasa de impunidad de los crímenes contra periodistas, trabajadores de los medios y productores de medios sociales, la Organización de las Naciones Unidas llama a todos los periodistas del mundo a que inicien una larga jornada para poner en el centro del debate político el derecho a hablar sin riesgo, por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios.
La situación es crítica, sobre todo en casos de conflictos armados. Pero es asombroso que sin ese marco de conflicto armado o guerra declarada, en México superemos las cifras de homicidios contra periodistas como el signo de la barbarie en que vivimos. Es tiempo de detenerla. ¿Quién escucha?
La Casa de los Derechos de Periodistas (CDP), uno de los sitios de defensa y protección a comunicadores o comunicadoras en activo, que ha tenido que sacar fuerzas para exiliar a más periodistas de los que la imaginación cubre, está llamando la atención del gremio, pero principalmente de las autoridades, para que hagan efectivas las medidas de protección y se deje de simular. De nada sirven leyes y mecanismos de protección si en la práctica las y los periodistas no la tienen y viven miedo y riesgo cotidianos. La CDP ha concluido, con las cifras disponibles, que en 2012 (el último año de la administración calderonista) 15 periodistas perdieron la vida, el 50 por ciento en los estados de Veracruz y Chihuahua; y de las más de 55 agresiones, 22 sucedieron en Oaxaca. Es decir, es muy claro el mapa y los lugares donde deberían actuar las autoridades. Ya es tiempo de obtener respuestas de los gobiernos, de los congresos y de los mecanismos de protección que parecen papel mojado. Se agota el tiempo de la protesta epistolar y la conmiseración. ¿Entenderán los reformadores? ¿Podrán hacer algo? Se necesita una acción realmente preventiva y de respeto a las libertades fundamentales sustantivas y no ya demagógicas.
Lo que sucede a periodistas, y el tamaño de la violencia general, evidentemente es resultado de la guerra desatada por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, 12 años de cifras impresionantes: 75 asesinatos de periodistas, lo que significa un pálido reflejo de la violencia e impunidad que campea en todo el país, que ha puesto en claro que en muy poco tiempo se impuso lo que el analista Eduardo Guerrero califica como “permiso para matar”, es decir, se ha definido culturalmente en México un proceso donde hay permiso para agredir, violentar y matar. Es como un monstruo salvaje que salió de las catacumbas para mostrar el más terrible de los rostros de una sociedad y una nación, en la cual el respeto a la vida no es más que una falacia y el estado de derecho, otra.
Las demandas del gremio son elementales: que las autoridades investiguen, castiguen, prevengan, pongan un dique a esta espiral de violencia que, además, afecta a otras miles de personas, y que se levanta como un huracán incontrolable. En abril, tres colegas fueron asesinados. Los peores años: 2006, con 12 asesinatos y 2008, con cifra semejante.
México ha sido llamado a cuentas por los organismos internacionales. La defensa de periodistas, así como el caso de los homicidios contra 38 mil mujeres en esos mismos años, nos hace uno de los países significativamente más violentos e impunes, donde no hay ley ni gobierno. Ante ello, la CDP ha lanzado una demanda específica para que el gobierno de Enrique Peña Nieto muestre con hechos su deseo, su declaración de que en este país debe reinar el estado de derecho. Que este gobierno y su diligente Procuraduría General de la República haga algo y pronto, que detenga el asesinato, las agresiones y cumpla con lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya es tiempo.
Urge poner en práctica (no sólo con recursos y discursos) la operación de las medidas de protección. Que las autoridades no se salgan por la tangente señalando que esta situación es consecuencia del crimen organizado. Los análisis de asesinatos y agresiones señalan que el 62 por ciento de los lamentables hechos son atribuibles a funcionarios menores y mayores.
La libertad de expresión es un derecho fundamental, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y las constituciones de los sistemas democráticos también lo consagran. De ahí deriva la libertad de imprenta también llamada libertad de prensa.
La libertad de opinar fue uno de los pilares de la Guerra de Independencia de Estados Unidos (Primera Enmienda), de la Revolución Francesa y de la Revolución Mexicana. Miles de perseguidos por sus ideas en la etapa porfirista dejaron testimonio de estos hechos; miles de perseguidos en la Guerra Sucia de la década de 1970 también. Hasta los magnicidios, como el cometido contra el periodista Manuel Buendía un 30 de mayo de hace 29 años, hoy parece que fuera ayer. Nada cambia, todo permanece, dijera el filósofo mientras tira de sus cabellos, asombrado por la barbarie humana en la época de los grandes avances de la tecnología y la información horizontal. Ya es tiempo de poner freno a la estulticia.
*Periodista
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Fuente: Contralínea 333 / mayo 2013

PGR: historias de corrupción e impunidad



El abogado chihuahuense Marcos Molina Castro conoció las entrañas de la corrupción y la impunidad en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. La razón es que primero fue contralor en la Procuraduría General de la República (PGR) y después en la Comisión Federal de Electricidad.
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Con el título Nada cambia, Molina Castro hace un amplio relato de su experiencia al frente de los órganos de control de ambas dependencias y de cómo se enfrentó a presidentes, secretarios de Estado, procuradores y directores de organismos descentralizados cuando éstos se atravesaban para encubrir la corrupción y proteger a los funcionarios involucrados.
Con pruebas documentales y evidencias que acumuló en hechos vividos, el exfuncionario narra en un extenso trabajo editorial, de 400 páginas, cómo los 12 años del panismo en el poder sólo sirvieron para enriquecer burócratas y desviar recursos públicos, en donde la corrupción y la impunidad fueron los instrumentos de gobierno.
“Mi experiencia en esos cargos y la intervención directa que tuve en los casos que expongo me permiten opinar, con pleno conocimiento de causa, que en ninguna de las administraciones federales de Acción Nacional, al menos por lo que me tocó presenciar y me enteré en forma directa, ha existido voluntad política de combatir la corrupción. La lucha contra ésta se reduce al manejo publicitario de sus campañas políticas, pues se tiene como la fuente probada de simpatía electoral que mayor cantidad de votos produce a sus candidatos, porque en el votante persiste la equivocada convicción de que la corrupción es propia de las administraciones surgidas del Revolucionario Institucional y que es forma eficaz de sancionarla sufragar en su contra”, afirma Molina Castro.
El excontralor en gobiernos panistas cita ejemplos de corrupción que trataremos en distintos momentos en esta columna. En ellos menciona de manera directa a varios involucrados por negligencia, omisión o participación directa: Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón, Ramón Muñoz Gutiérrez, Francisco Barrio Terrazas, Germán Martínez Cázares, Genaro García Luna, Alfredo Elías Ayub, Eduardo Romero, Salvador Vega Casillas, Rafael Macedo de la Concha, general Luis Arturo Oliver Cen, Mariano Herrán Salvatti, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Wilfrido Robledo Madrid, Germán Francisco Gallegos, Marco Antonio Huitrón Quamatzi, Julián Solares Morales, Francisco Rico Salgado, Hiram González Saldivar, entre muchos otros.
En el capítulo “Asuntos que provienen del gobierno de Ernesto Zedillo”, el abogado Molina Castro indica que la complacencia con actos de corrupción no sólo se manifestó respecto a irregularidades cometidas en la administración de Vicente Fox Quesada, sino que también quedaron en la impunidad muchos casos de corrupción sucedidos en la administración de Ernesto Zedillo.
Explica: “Expongo los [casos] más sobresalientes por su cuantía o por sus repercusiones de orden distinto al económico, pero sobre todo porque desdijeron la política expiatoria de Acción Nacional, ya que estando en ellos suficientemente comprobada la responsabilidad de los servidores [públicos] que los fraguaron, el gobierno que pregonó e hizo su bandera política con la transparencia y la rendición de cuentas, los dejó sin castigo”.
Ésta es su narración del caso Mobil Search:
En 1998, la PGR adquirió de la empresa American Sciense & Engineerin Inc (A&S), en adjudicación directa, por patente y marca, cinco equipos de inspección de rayos X para vehículos y carga montados en camiones Mercedes Benz. Emplearía dichos equipos en la lucha contra el narcotráfico para detectar drogas, armas, explosivos y otras materias prohibidas por ley. El precio por equipo fue de 2.5 millones de dólares, por lo que la operación total ascendió a 12.5 millones de dólares (160 millones de pesos).
Al inicio de la operación de los equipos en 1999, se advirtió en su funcionamiento múltiples deficiencias. Al 28 de julio de ese mismo año, su operatividad promedio era del 38.8 por ciento. El proveedor imputó sus múltiples fallas a la falta de preparación del personal de la Procuraduría, y ésta a A&S por la mala calidad técnica del equipo.
A pesar del pésimo funcionamiento de los aparatos y del cuantioso gasto presupuestal, en ese mismo año, 1999, la PGR adquirió de la misma empresa otros cinco equipos al mismo costo y sin licitar, es decir, otro gasto de 12.5 millones de dólares.
Para justificar la operación financiera, se informó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la PGR que “la operación de los primeros cinco equipos era adecuada”.
La baja operatividad de los 10 aparatos generó múltiples conflictos entre la PGR y A&S. El 30 de julio de 2000 realizaron un convenio en donde la empresa privada se obligaba a que en 30 días la operatividad se elevara al 85 por ciento (16 horas diarias de funcionamiento), y que de no lograrlo, los reemplazaría.
Sin embargo, ese índice de operatividad nunca se alcanzó, por lo que 1 año después, en 2001, todos los equipos quedaron fuera de servicio con el cuantioso daño patrimonial para la PGR.
En 2001, la PGR tuvo varios desencuentros con el proveedor por adeudos que éste reclamaba por concepto de mantenimiento, a razón de 25 mil dólares mensuales por equipo, es decir, un total de 250 mil dólares al mes; a pesar de que los equipos no funcionaron, el monto fue saldado por la Procuraduría en 2002.
El Órgano Interno de Control, a cargo de Marcos Molina Castro, determinó que esa adquisición encerraba un acto de corrupción o, lo más difícil de admitir, un fraude cometido en perjuicio de la PGR, la cual tenía como titular al general Rafael Macedo de la Concha, quien se negaba a rescindir los contratos, exigir la devolución del dinero y menos proceder penalmente contra los responsables.
Ante esa actitud del procurador, Molina Castro decidió iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa 587/2001, en contra de Hiram González Saldivar y el general Luis Arturo Oliver Cen, actual oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con base en la investigación que practicó la Auditoría Superior de la Federación, les imputó como funcionarios de la PGR la falta de supervisión en el funcionamiento del equipo y su responsabilidad por no iniciar las gestiones pertinentes para rescindir el contrato mediante el cual se adquirieron los aparatos.
Otro procedimiento, el 594/2001, derivado de la auditoría 22/ 2001, por un monto de 12.5 millones de dólares, en contra de Hiram González Saldivar, Mariano Francisco Herrán Salvatti y Luis Arturo Oliver Cen, por la segunda compra por otros 12.5 millones de dólares.
El contralor descubrió también que la empresa A&S no existía comercialmente y que su activo se reducía a una bodega arrendada en el lugar que señaló como domicilio y los 10 equipos vendidos a la PGR como de última tecnología eran los únicos que había “producido”. Es decir, un fraude redondo.
Los funcionarios de la PGR que intervinieron en la operación se defendieron al afirmar que realizaron la adquisición porque el gobierno de Estados Unidos presionó al de México para que adquiriera los equipos y así justificar que colaboraba en la lucha contra el tráfico de drogas, y ante la riesgo de que negara la certificación al gobierno encabezado por Vicente Fox, pues celebraron los contratos.
El final de esta larga historia es que el entonces secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, con autorización del presidente Vicente Fox, determinó absolver a todos los implicados.
*Periodista
Fuente: Contralínea 333 / mayo 2013

jueves, 2 de mayo de 2013

En 3 meses, 26 mil mexicanos más en las filas de la pobreza

De diciembre a febrero pasado el precio de la canasta básica rural se incrementó en 0.7 por ciento; el de la urbana en 0.24 por ciento. De acuerdo con investigadores de la Universidad Iberoamericana, a raíz de este hecho alrededor de 25 mil 720 personas entraron en situación de pobreza. Si bien los primeros días de un gobierno no son suficientes para evaluar de manera significativa el impacto de sus acciones en materia económica, en lo que va de la administración de Peña Nieto no hay indicios de mejoramiento, aseguran los especialistas.

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Durante los 3 primeros meses de la gestión de Enrique Peña Nieto, alrededor de 25 mil 720 personas –286 por día– entraron a la condición de pobreza, como consecuencia del aumento en los precios de los productos que constituyen el mínimo alimentario.
En este periodo, la inflación de la canasta alimentaria básica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) fue de 0.7 por ciento para la zona rural y de 0.24 por ciento para la urbana. Los cálculos provienen de una investigación realizada por el Observatorio del Salario Justo, de la Universidad Iberoamericana (Uia), sede Puebla.
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De acuerdo con datos oficiales, hasta noviembre de 2012, 51 millones 993 mil personas se encontraban en situación de pobreza, lo que representa casi la mitad del total de habitantes del país. Con el gobierno en turno la cifra habría aumentado a 52 millones 18 mil 720 en tan sólo 90 días.
De continuar esta tendencia, advierten los investigadores de la Uia, con cada año del gobierno de Peña Nieto se sumarían a la pobreza más de 100 mil mexicanos, cifra equiparable con el número de espectadores que caben en el Estadio Azteca, el tercero de futbol más grande del mundo.
—¿Qué acciones tendría que emprender el gobierno de Enrique Peña Nieto para recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora mexicana? –se le pregunta a Miguel Santiago Reyes Hernández, integrante del Observatorio del Salario Justo.
—Ubicar el papel de México en el contexto internacional como un país innovador, que se está reindustrializando y que, a partir de ello, puede aumentar sus salarios vinculados a la productividad; redirigir los recursos de la actividad especulativa a la productiva; y hacer un llamado a un nuevo pacto nacional de empresarios, trabajadores y sectores, que permita que haya aumentos salariales sin desempleo y sin inflación.
El director del Departamento de Economía y Negocios de la Uia precisa que estas tres acciones implican, necesariamente, “cambiar la política económica neoliberal”.
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José Arturo López Cándido, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, coincide en la necesidad de este cambio. Y es que el modelo económico que hoy se promueve basado en gran medida en el impulso del capital financiero especulativo es “equivocado”, considera. No obstante, advierte que las medidas remediales no serán posibles sin la organización de la sociedad.
Fortalecer el mercado interno y la economía nacional, incentivar el campo, garantizar el mercado a pequeños y medianos productores, redistribuir la riqueza en el país y rediscutir los tratados de libre comercio son algunas de las medidas que debería incluir una reforma económica profunda, manifiesta el diputado del Partido del Trabajo.
—¿Qué se puede hacer desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para evitar que los salarios de los mexicanos sigan perdiendo valor?
—Se puede hacer poco porque nos ponen unas planchadas difíciles, porque la derecha tiene la mayoría.
En septiembre pasado, los investigadores del Observatorio del Salario Justo documentaron que la pérdida del poder adquisitivo durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue del 32 por ciento. El incremento en el costo de la canasta alimentaria básica registrado de diciembre a febrero pasado evidencia que, aún con el cambio de gestión, el peso sigue perdiendo valor.
El papel que en la materia ha jugado la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), presidida desde hace 22 años por Basilio González Núñez, ha sido oprobioso, asegura Reyes Hernández. Y es que, a decir del doctor en economía, durante este periodo el órgano encargado de la fijación de los salarios mínimos en el país ha “legitimado el empobrecimiento de los trabajadores”.
Esto en contra de su propia normatividad, que le mandata “asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia”.
A principios de cada año, luego de los acuerdos cupulares con sindicatos corporativos y el sector privado, la Conasami lanza el aumento del salario mínimo tomando como único elemento la inflación esperada, y no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su Artículo 123 establece que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”.
A mediados de abril pasado, Contralínea solicitó entrevista con la Conasami, a través de Armando Segura Martínez, director de información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
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Primeros días de Peña Nieto, sin mejoras
Si bien los primeros días de un gobierno no son suficientes para evaluar de manera significativa el impacto de sus acciones, sí muestran la dirección hacia dónde serán encaminadas.
A partir de esta premisa, los integrantes del Observatorio del Salario Justo de la Universidad Iberoamericana, de Puebla, realizan un diagnóstico de los primeros 3 meses de la gestión de Enrique Peña Nieto en materia económica.
Concluyen que el actual gobierno “no ha mostrado acción alguna que mejore de manera estructural las condiciones económicas de la población con menores recursos”.
Lo emprendido hasta ahora –como las reformas en telecomunicaciones y educación o el golpe hacia Elba Esther Gordillo– “ha sido en términos de eficacia mediática”, mas no del mejoramiento de las condiciones de vida de la población, dice Miguel Santiago Reyes Hernández, integrante del Observatorio del Salario Justo.
Ni siquiera la Cruzada Nacional contra el Hambre, impulsada desde el gobierno federal, ha contribuido en este sentido. Además de que participan en ella Pepsico o Nestlé, trasnacionales acusadas de generar obesidad entre la población a través de sus productos chatarra, la selección de los municipios a los que beneficiará parece estar marcada por un sesgo electoral.
Y es que mientras este programa excluye a algunos de los municipios que, según el criterio del Coneval, sufren de mayor pobreza alimentaria, incluye otros que no se encuentran en esta situación, pero en los que en julio próximo se celebrarán elecciones. Así, 232 de los 400 municipios que recibirán apoyo de la Cruzada Nacional contra el Hambre están cercanos a procesos electorales.
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Respecto de la reforma hacendaria, que se supone se concretará para el segundo semestre de 2012, el catedrático de la Uia apunta que las señales que el actual gobierno envía son contradictoras.
Por un lado, a través del Pacto por México, plantea la eliminación de regímenes especiales como la consolidación fiscal, privilegio que condona impuestos a los grandes grupos empresariales y que data del sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Por el otro, el Partido Revolucionario Institucional destraba candados para eliminar el impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas, lo que “en vez de ser una política redistributiva a favor de los pobres, lo es a favor de los que más tienen”.
El economista por la Universidad de las Américas en Puebla lamenta que, aunque en términos de la economía del mercado capitalista hay dos vías de redistribución de la riqueza (la política fiscal y la salarial), México no lo ha hecho por ninguna de las dos.
“Estos primeros días del gobierno de Peña Nieto nos permitirían ver si efectivamente hay indicios de que la política fiscal o salarial van a mejorar en términos de redistribución de la riqueza, de las condiciones de vida de los trabajadores. Lo que hemos visto es que ninguna de las dos se ha dado”, sentencia Reyes Hernández.
Lilia Aguilar Gil, secretaria de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, manifiesta la dificultad de evaluar “a estas alturas” el impacto de las políticas económicas de Peña Nieto. Para la diputada del Partido del Trabajo, “lo que estamos viviendo ahora es aún el rezago de Calderón”.
Lo que sí es muy claro, agrega, “es que los mexicanos hemos perdido el 40 del poder adquisitivo en los últimos años y eso es gravísimo. Eso quiere decir que, independientemente de que suban los salarios mínimos, la gente tiene un nivel de pobreza más grande y eso es algo que debemos atacar”.
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Fuente: Contralínea 332 / abril 2013
http://www.voltairenet.org/article178406.html

Salarios caen 5.78 por ciento: CAM-UNAM

De enero a marzo de 2013, el poder de compra de la clase trabajadora mexicana cayó en casi 6 puntos porcentuales como consecuencia del incremento del precio de la Canasta Alimentaria Recomendable, revela un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. En contra de lo que establece el mandato constitucional, durante los últimos 25 años el poder adquisitivo del salario mínimo ha perdido en 79.14 por ciento. Aun así, el tema está fuera de la agenda.

Arroz blanco, calabacitas a la mexicana, huevos ahogados, tortillas de maíz y agua de piña: un menú equilibrado, elaborado con base en los productos de la Canasta Alimentaria Recomendable (CAR), que incluye 38 alimentos cuyos nutrientes son los mínimos necesarios.
El costo aproximado de esta comida para una familia mexicana promedio (de 3.5 personas integrantes) es de 65 pesos. Esto supera el salario mínimo nominal que a partir del 1 de enero de 2013 es de 64.76 pesos para la zona geográfica A.
A la luz de esta realidad, el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta irrisorio: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”.
Los estudiosos de la economía definen como pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo a este fenómeno, es decir, al bajo crecimiento de los salarios nominales respecto del comportamiento de los precios.
Integrantes del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), con sede en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han documentado la pérdida del poder de compra de los mexicanos en 25 años de neoliberalismo. Aseguran que ha sido del 79.14 por ciento.
Y es que si bien del 16 de diciembre de 1987 al 31 de marzo de 2012 el salario mínimo nominal de la clase trabajadora mexicana creció en 900.92 por ciento (de 6.47 a 64.76 pesos), el precio diario de la CAR para una familia promedio se disparó nominalmente en 4 mil 697.72 por ciento (de 3.95 a 189.51 pesos) para el mismo periodo.
Así, mientras que en el sexenio de Miguel de Madrid Hurtado con un salario mínimo alcanzaba para adquirir el 163.8 por ciento de la CAR, con Enrique Peña Nieto sólo se puede acceder al 34.17 por ciento de ésta.
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En su Reporte 109. El incremento en los precios devora el aumento del salario mínimo en México –que será presentado en los próximos días y del cual Contralínea posee copia–, los investigadores de la UNAM refieren que la pérdida del poder adquisitivo durante los primeros meses de la gestión de Peña Nieto ha sido de 5.78 por ciento. Esto, debido al incremento del precio ponderado de la CAR, que de enero a marzo de 2013 pasó de 171.86 a 189.51 pesos.
Para el diputado Valentín González Bautista, integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es claro que en lo que en lo que va de la actual gestión las condiciones de vida de la clase trabajadora mexicana no han mejorado.
Prueba de ello es que la histórica brecha entre el salario nominal y el costo de la canasta básica persiste entre los permanentes aumentos de gasolinas –la justificación para que cualquier distribuidor y comerciante aumente el precio de los artículos básicos– y la pasividad y complicidad de los sindicatos.
Por eso, dice González Bautista, este 1 de mayo “los trabajadores poco o nada tienen que conmemorar o festejar. Más bien tendrían que estar preparados para las largas jornadas de lucha, de resistencia, de reivindicación de sus derechos, de no permitir más violaciones a la ley”. Una alternativa para resistir en este contexto, asegura el legislador, son las redes de consumo solidario.
José Arturo López Cándido, del Partido del Trabajo (PT), considera que los cálculos del CAM se quedan cortos respecto del precio actual de la canasta alimentaria básica que, indica, superaría los 200 pesos diarios.
El diputado, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se pregunta “cómo le hacen” los trabajadores y las trabajadoras mexicanas para resolver estos problemas. Y responde: “Hoy sabemos que el ingreso familiar es de varios miembros de la familia. Aún así van paleando la crisis, pero creo que van a medias”.
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El poder adquisitivo, fuera de la agenda legislativa
Un primer acercamiento con los integrantes de las comisiones de Trabajo y Economía, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, evidencia que los legisladores no han incluido en sus agendas el tema del poder adquisitivo del salario mínimo, a pesar de que durante los últimos 25 años éste ha perdido en 79.14 por ciento su capacidad.
Por ejemplo, Mario Sánchez Ruiz, integrante del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la Unión, declinó hablar del tema, puesto que no es parte de su agenda.
En tanto, Alejandra Barrales Magdaleno, secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, dice a Contralínea: “No hemos sesionado ahorita en la Comisión… Bueno, hemos tocado algunos temas, pero ahorita estamos dándole prioridad, sobre todo, al tema de las cuotas del IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social]”.
—¿Qué tendrían que hacer como senadores para devolver el valor al poder adquisitivo de los trabajadores?
—Tendríamos que ser líderes sindicales honestos, todos, para defender el poder adquisitivo de los trabajadores, un asunto que no es tan sencillo de resolver, es muy amplio…
Elsa Patricia Araujo de la Torre, diputada del Partido Revolucionario Institucional y parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, manifiesta que aunque “es una preocupación de todos” que el salario mínimo no permita tener una calidad de vida, vivienda y alimentación, el tema será retomado hasta que se discuta la reforma hacendaria.
Lilia Aguilar Gil, legisladora del PT y secretaria de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, lamenta que ni para la Comisión que representa ni para el gobierno federal sea una prioridad la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, que “es lo que nos ocupa a los mexicanos todos los días”.
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Productos de la Canasta Básica Alimentaria Recomendable
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Fuente: Contralínea 332 / abril 2013
http://www.voltairenet.org/article178404.html