Denuncian red de corrupción en la Sedenac

La semana pasada publicamos en esta columna una carta enviada por proveedores de bienes y servicios para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en donde se quejaban de supuestas irregularidades en el área administrativa de esa dependencia a cargo del general brigadier Fernando Joaquín Ávila Lizárraga.

7. abril, 2013 Miguel Badillo * Oficio de Papel

Según la misiva, varios militares habían integrado una red de corrupción para obtener comisiones a cambio de la asignación de contratos millonarios para adquirir bienes y servicios. Los empresarios inconformes dicen que, para pedirles comisiones económicas, los funcionarios militares aseguraban que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, tenía conocimiento del cobro del diezmo.
En la carta decían: “Somos un grupo de proveedores de la Secretaría de la Defensa Nacional, preocupados porque venimos prestando nuestros servicios y la nueva administración del área de compras, donde se encuentran el teniente coronel DEM [diplomado de Estado Mayor] José Alfredo Carrillo Ríos, y el coronel intendente DEM José Luis Lua Tatuado, desde que llegaron a sus posiciones han pedido cantidades importantes de dinero por anticipado, al comentar que ellos tienen el poder de decidir qué proveedores se quedan, quiénes entran y cuáles se van.
“Nos han dicho que tenemos que alinearnos. Como si fuera poco, nos han dicho que los diferentes procedimientos licitatorios serán transparentes, al invitar a un sinnúmero de empresas por evento; y en las diferentes invitaciones hay irregularidades e inconsistencias, además de pedir requisitos como cartas de exclusividad, cuando conforme a ley si es carta de exclusividad tendría que ser compra directa, pues nadie más participaría.
“Estos dos militares, responsables ahora de la contratación de bienes y servicios para la Defensa, ofrecieron a las diversas empresas participantes información para ganar los contratos por 1 millón de pesos. Esta situación es más grave porque nos dicen que son órdenes del secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos.”
El mismo lunes que publicamos esta denuncia sobre presunta corrupción en el área administrativa de la Secretaría de la Defensa, uno de los militares señalados en la misiva, el coronel intendente DEM José Luis Lua Tatuado, fue separado de su cargo y comisionado a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, además de que se abrió una investigación para determinar su presunta responsabilidad en esa red de chantajes y sobornos en que se ha convertido la asignación de contratos en la Sedena.
El último caso que aseguran los proveedores está lleno de irregularidades y ocurrió apenas hace unos días, se dio cuando las direcciones generales de Sanidad y de Administración de la Defensa declararon desierta la licitación 006/1/2013 para la compra de equipo médico, que tendría un costo aproximado de 108 millones de pesos, sólo para los estados de la República y por año y medio de servicio.
De acuerdo con documentos de la Sedena, de los que esta columna tiene copias, la licitación incluía la contratación plurianual (2013 y 2014) de abastecimiento e insumos de ortopedia para las especialidades de cirugía de ortopedia de rodilla, cadera, maxilofacial, columna de ortopedia y cirugía maxilofacial para hospitales militares, regionales y enfermerías que cuentan con la especialidad.
En dicho proceso licitatorio participaron 15 empresas, algunas de las cuales son investigadas para determinar si durante el sexenio pasado, cuando ganaron varios contratos, otorgaron sobornos a militares de alto rango: Servicios Empresariales Begam, Zaken Internacional, Comerlat, Medical Smart Projects, Comédica, Aplicaciones Médicas Integrales, Pentamed, Farmacéutica Cruz Real, Grupo Autrey, Grupo Farmacéutico Santo Tomás, Grupo Madero, Suministros e Instrumental Médico, Nadro, Savi Distribuciones y Grupo Ruvel.
Entre los militares involucrados en esta licitación declarada desierta está el teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos, jefe de la Sección de Adquisiciones de Suministros Médicos, designado por la Subdirección de Adquisición de la Dirección General de Administración como responsable del concurso.
El 20 de marzo se llevó a cabo, en las oficinas de la Sedena, la recepción y apertura de las propuestas técnica y económica, con la participación de representantes de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Administración, del Órgano Interno de Control y de cinco empresas licitantes. Dos días después se presentó el dictamen técnico en donde se indica que ninguna empresa cotizó el ciento por ciento de los requerimientos establecidos en la convocatoria.
En los documentos se explica que la empresa Servicios Empresariales Begam cumplió con el 78.4 por ciento de las partidas, mientras que Aplicaciones Médicas Integrales apenas cubrió el 34.1 por ciento, por lo que se determinó que las cinco empresas concursantes incumplieron con los requerimientos establecidos en la licitación. Por tal motivo, “esta área contratante procede a declarar desierto por primera ocasión el presente procedimiento de contratación, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones”.
El acuerdo fue firmado por los representantes de las cinco empresas participantes, así como por la Dirección General de Sanidad –representada por el subdirector administrativo, general brigadier Fernando Rafael Martínez Pérez, y el teniente coronel Isaac Enrique Hernández Téllez– y el asesor jurídico de la Dirección General de Administración, mayor Alberto Cortés Ríos.
El teniente coronel Jesús Rogelio Gámez Tamayo, jefe de la Sección Administradora de Contratos, habría sido el responsable directo de armar esta licitación que, según algunas empresas participantes, está repleta de irregularidades. El antecedente de este coronel, según fuentes de la Defensa, es que durante la administración anterior había sido relegado por diversas acusaciones que motivaron el inicio de investigaciones en su contra.
Focos rojos en Sedena
Preocupado por la corrupción en la asignación de contratos en la Secretaría de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos ha ordenado a los órganos de inteligencia y de control revisar las prácticas de licitación e investigar a las empresas privadas que desde hace varios años se mantienen como las principales ganadoras de los concursos, pues hay preocupación de que diversas compañías emplean prestanombres porque en realidad pertenecen a servidores públicos, militares y exfuncionarios que han encontrado en los contratos de gobierno una forma de enriquecerse mediante la entrega de sobornos para los responsables de asignarlos.
Un caso grave que aún se investiga en Sedena ocurrió en los últimos 3 años del gobierno de Felipe Calderón, entre 2010 y 2012, cuando la Defensa entregó 18 contratos a proveedores privados extranjeros por varios miles de millones de pesos para la adquisición de equipos y servicios para las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
El propósito de esas compras era que el Ejército contara con equipo tecnológico y de comunicación necesario para investigar a grupos armados (guerrilla) y a la delincuencia organizada (narcotráfico), por lo cual, dichas adquisiciones se clasificaron como de seguridad nacional y por ello los contratos se asignaron directamente, es decir, sin licitación de por medio, y bajo autorización de un Comité de Compras del Ejército, en donde participó el entonces secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván.
Sin embargo, mediante una denuncia que salió de la misma Secretaría de la Defensa y fue presentada por militares de alto rango ante la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, se inició la revisión de ocho contratos por un monto total de 5 mil 628 millones de pesos, para la compra de equipo de intervenciones telefónicas y espionaje para el área de inteligencia de la Sección Segunda del Ejército.
Ahora se ha retomado esa indagatoria porque algunos de los equipos resultaron obsoletos e inservibles, y el gasto público fue muy alto.
*Periodista
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Fuente: Contralínea 329 / abril 2013

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Parte I: Hacienda acredita 109 mil MDP lavados en sistema financiero

La Unidad de Inteligencia Financiera acreditó el ingreso de más de 109 mil millones de pesos de origen ilícito al sistema financiero entre 2007 y 2012. Por el probable delito de lavado de dinero, en ese periodo presentó 232 denuncias ante la PGR que involucran a más de 270 instituciones financieras. Sin embargo, el crimen no fue vulnerado: en el sexenio pasado se blanquearon más de 3 billones 42 mil millones de pesos, mientras que en los primeros 100 días del actual gobierno los cárteles de la droga habrían “legalizado” unos 130 mil millones de pesos, se desprende de un análisis del Congreso de Estados Unidos

7. abril, 2013 Nancy Flores / @Nancy_Contra Capitales, Portada

En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó el presumible lavado de 109 mil 254 millones 173 mil 391 pesos en el sistema financiero de México, indica la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la solicitud de información 0000600001613, presentada por Contralínea.
Entre enero de 2007 y diciembre de 2012, la UIF –que ahora encabeza Alberto Bazbaz– presentó 232 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el circuito financiero, relacionadas con ese monto multimillonario.
Los 109 mil millones de pesos sucios detectados en ese periodo equivalen a 12 veces el presupuesto 2013 del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (que asciende a 9 mil 64 millones 526 mil pesos); sin embargo, apenas representan el 14 por ciento de lo que las autoridades hacendarias reconocen oficialmente como el monto que se lava en el sistema financiero mexicano.
Y es que la propia Secretaría de Hacienda admitió en 2012 que los excedentes anuales por 10 mil millones de dólares registrados en el sistema serían un estimado de los recursos que blanquean los bancos, casas de cambio, casas de bolsa, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto limitado y demás sujetos obligados por la normatividad antilavado (más de 6 mil instituciones).

Es decir que el sistema financiero habría lavado al menos 60 mil millones de dólares (unos 780 mil millones de pesos, a un tipo de cambio de 13 pesos por dólar) en los 6 años en los que supuestamente se libró una “guerra” frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado, vigente también en la actual administración federal.
Más aún, el reporte Southwest border violence: issues in identifying and measuring spillover violence –elaborado por el servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos, con fecha del 28 de febrero de 2013– señala que los narcotraficantes mexicanos “legalizan” con éxito hasta 39 mil millones de dólares anuales, producto únicamente de la venta de drogas ilegales en ese país (unos 507 mil millones de pesos cada año).
Es decir que entre 2007 y 2012 los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, del Golfo, Juárez, Tijuana, la Familia Michoacana y los Beltrán Leyva habrían lavado más de 3 billones 42 mil millones de pesos en el país. Además, en los primeros 100 días del sexenio de Enrique Peña Nieto se habrían blanqueado otros 130 mil 884 millones de pesos (10 mil 68 millones de dólares), pues las estimaciones hechas por los aparatos de inteligencia estadunidenses no han variado en el último sexenio.
“Desde el punto de vista de la inteligencia financiera es extremadamente pobre la productividad en términos de la persecución de este delito”, opina el maestro en ingeniería financiera Jorge Retana Yarto.
“La mayoría de las operaciones [antilavado] que se han logrado consolidar son muy pequeñas: se captura a los responsables en acciones prácticamente in fraganti. Se detiene al operador financiero de un grupo criminal que estaba en posesión de entre 2 [millones] y 5 millones de dólares o se captura al enlace de un grupo criminal en México que viene de Colombia y encuentran en sus maletas 2 [millones] o 3 millones de dólares en los aeropuertos. [El combate] ha sido a través de esas acciones, no de la investigación sistemática.”
Por ello, el integrante del Colegio Nacional de Economistas y de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, capítulo México, observa que “estamos excesivamente retrasados en cuanto a la efectividad de los trabajos de inteligencia financiera para detectar este delito”.

Denuncias por año
Los datos que la Secretaría de Hacienda entregó a Contralínea –por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– revelan que de los más de 109 mil millones de pesos sucios que detectó la UIF en el sistema financiero, el monto más alto correspondió a las 39 denuncias de 2011: 70 mil 481 millones 858 mil 50 pesos, que equivalen al 64.5 por ciento del total.
Le siguieron las 43 denuncias de 2009, por 14 mil 137 millones 621 mil 935 pesos; las 52 hechas en 2010, por 9 mil 710 millones 904 mil 653 pesos; las 38, en 2008, por 6 mil 107 millones 127 mil 145 pesos; y las 25, en 2007, por 5 mil 133 millones 666 mil 839 pesos de origen ilegal.
La respuesta de la Secretaría de Hacienda –que encabeza Luis Videgaray– descubre, además, que las 35 acusaciones que interpuso su Unidad de Inteligencia Financiera ante la PGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita en 2012 fueron las que menos dinero implicaron: 3 mil 682 millones 994 mil 769 pesos, es decir sólo el 3.37 por ciento del monto global.
Las 77 denuncias presentadas entre octubre de 2010 y septiembre de 2012 involucraron a 276 instituciones financieras consideradas como sujetos obligados por el marco normativo vigente en materia de prevención al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, se desprende de los dos reportes anuales de resultados que ha generado la UIF.
Para la doctora Mireille Roccatti, en materia de combate al delito de lavado de dinero es necesario que se aplique la ley cabalmente y que se tenga una supervisión “a todo mundo; no solamente de manera selectiva, sino a todas las cuentas bancarias de todo mundo. Al momento en que se detecte una transferencia que cause un poquito de alerta o de alarma, buscar el origen y todo el curso que siguió esa cantidad: la procedencia, quién lo recibe y a dónde lo transfiere”.
El Reporte anual octubre 2011-septiembre 2012 de la UIF refiere que, en ese año, la PGR le envió “1 mil 221 peticiones de información sobre un promedio trimestral de 1 mil 500 sujetos en investigación por actos posiblemente vinculados a los delitos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo”. Para el periodo de octubre de 2010 a septiembre de 2011, las solicitudes de la Procuraduría ascendieron a 1 mil 176 respecto de 1 mil 694 sujetos obligados.
El documento señala que la Unidad de Inteligencia Financiera sólo “disemina información cuando la PGR justifica que las instituciones sobre las que está requiriendo información están incluidas en alguna investigación, a través de un acta circunstanciada o una averiguación previa”.
Agrega que México también recibió 107 solicitudes informativas provenientes de unidades de inteligencia financiera extranjeras. En ese mismo periodo, la UIF envió 46 peticiones de información a otros países, sin aclarar a cuáles.
José Luis Marmolejo –quien encabezara la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la PGR, en el sexenio pasado– señala que “los delincuentes no entienden diferencias de idiomas ni tampoco pierden tiempo sacando visas y pasaportes. El idioma que ellos hablan es el universal, el del dinero. Y mientras nosotros [México] estamos perdiendo tiempo carteándonos con otros gobiernos para pedir informaciones, ellos están todos los días haciendo operaciones de la manera más abierta e impune”.
En entrevista, el exfiscal antilavado indica que las autoridades federales deben estar conscientes de que el mayor peso que tiene la delincuencia es el que el propio gobierno le da, al permitirle que siga allegándose de dinero.
El capital, detalla, “es lo que hace que la maquinaria se siga moviendo. El crimen es una empresa: si le siguen inyectando recursos, crece; si le cortan de golpe el flujo de dinero, se va a venir abajo. La diferencia es la dinámica con la que trabajan estos señores [los delincuentes]. A una empresa normal, en condiciones normales, si se le quita la fuente de ingreso se va a la quiebra; [pero] ellos lo que hacen es que si les cortan la fuente de ingresos primarios se van a buscar otra. Es decir que si el narcotráfico ya no les funciona entonces se van a dedicar a extorsionar. Si la extorsión no les funciona, a secuestrar. Le van a buscar todas las formas posibles para subsistir”.
Infografía:

⇒ Parte I: Hacienda acredita 109 mil MDP lavados en sistema financiero
Parte II: Sistema financiero, principal centro de lavado en México
Parte III: Ley antilavado: 12 años de retraso
TEXTOS RELACIONADOS:
PGR consigna 34 casos de lavado en la banca
Fideicomisos hechos para lavar dinero
Salen 6.8 billones de México y se lavan en paraísos fiscales
Fuente: Contralínea 329 / marzo 2013

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Lurín: ¡mafia roba más terrenos!

En Los Suspiros, Playa Arica de Lurín sigue operando una mafia que enajena, a la mala, con matones armados y golpizas a los legítimos dueños, terrenos y para ello no duda en comprarse a autoridades ediles, policiales, judiciales o de cualquier índole con tal de obtener la "legalización" posesoria de los predios que invaden con artes delincuenciales.

El ciudadano Rober Angel Contreras Aramburú, propietario legítimo del predio situado en calle Los Lirios Mz-W-2-Lt. 06 en la Asociación Los Suspiros de Playa Arica, Lurín, y tal como dice la denuncia policial que mostramos en este artículo, encontró en su predio a un individuo identificado como Artemio Escobar Oré quien dijo ser esposo de la señora Rosa Adelina Gutiérrez Pérez a quien señaló como la "legítima propietaria".
Pero ¿cómo entraron los dirigidos por Artemio Escobar Oré a un terreno sobre el que alegan una dudosa propiedad? La denuncia policial es muy clara: derribando un muro fresco construido por Contreras de tal suerte que matones, hombres y mujeres, se hicieron de mala manera del terreno. Si eran dueños ¿para qué tenían que tirarse abajo una construcción reciente? La lógica indica que por la misma razón de que no eran dueños reconocidos, incurrieron en el acto criminal.
Pero aquí, como dijimos en numerosos artículos, meses atrás, en la serie La conexión Cofopri, hay demasiada complicidad entre autoridades lo que permite que se otorguen títulos de posesión falsos con papeles deleznables, como vamos a demostrar a lo largo de esta investigación y en más de 4 casos recientes, y el abuso de bandas armadas que amedrentan con palizas ocasionales o agresiones en cualquier parte a los dueños verdaderos.
¿De qué se trata el asunto? ¡Muy fácil! De robar terrenos o predios y venderlos a posteriori, con títulos discutibles o autorizaciones compradas a funcionarios públicos inmorales, a precios que fácilmente quintuplican o decuplican el monto real. Y de esta manera el círculo delincuencial abarca un universo insolente de personas que viven del impuesto que paga el resto de los peruanos.
Leamos la denuncia y observemos las fotos que precederán a una indagación exhaustiva de quiénes son estos personajes, de qué modo actúan, cómo están sus reportes crediticios o financieros o qué contactos tienen (se habla de una abogada que se llena la boca hablando de la influencia que tiene en el Colegio de Abogados de Lima y cuyo consorte, también abogado, es partícipe de estas demoliciones legales que terminan por ahuyentar a los dueños de sus predios y abren las compuertas, ante la complicidad del resto, a un robo que cada día tiene más víctimas en esta parte de Lima.
..............................................
Copia certificada No. 2122-2012, Región Policial-Divter Sur 3 L y B.-
El comandante PNP comisario de la Comisaría del distrito de Lurín quien suscribe:
CERTIFICA:
 Que en el Cuaderno de Registro de Ocurrencias por delitos y faltas que obra en esta Sub Unidad existe una asignada con el Nro. 1844 cuyo tenor literal es como sigue...................
SUMILLA.- No. 1844- HORA: 22.35. FECHA 26. NOV 2012. POR D/C/P USURPACION DE TERRENO. Policía Nacional del Perú Parte s/n. El día de la fecha a horas 19.00 aprox. el suscrito al mando de la PL-10441 en compañía del SOT2PNP. MERCADO SOLORZANO Edilberto y por orden del Sr. CAP. PNP QUINTANILLA PELAEZ Marcos y a solicitud del señor Rober Angel Contreras Aramburú (44), natural de Huancavelica, soltero, empleado, domiciliado en Breña, DNI 06281925. Nos constituimos a la Asociación Los Suspiros calle Los Lirios Mz. W-2-Lt-067-Playa Arica, Lurín. Quien manifestó que en su propiedad cuando se encontraba levantando un muro con material noble (ladrillos y cemento), sus obreros fueron sorprendidos por 5 personas adultas, entre varones y mujeres, quienes al ver el muro fresco lo derribaron, llegando al lugar Asociación Los Suspiros calle Los Lirios Mz.-W-2-Lt- de Playa Arica, Lurín, se constató la presencia en el interior de la proiedad del recurrente a la persona quien dice llamarse Artemio ESCOBAR ORE (67) natural de Lima, casado, DNI 09019010, quien manifestó que su señora es la propietaria del terreno. Asimismo manifiesta que está trayendo sus documentos, sufriendo el recurrente los siguientes daños materiales: El muro de material noble, cemento, arena gruesa, loadrillos, fierro de construcción. Lo que doy cuenta para los fines del caso. FDO. EL INSTRUCTOR SO8 PNP CHADUVI ROJAS Jorge. V°B° COMANDANTE PNP COMISARIO DEL DISTRITO DE LURIN
Es copia fiel del original,
Lurían 28 de noviembre del 2012
Walter Moreano Bueno SOB PNP CIP 30507851
Walter Palomino Simon Comandante PNP Comisario CIP 239658

Herbert Mujica Rojas

 

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Documentos adjuntos

		Denuncia policial del robo (JPEG - 97.3 KB)
		Invasor Artemio Escobar Oré (JPEG - 3.7 KB)
		Invasora Rosa Adelina Gutiérrez, esposa de Artemio. (JPEG - 4.3 KB)

 

El Tratado sobre el comercio de armas, ley suprema del capitalismo

Cuando la justicia británica tuvo conocimiento de las comisiones ocultas que se pagaron por debajo de la mesa por los megacontratos Al-Yamamah de ventas de armas, Tony Blair trató por todos los medios de enterrar el escándalo. Al final, varias fugas de información impidieron seguir escondiendo la malversación de cientos de millones de dólares, que se usaron para financiar el terrorismo internacional. Para salvar la reputación de la industria militar británica, Tony Blair aceptó redactar a su manera un borrador de Tratado sobre el comercio de armas, documento que la ONU acaba de adoptar al cabo de 7 años de negociaciones. El periodista francés Thierry Meyssan analiza lo que en verdad representa ese lamentable documento.

Tony Blair, primer ministro británico de 1997 a 2007, fue quien presentó a la ONU el primer borrador del proyecto de Tratado sobre el comercio de armas.

Al cabo de 7 años de negociaciones, la Asamblea General de la ONU adoptó, el 2 de abril de 2013, un proyecto de Tratado sobre el Comercio de Armas, con 154 votos «a favor», 3 votos «en contra» y 23 abstenciones [1]. Eufóricos, los embajadores de los países occidentales se felicitaron entre sí por este «voto histórico» de un texto «ambicioso» que «pondrá definitivamente fin al comercio ilícito de armas», ya que es «equilibrado», «eficaz», «robusto», etc.

Con esas entusiastas declaraciones esperaban convencer a las opiniones públicas de sus respectivos países de que ese proyecto de tratado demuestra que ellos nunca actúan en contra de la paz y que, por el contrario, los Estados que no lo aprobaron o que expresaron su oposición son los que no tienen la conciencia tranquila. Para apuntalar ese razonamiento no dejaron de resaltar que los 3 votos «en contra» provenían de sus adversarios, a los que han venido demonizando desde hace mucho tiempo: Corea del Norte, Irán y Siria.
¿Cuál es la realidad? El derecho internacional reconoce que, en aras de poder defender a su pueblo, todo Estado tiene el legítimo derecho de producir, importar, exportar, transferir y poseer armas o de participar en el comercio de estas. Mientras que esas mismas actividades se prohíben a todos los Estados –según el derecho internacional– cuando tienen como objetivo agredir u ocupar otros Estados u otros pueblos.
Aunque es imposible saber de antemano si un arma va a ser utilizada o no con un objetivo legítimo, la cantidad astronómica de armas ligeras que se fabrican en el mundo es completamente desproporcionada en relación con el uso legítimo que de ellas pudiera hacerse. Y no es de extrañar que parte de ellas se utilicen con fines ilegítimos, provocando así sufrimientos inútiles.
Dado que el proyecto de tratado se negoció en el seno de la Asamblea General y en el marco de la Conferencia sobre el Desarme, ese texto se presenta a menudo como un intento de extender a las armas ligeras el esfuerzo emprendido en el campo de la no proliferación del armamento nuclear. Lo cual es falso. Como subrayó el representante de Pakistán: «No se trata de un tratado de desarme» sino de un tratado sobre «el comercio responsable de armas». En otras palabras, como se reconoce implícitamente en el título mismo de ese proyecto de tratado, la finalidad del texto inicial presentado por Tony Blair no era favorecer la paz sino proteger los intereses industriales y comerciales del Reino Unido y extender la «doctrina Blair». O sea, si se considera que una guerra es «moral» si se emprende «a título humanitario» para luchar en contra de «una violación de los derechos humanos» –en el sentido anglosajón de esa expresión–, también habrá que considerar que el comercio de armas es «responsable» simplemente si no se venden armas a los «compradores-canallas» acusados de haber «violado los derechos humanos» –también en el sentido anglosajón de la expresión.
Dado que las tres cuartas partes (el 75%) del comercio mundial de armas ligeras está en manos de sólo 6 países productores, la única posibilidad de aplicar un tratado sobre esa actividad es mediante un acuerdo entre esos Estados (Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia). Lo cual equivale a crear un cártel de vendedores que se vería entonces en condiciones de imponer sus propios precios para mejorar sus ganancias. El representante de Bolivia resumió lo anterior al observar que «la industria del armamento puede dormir tranquila ya que [la redacción de] este Tratado defiende sus intereses».
Por otro lado, dado el hecho que ese cártel industrial y comercial –que incluye a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU– tendría la posibilidad de prohibir que un Estado determinado adquiera armas en el mercado internacional, ese cártel del armamento podría de hecho privar a cualquier Estado de sus legítimos medios de defensa, convirtiéndolo así en una presa fácil. Como escribió Lenin: «El imperialismo es la fase superior del capitalismo».
A pesar de las apariencias, los gobiernos del Reino Unido y Francia son coherentes cuando tratan de reglamentar «el comercio de armas» por un lado mientras que intentan, por el otro, levantar un embargo –o sea, desregular ese mismo comercio– para legalizar sus propias transferencias ilícitas de armas a los mercenarios pagados por las dictaduras wahabitas para destruir a Siria.
En definitiva, se trata de un proyecto de tratado que ha nacido muerto. Aunque sea rápidamente ratificado por la cincuentena de Estados que votaron a favor de ese texto y incluso si llega a entrar en vigor, lo cierto es que no será aplicable porque China y Rusia se han negado seguir el juego del cártel militaro-industrial occidental. A pesar del interés económico que ese tipo de asociación pudiera revestir para ellos, estos dos países han preferido proteger nuevamente al mundo del mercantilismo anglosajón –al que Francia se ha unido, cambiándose así de bando. Al asumir su estatura imperial de grandes potencias, China y Rusia se niegan a convertirse en empresas imperialistas.

Thierry Meyssan

Fuente
Al-Watan (Siria)

http://www.voltairenet.org/article178071.html 

Asesino.....

Hay cosas que simplemente me llega

Defender lo indefendible es algo común en el Perú. Ya no es cosa del sentido común, sino de inmoralidad pura. ¿Cuándo hemos cruzado esa linea? ...no lo se, lo importante es que ya se cruzó y estamos cada día siempre escogiendo en el mal menor. Hemos perdido la claridad, hasta el punto que nos parece cotidiano tanta injusticia, debemos reaccionar de tanto insulto y abuso.
Para decir verdad, ya estoy harto, cansado, aburrido y masacrado, casi no tengo fuerzas de escribir este texto. Pero acá estoy, tratando estar firme en lo que yo creo y mientras tenga fuerzas estaré alzando la voz en este humilde blog. Honestamente me llegó al p..... todo, llegó la hora de tomar nuevas decisiones, otras formas de poder cambiar lo que aqueja nuestro país.

Simplemente me cansé, estoy abierto a ideas.
Saludos.

Soplo de Zurich destapó cuentas Montesinos=Fujimori

Con motivo de la boda de mi hija Maité, en Zurich, Suiza, cuya ceremonia, hoy 4-4-2013, 2.15 pm, en la Stadhaus (concejo del cantón) y almuerzo pantagruélico subsiguiente, en un céntrico restaurant vegetariano, HILTL, ya concluyeron, abrevando champagne y vino, con un sinfín de potajes de la especialidad, me ha venido al recuerdo que fue la fiscal Cornelia Cova, del Juzgado de Instrucción de Zurich, quien informó al Perú sobre las millonarias cuentas que Montesinos tenía en este bucólico paraíso financiero. ¡Con ningún otro peruano, por desventura, se ha levantado el secreto bancario de ese modo!
He venido a esta histórica ciudad helvética, que su historia se adentra unos 2000 años atrás, para asistir a una casi doble graduación, la de Maite. Está terminando su doctorado en Genética del cáncer, le falta muy poco, pero antes ha optado por casarse con un ciudadano inglés, Justin Harris. Como padre, he estado con ella, con su respectivo regalo de unos 2,300 francos suizos y con sus invitados que venían de Londres, Copenhague, Paderborn y Munster. Los peruanos éramos los menos, ya que no es fácil hacerse presente, aun deseándolo.
Los dos primeros destapes millonarios que se hicieron por la citada fiscal suiza, vía una carta rogatoria internacional, no muy frecuente contra los bribones de cuello y corbata, fueron las cuentas: No 226.266, a nombre de la esposa de Montesinos, María Trinidad Becerra, con un jugoso saldo de $17’292,746.61 dólares USA, y la No 225.334, a nombre de Ilan Weil Levy, con el saldo de $15’184,569.41, en dos bancos de Zurich, Leumi y Fibi, ambos israelíes y que siguen operando en el centro histórico financiero de Zurich. Cuando pasé por Dianastrasse 5 y Seesstrasse 61, soportando el frío primaveral que es más intenso que un invierno nuestro, me apené por el Perú, al hacer reminiscencia que allí se depositaron los millones del presupuesto nacional por esta camarilla fujimorista, que al regresar al poder haría lo mismo. ¡Qué encanto encuentran en Suiza que no sea el secreto bancario casi impenetrable, salvo la propia delación!
Desconozco cómo terminó la investigación, en Zurich, de la fiscal Cornelia Cova, pero ella no se ha atrevido a revelar las cuentas cifradas o secretas de otros peruanos de mala ley, así como de sujetos de otros países que se guarecen en el secreto bancario de Suiza, del Japón, del principado alpino de Liechtenstein y muchos paraísos de la finanza mal habida.
Estas cuentas de la corrupción peruana e internacional sirven para mejorar el nivel de vida de los pobladores de estos lugares, y cuando sus titulares mueren, al caer un avión al mar, quedan para siempre sepultadas o perdidas. Siendo secretas, no las conoce la esposa, la amante, ni Keiko, tampoco Kenji, aunque como seguros beneficiarios gozan de su haber.
¡Si no fuera así, de dónde saldrían los millones, sino de Zurich, Suiza, para las campañas electorales generales, regionales, locales y revocatorias y para presionar por indultos “humanitarios”!
Zurich, Suiza, 4 de abril del 2013.

Guillermo Olivera Díaz

 

http://www.voltairenet.org/article178066.html