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Un proyecto para sustituir la Ley de Participación y Control
Ciudadanos (263000) que introduce cambios sustanciales en el mecanismo
de la revocatoria fue presentado formalmente al Congreso por los
titulares del Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y Reniec.
Francisco Távara, presidente del JNE, explicó la propuesta que elimina la posibilidad de realizar una nueva elección y en caso de autoridades revocadas se establece que sean reemplazadas directamente por sus accesitarios.
También se plantea que la revocación proceda con el voto favorable de más de la mitad de los electores hábiles del padrón electoral, dejando el criterio de votos válidos que siempre resulta menor.
Asimismo, se establece que los promotores deben residir en el municipio o región donde se impulse la revocación de autoridades. También se plantea que el 25% de firmas para solicitar la consulta popular se generalice a todas la zonas, sin el tope de 400 mil firmas como sucedía en Lima.
CONTROL FINANCIERO
Además, la iniciativa propone que la ONPE verifique y controle el financiamiento económico de los promotores y autoridades regionales y ediles inmersos en un proceso de consulta popular de revocatoria con el propósito de transparentar este derecho de control ciudadano.
Mariano Cucho, jefe de ONPE, dijo que el objetivo es que los ciudadanos tengan la seguridad de que promotores y autoridades presenten información financiera de sus campañas electorales desde el inicio del proceso, sustentada por la documentación de ingresos y gastos respectivos.
Los titulares de las tres instituciones electorales se reunieron con el parlamentario Marco Falconí, vicepresidente de la Comisión de Constitución, en la que se discutirá el proyecto de iniciativa legal.
Fuente:@larepublica_pe
Francisco Távara, presidente del JNE, explicó la propuesta que elimina la posibilidad de realizar una nueva elección y en caso de autoridades revocadas se establece que sean reemplazadas directamente por sus accesitarios.
También se plantea que la revocación proceda con el voto favorable de más de la mitad de los electores hábiles del padrón electoral, dejando el criterio de votos válidos que siempre resulta menor.
Asimismo, se establece que los promotores deben residir en el municipio o región donde se impulse la revocación de autoridades. También se plantea que el 25% de firmas para solicitar la consulta popular se generalice a todas la zonas, sin el tope de 400 mil firmas como sucedía en Lima.
CONTROL FINANCIERO
Además, la iniciativa propone que la ONPE verifique y controle el financiamiento económico de los promotores y autoridades regionales y ediles inmersos en un proceso de consulta popular de revocatoria con el propósito de transparentar este derecho de control ciudadano.
Mariano Cucho, jefe de ONPE, dijo que el objetivo es que los ciudadanos tengan la seguridad de que promotores y autoridades presenten información financiera de sus campañas electorales desde el inicio del proceso, sustentada por la documentación de ingresos y gastos respectivos.
Los titulares de las tres instituciones electorales se reunieron con el parlamentario Marco Falconí, vicepresidente de la Comisión de Constitución, en la que se discutirá el proyecto de iniciativa legal.
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