Durante 12 años, el Partido Acción Nacional (PAN) ejerció el poder y usó
la Presidencia de la República para intentar someter a políticos de
oposición, principalmente priístas y perredistas. Para ello echó mano de
todos los instrumentos del Estado. Lo mismo utilizó el terrorismo
fiscal, con sus respectivas áreas de inteligencia, que el espionaje
político desde los sótanos de la Secretaría de Gobernación. Su principal
logro fue obligar al exgobernador mexiquense Arturo Montiel a renunciar
a su aspiración presidencial cuando le descubrieron cuentas financieras
imposibles de justificar.
Como es sabido, el exgobernador mexiquense es el
padre político del actual presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, y esa acción panista que humilló a Montiel y al Partido
Revolucionario Institucional (PRI), por cierto ejecutada por el
expriísta y exsecretario de Hacienda y Crédito Público Francisco Gil
Díaz, es una deuda pendiente que Peña Nieto no olvida y que seguramente
ha llegado la hora de cobrar.
Con muy poca imaginación, y mucho menos inteligencia, los políticos
panistas no lograron en 12 años someter al PRI y llevar a juicio a los
responsables por desfalcos y despilfarros de dinero público.
Ahora, como partido de oposición, que es lo mejor que los panistas
saben hacer, éstos han roto el pacto y se han lanzado a una guerra con
pruebas más mediáticas que jurídicas, presentadas por su líder nacional
Gustavo Madero para denunciar corrupción en el gabinete de Peña Nieto,
concretamente en contra de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario
Robles, a quien acusan de manipular los programas sociales de combate a
la pobreza para beneficiar a los aspirantes priístas a puestos de
elección popular.
El problema para los panistas es que si no pudieron encarcelar a
ningún priísta cuando ostentaron el poder 12 años mucho menos lo harán
como oposición, y menos ahora cuando el PRI tiene todos los instrumentos
del Estado para ajustar cuentas con ciertos grupos políticos opositores
y funcionarios panistas corruptos, que no son pocos.
En las filas del “partido oficial”, el malestar por la osadía panista
se ha convertido en furia de sus militantes y esto ha provocado que
distintos órganos de gobierno ya preparen voluminosos expedientes para
llevar a juicio a exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón que
abusaron de sus cargos públicos y desfalcaron y despilfarraron el
presupuesto.
Y en esto de armar expedientes, el PRI es mejor que el Partido Acción
Nacional, y lo demostrará antes de que finalice 2013. La guerra ha
comenzado.
Guerra en la Defensa
Por lo pronto, después de que el procurador General de la República,
Jesús Murillo Karam, anunciara que ordenó abrir una investigación penal
en contra de los responsables por la fabricación de delitos que mantuvo
preso por casi 1 año al general Tomás Ángeles Dauahare, en la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) varios generales están preocupados
porque sus nombres podrían aparecer como responsables de haber
participado en la planeación de la detención, sin pruebas, del
exsubsecretario de la Defensa.
Más aún, las instrucciones de proceder en su contra se tomaron en Los
Pinos, una vez que hasta allá llegó la noticia de que el general
Ángeles Dauahare participaba activamente como asesor en la campaña del
entonces candidato priísta Enrique Peña Nieto, lo que causó tanto
malestar que pidieron encarcelar a quien había ocupado la Subsecretaría
de la Defensa Nacional los 2 primeros años de gobierno de Felipe
Calderón y después se atrevía a apoyar la campaña del PRI.
De inmediato se echó a andar la maquinaria de fabricación de delitos
en la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo en ese momento
de la prestigiada Marisela Morales (reconocida así por el gobierno de
Estados Unidos), para fincarle responsabilidades penales a Ángeles
Dauahare por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Y es que el general de división diplomado de Estado Mayor en retiro
Tomás Ángeles –quien contaba con prestigio y liderazgo entre la
comunidad castrense– había cometido otras “faltas” desde que él mismo se
desempeñaba como subsecretario de la Defensa: se opuso a la creación de
una fuerza militar continental, como lo había propuesto Estados Unidos
y, en términos generales, se oponía a lo que consideraba la “injerencia”
de ese país en los asuntos internos de México; criticaba severamente la
“guerra” contra el narcotráfico y aseguraba que el gobierno de Felipe
Calderón no contaba con estrategia alguna; se había acercado al priísmo,
con el que incluso se mostraba obsequioso y, finalmente, había iniciado
una investigación –con medios propios y al parecer por encargo del
equipo de Enrique Peña Nieto– de los grupos y los intereses al interior
del Ejército Mexicano.
La operación en la PGR en contra de Ángeles Dauahare la realizaron
dos militares, el teniente coronel Abigail Vargas Tirado, comisionado
por la Sedena a la entonces Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada, área que tuvo a su cargo la
integración de la averiguación previa PGR/SIEDO/EUIDCS/0241/2008, lo que
permitió posteriormente a un juez federal girar las órdenes de
aprehensión. El mismo teniente coronel Abigail fue después destituido de
la PGR acusado de “traicionar” a la institución.
El otro militar que participó en la integración del expediente en
contra del general Ángeles Dauahare fue el mayor Gerardo Salazar
Bolaños, responsable de la Unidad Especializada en Investigación de
Delitos contra la Salud, quien también fue despedido por la procuradora
Marisela Morales en septiembre de 2012 y hasta noviembre pasado pudo
reintegrarse a la Defensa.
La pregunta es por qué la abogada de la nación permitió que desde la
Defensa enviaran militares a las áreas más sensibles de la estructura
judicial, y la única razón que se encuentra es que las órdenes procedían
de Los Pinos, en donde despachaba otro militar como jefe del Estado
Mayor Presidencial, el general Luis Arturo Oliver Cen, actual oficial
mayor de la Sedena.
La captura del general Ángeles respondió entonces a una disputa
militar por el poder de la Defensa Nacional y el control utilitario de
la PGR para castigar a todo aquel miembro de las Fuerzas Armadas que
consideraran traicionaba al partido en el poder. Por lo tanto, fue desde
el interior de la Defensa que un grupo de generales planearon y
fabricaron delitos, con la sigla de la PGR, para anular a Tomás Ángeles
Dauahare, quien los aventajaba en su relación con el entonces candidato
Peña Nieto.
Sin participación activa en la integración de la averiguación previa,
la cual estaba a cargo de Abigail y de Salazar Bolaños, la procuradora
Marisela Morales aseguraba en su oficina, hasta los últimos días de su
gestión, que sí había suficientes elementos probatorios para condenar al
general preso. Y daba argumentos que poco se sostenían en lo legal.
El mismo secretario de la Defensa en el sexenio calderonista,
Guillermo Galván Galván, confirmaba lo que repetía la procuradora, y en
sus oficinas de la Defensa señalaba que todo el proceso contra el
general Ángeles Dauahare estaba bien estructurado y se llevaba
transparentemente.
Y la razón de tanta coincidencia entre la Defensa y la PGR es que la
procuradora Marisela Morales mantenía una buena relación con el general
Galván, quien para protegerla de algún posible atentado a manos del
crimen organizado le dispuso una escolta militar y le ofreció un
departamento (donde vive hasta la fecha) dentro de las propias
instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Más castigos en Sedena
Y ya que hablamos de militares y traiciones, hay nueva información en
la Sedena. Desde hace varias semanas hemos seguido puntualmente los
ajustes que en las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional realiza
el general secretario Salvador Cienfuegos, con el objetivo de limpiar
la administración que, cuando concluya su gestión, le permita rendir
cuentas claras a los mexicanos.
Por lo pronto la limpia en la Dirección General de Administración
continúa y después de que fue castigado y separado de su encargo el
coronel intendente diplomado de Estado Mayor (DEM) José Luis Lua
Tahuado, quien sigue sometido a investigación militar por supuestos
actos de corrupción con empresas proveedoras de bienes y servicios para
la Defensa, ahora tocó el turno al teniente coronel DEM José Alfredo
Carrillo Ríos, responsable del área de compras del Ejército.
Las indagatorias por denuncias de corrupción en el área
administrativa involucran a su director general, general brigadier
Fernando Joaquín Ávila Lizárraga, quien según fuentes militares pronto
dejará el cargo por el descontrol con el que inició la actual
administración.
Los cambios en la Sedena involucran desde capitanes hacia arriba,
además de realizarles exámenes sicológicos de control de confianza, que
incluyen encierro de 2 días y aplicación del polígrafo, entre otras
pruebas. Algunos militares ya se han quejado del trato hostil, pues ha
sido la Policía Militar la que ha ido por ellos hasta sus casas y los ha
presentado para ser interrogados y examinados, por lo que consideran
han violado sus derechos humanos.
El propósito del general Cienfuegos es extirpar la histórica
corrupción que ha rondado a la Defensa durante muchos sexenios, en donde
militares, políticos y empresarios han abusado del presupuesto público
destinado a la seguridad nacional. Hasta la próxima con más noticias
verdes.
