Soberanía educativa

La "ultra democracia" que existe en el ámbito educativo ha permitido que se enseñen carreras profesionales diversas en las universidades, técnicas en las academias, de mando medio e innumerables entidades otorgan diplomas a nombre de la Nación. Un análisis superficial aprehendería que un país así, está lleno de "esperanzas". ¿Qué ocurre cuando la educación es un negociado que nutre el bolsillo de dueños sus gestores?
¿Tiene o no tiene un país, vía su Estado, el derecho a planificar qué carreras son útiles a la forja y construcción de la Patria? ¡Claro que lo tiene! Pero, por cierto, quienes han hecho de la educación una alforja gruesa proveedora de dinero a carretadas, invocan la democracia, el libre mercado y demás tonterías. ¿Para qué necesita Perú más que los 50 mil abogados que ya tiene titulados y litigantes en las cortes judiciales de todo el país? Lo mismo vale para periodistas, sociólogos, literatos, antropólogos y demás áreas de las ciencias sociales.
¿Se ha dado cuenta amable lector que en el Congreso, en la industria, en las gerencias, en lugar de científicos hay profesionales formados en letras? En el Poder Legislativo cuando se trata de discutir sobre tecnología advienen poesías ricas en citas jurídicas o literarias, de nulo o casi ningún valor para el despegue de los estudios en el país.
Ningún partido o -mejor dicho, club electoral- plantea un cuestionamiento enérgico al pseudo modelo educativo prevaleciente en Perú. A lo más, alguna crítica por rutas epidérmicas que por avenidas de fondo. De suerte que eso permite comprender del porqué hay más de 100 universidades ofreciendo, cada año, miles de titulados que simple y llanamente son desempleados potenciales cuando no taxistas o independientes (eufemismo galano con que se designa a los que no tienen trabajo fijo).
Si Perú posee una riqueza en biodiversidad e ingente patrimonio marítimo, minero y gasífero, es más que probable que una exégesis rigurosa determinaría que la Nación requiere de científicos capaces de desplegar lo último en tecnología para potenciar la explotación con ganancia para todos los involucrados: profesionales, Estado, empresa privada, y la garantía que los recursos no renovables no se extinguirán violentamente por el lucro del capitalismo salvaje.
Una quimera de nuestros días que tiene hasta un canal de cable, la gastronomía, es ofrecida como panacea para los jóvenes. Basta con citar el deleite con que se narra la cocción de un cebiche de mero y preguntar ¿tiene el espectador común y silvestre acceso a un plato con esos ingredientes? La respuesta es NO. Por tanto, comienzan las dificultades. Si se reputa al pescado como un producto de estupenda calidad merced a los platos que con él se hacen, pero éste sólo es aptitud de minerías pudientes, ¿qué se está diciendo? ¡Algo muy simple: el que tiene billetes puede consumir, el resto que mire televisión por cable e imagine que su paladar engulle esas delicias! Discriminación subliminal. Y ganancias pingues para los dueños del comercio.
Que los profesionales de la gastronomía son respetables, no hay la más mínima hesitación. Pero que este renglón represente fuente de puestos de trabajo capaz de absorber la enorme cantidad de postulantes, es otra cosa. Una segunda conclusión es que la propaganda es muy engañosa.
Es evidente que la gastronomía está inscrita en otro acápite de interés para el Estado: turismo. La industria sin chimeneas sí tiene importancia pero también requiere de planificación científica: qué queremos, en qué áreas, con qué personal se cuenta, qué profesionales se necesitan, de qué edades, cómo se incluye a quienes, sin poseer títulos, ejercen desde muchos años atrás, esta clase de actividades con muchos méritos y bastante experiencia.
No es una alternativa contraponer a científicos con cocineros. Mientras que los primeros están llamados a la contribución con ciencia y conciencia en la forja, desde el Estado o la empresa privada, de riqueza y retorno justo a sus protagonistas, los segundos están dentro de otro rubro más grande, el turismo. Una tercera conclusión es que cuando se hace demasiada propaganda por televisión respecto de la gastronomía, simple y llanamente se pretende barnizar y convertir en "patriótico" lo que es un ejercicio laboral, loable pero de muy escasa generación de puestos de trabajo.
El Estado tiene que ser el ente rector de cómo conducir la educación y cautelar los intereses de las grandes mayorías nacionales. Médicos, geólogos, astrónomos, científicos nucleares, biólogos, matemáticos, ingenieros multidisciplinarios pueden trabajar y ser muy bien pagados en todo el Perú. Al Estado corresponde la coordinación con el sector privado y también la fijación de los límites a que deben constreñirse las entidades que han confundido educación con lucro acelerado so pretexto de la democracia.
La democracia, por definición, es el gobierno para los más y no para los menos.

Herbert Mujica Rojas

http://www.voltairenet.org/article178460.html 

 

Documentos adjuntos

Hacia una educación con ciencia y tecnología. (JPEG - 93 KB)

 

Criminogénesis del llamado orden social

Estas modestas disquisiciones criminológicas, preñadas de realismo, tratan sobre los ¡orígenes tenebrosos de la desesperanza con violencia social!, que muchas veces muta a criminal y que el gobernante de turno se desespera en contener, sin advertir que su ejemplo la desborda.
En mi libro “Criminología Peruana”, de 2 tomos, puede constatarse mi tesis: no querramos con marcada ingenuidad desterrar la violencia social, peor la criminal, la sola protesta, el descontento callejero, y situaciones afines, pero todas incómodas, mientras tengamos niños, jóvenes, adultos y ancianos, de ambos sexos, por muchos millones, en el campo y en la ciudad, que no logran aniquilar su hambre, su sed, sus carencias de vestido, techo, educación y salud, o sea, su pobreza extrema, si al propio tiempo contamos y toleramos a una ínfima minoría ciega y torpe, obsesiva, mercantilista, que detenta el poder y lucha como fiera por mantenerlo o reconquistarlo, usa y abusa de su prensa, vive en la opulencia insultante de su riqueza acumulada con el prevalente saqueo del fisco, con lujosas mansiones, costosas joyas, placeres y miles de gollerías en exceso, millonarias cuentas bancarias (protegidas por el secreto), gestando, despertando y acrecentando la envidia y el odio en la vereda de enfrente.
En tales inhumanas condiciones, ilógicas e injustas ¿resistirá la mayoría pobre, explotada e indocta aún más este llamado orden social criminogenético, que beneficia a los menos, y que convive con el germen de su propia destrucción?
La cacareada seguridad ciudadana, de alcaldes y ministros, que implica mayormente represión, ¿será un antídoto o contención suficiente, sin cambiar las condiciones generales de vida antes descritas a manera de un incompleto inventario? Francamente, lo dudo.
El hombre que delinque a los 20 años, o mucho antes, y también después, ya es un refinado producto social (factores exógenos lo han moldeado muy a su pesar), con un psiquismo estructuralmente formado (con celos, envidia, codicia, hipocresía, morbos y psicopatías, etc.). Sobre la maciza base biológica que trajo, quizá con alguna anomalía cromosomática, ya actuó el cuotidiano torbellino e implacable de la influencia social (desempleo, pobreza, incultura, alcohol, familia numerosa, malas juntas, prensa nociva), de cuyos embates le resulta difícil escapar. Por eso, llegado el caso, sólo transita al acto, sin poder sustraerse.
El rigorismo penal, la amenaza de la pena, incluso la de muerte, el temor a las cámaras de la seguridad ciudadana o la cárcel misma, tienen muy poco peso sobre su índole personal, ya formada y deformada. De allí que el delito está a la orden del día. La violencia, una segura consecuencia de la desesperanza que prohíja el sistema social y político.
¡Los gobernantes, esos que merecen la cárcel y llegan a ella (como Fujimori), los que buscan esquivarla con manoletinas (tipo Alan), por su tozuda corrupción y propias torceduras morales, a la violencia y al crimen los hacen germinar e hipertrofian sin cesar!

Guillermo Olivera Díaz

www.voltairenet.org/article178458.html  

 

Documentos adjuntos

La violenta asimetría entre mayorías y élites incuba inseguridad. (JPEG - 9.7 KB)

 

¡TC con 6 jueces inconstitucionales!

7-5-2013

Si se prorrogase, por un año o más, mediante una ley el mandato del presidente Humala, sería un escándalo de marca mayor, de Ripley. A nadie se le ocurriría imaginar y proponer una ley que prorrogue, sin tope alguno, el mandato constitucional del mandatario Humala más allá de los cinco (5) años para los que fue elegido. Tal prórroga no sería posible por un año más, por una hora, ni siquiera por un minuto.
Porque así lo dispone el Artículo 201° de la Constitución Política los 7 magistrados del Tribunal Constitucional (TC) son ¡elegidos por cinco años!, no más, tal es su período constitucional. No pueden ser reelegidos en forma inmediata, aunque sean o devenguen en genuflexos acomodaticios, mesiánicos o providenciales en su función.
Sin embargo, la Ley 28301, de 22-7-2004, les prorroga su mandato por tiempo indefinido, “hasta que hayan tomado posesión quienes han de sucederles”, dándose el caso que tenemos magistrados que están 2, 3 y hasta 4 años adicionales, por sobre sus 5 años de elección, pues el Congreso aún no ha elegido a los reemplazantes, exceso que deviene inconstitucional y nulo todo lo que hayan resuelto, a pedido de parte. De nada vale que esté normada la no reelección, si una ley los deja en el cargo más allá del término, hasta las calendas griegas, si consideramos la enrevesada idiosincrasia de los congresistas fujimoristas, alanistas, toledistas, pepecistas, ppkausistas, humalistas y otras layas afines de seres vitandos, que gustan tener cupos en las instituciones en búsqueda anticipada de su impunidad cuando delinquen. ¡Incluso al abogado de Fujimori quieren ponerlo de magistrado del TC!
Si con una ley no es factible estirar el mandato del presidente Humala, ¿por qué sí una modesta ley ha podido alargar los 5 años constitucionales de los jueces del TC por varios años más, además, sin techo alguno, lo que significa que pueden quedarse un período adicional o incluso mucho más?
A mi juicio, en el ¡Tribunal Constitucional tenemos 6 jueces inconstitucionales!, con mandato vencido, que hacen sobretiempo pagado a beneplácito suyo y de tirios y troyanos. Si tienen su período que expiró no tienen por qué renunciar, sino simplemente irse a sus casas, y el Congreso ipso facto debe elegir a sus reemplazantes, con votación nominal, para que el pueblo como mandante sepa el sentido de los votos de cada uno de los parlamentarios electores.
He aquí lo que dispone la Constitución Política, la Ley N° 28301, Orgánica del TC, sobre este espinoso tema, de cuya interpretación se hace por muchos un chicle cartilaginoso.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Artículo 201°.- El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años.
LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Artículo 9°.- Duración del cargo La designación para el cargo de Magistrado del Tribunal se hace por cinco años. No hay reelección inmediata. Artículo 10°.- Aviso anticipado Antes de tres meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el Presidente del Tribunal se dirige al Presidente del Congreso para solicitarle el inicio del procedimiento de elección de nuevos Magistrados. Los Magistrados del Tribunal continúan en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes han de sucederles”.
¿O prorrogamos por ley el mandato del presidente Humala, hasta que jure el cargo y asuma quien ha de sucederle, si acaso éste se muere repentinamente luego de ser elegido o le asalta un prolongado cáncer terminal a su colon irritable?

Guillermo Olivera Díaz

 

Documentos adjuntos

¡TC con 6 jueces inconstitucionales! (JPEG - 38.7 KB)

 

¿Beatriz Escobar amenazando a propietarios legítimos?

Pocos días atrás, el 29 de abril, para ser más precisos, dábamos cuenta de cómo en la denuncia policial por los hechos delincuenciales que terminaron en la invasión y robo del terreno del legítimo propietario Robert Contreras Aramburú, asomaba el nombre de una abogada y empresaria, la señora Beatriz Escobar Gutiérrez.

En Lurín: ¿también Beatriz Escobar Gutiérrez en invasiones? http://www.voltairenet.org/article1... se subraya lo siguiente:
"Se lee en la denuncia policial Parte No. 031-2013-RP-LIMA-DIVTER-SUR3-CL-DEINPOL, en el acápite E:
"E Teniendo en consideración lo manifestado por el trabajador Cristian Fernando Pantoja Orihuela, y estando a las diligencias efectuadas en el Atestado Policial No. 098-2012-VII DIRTEPOL-DIVTERSUR3-CL-DEINPOL, la no concurrencia de los denunciados; debe de tenerse en consideración la presunta implicancia de Beatriz ESCOBAR GUTIERREZ en el presente hecho delictuoso; quien estaría utilizando a sus padres para un beneficio propio".
Además se aclara en el mismo texto:
"¿Y quién es Beatriz Violeta Escobar Gutiérrez con DNI 09482892 y nacida el 2-1-1967? Pues nada menos que la hija de los señores Artemio Escobar Oré y Rosa Adelina Gutiérrez Pérez, invasores del predio en Calle Los Lirios Mz. W2 Lote 6, Playa Arica, Lurín, propiedad indiscutible de Robert Contreras Aramburú y de cuyas circunstancias hemos dado amplia información en artículos precedentes.
No sólo eso. El señor Artemio Escobar Oré TAMBIEN es invasor de otro predio: Mz E, Lote 2, Calle Los Suspiros, Asoc. de Vivienda Los Suspiros, Lurín y que pertenece legítimamente a la señorita Felícitas Aurora WILSON VALDIVIA, caso del que hemos dado cuenta también."
Hay más aún, la abogada Escobar Gutiérrez habría amenazado de palabra a más de un propietario cuyos testimonios estamos recabando para hacerlos de conocimiento de las autoridades policiales y judiciales y, también, del Colegio de Abogados de Lima en que está inscrita Escobar.
No obstante que tener un padre que, como hemos visto antes, es invasor de predios en Lurín, Artemio Escobar Oré, la abogada Beatriz Escobar Gutiérrez es representante legal del Grupo OBH Constructora Inmobiliaria EIRL y así figura en la Sunat y, por lo menos, da que pensar en que sí habrían motivos como para hacerse de más y más propiedades.
En los gráficos que se consignan en esta edición hay ofrecidos de terrenos en Lurín a cargo de esta empresa, por tanto, cuanto más ofertas de terrenos posea, mayor la rentabilidad del negocio, por las buenas o las malas.
La abogada Escobar Gutiérrez habría incurrido en amenazas contra legítimos propietarios y urgido, ella personalmente, a que desistan de hacer denuncias o de acudir a la PNP. Aparentemente estaría jactándose del "inmenso poder" que tendría y eso le posibilitaría esta clase de acciones que no son legales. Siendo ella abogada es imposible deducir que desconoce que la ley rige para todos.
.................................................................
— Lurín: ¡mafia roba más terrenos! http://www.voltairenet.org/article1...
 Robert Contreras: ¡firme solicitud a Cofopri! http://www.voltairenet.org/article1...
 Lurín: ¡Artemio Escobar Oré invade otro predio! http://www.voltairenet.org/article1...
 Lurín: ¿también Beatriz Escobar Gutiérrez en invasiones? http://www.voltairenet.org/article1...

Herbert Mujica Rojas

 

Documentos adjuntos

		¿Beatriz Escobar amenazando a propietarios legítimos? (JPEG - 4.1 KB)
		Inmobiliaria OBH1 (JPEG - 124.6 KB)
		Inmobiliaria OBH2 (JPEG - 42.8 KB)
		Inmobiliaria OBH3 (JPEG - 45.5 KB)
		Inmobiliaria OBH4 (JPEG - 26.3 KB)

 

Industria petrolera: ¡México puede!

Desde que el papa Alejandro VI, mejor conocido como Rodrigo de Borja (o Borgia), le “donó” a los españoles nuestras tierras, en 1493, hemos sido sujetos del saqueo de nuestras riquezas. Nuestra tierra ha sido invadida y sus riquezas fueron a parar a manos de potentados extranjeros. Incluso en 1787, cuando se expidieron las Reales Ordenanzas para la Minería, en lo que ellos llamaron la Nueva España, determinaron que los “jugos de la tierra” pertenecían a la corona de España, es decir, al invasor extranjero. Durante el porfirismo esta situación continuó, ya que en 1906 la Cámara de Diputados aprobó una ley en la que se eximía a las compañías petroleras de cualquier pago de impuestos –a excepción del impuesto de timbre– si explotaban terrenos privados.

Así, nuestro trabajo y riquezas engordaron a las compañías extranjeras. Por otra parte, los mexicanos laboramos y acumulamos experiencia en la materia petrolera adquiriendo capacitación y destreza. Ya en 1863 se hicieron perforaciones en Tabasco, y en 1883 el entonces gobernador de aquella entidad, Simón Sarlat Nova, creó una compañía e hizo el primer intento de explotación comercial. Hace ya 112 años, en 1901, comenzó la extracción sistemática del petróleo en Ébano, San Luis Potosí. Edward Doheny y Charles A Canfield estaban a punto de abandonar el proyecto cuando un geólogo mexicano de gran prestigio, el ingeniero Ezequiel Ordóñez, les recomendó el cuello volcánico conocido como Cerro de la Pez para hacer las perforaciones, con lo que obtuvieron un gran éxito;?así empezó la producción en grande: de 1901 a 1911, las compañías exportaron 25 millones de barriles de petróleo y ganaron 4 millones de dólares sin pagar un sólo centavo de impuestos.

Así era la situación petrolera en el porfiriato.
Luego del triunfo de la Revolución Mexicana, Francisco I Madero impuso, en julio de 1912, un impuesto de 20 centavos por tonelada, lo que equivalía a 3 centavos por barril de petróleo. Lo que disgustó a las compañías petroleras, que a su vez alentaron al embajador Henry Lane Wilson a impulsar el complot que derrocó y llevó a la muerte a Madero y a José Pino Suárez. No fue éste, desde luego, su único crimen. Las compañías dividieron comunidades y familias, provocaron matanzas e hicieron de todo para apropiarse de las tierras petroleras. Con el nuevo triunfo de la Revolución contra el usurpador Victoriano Huerta, financiaron a Manuel Peláez, quien con su ejército defendió los intereses extranjeros que en la zona petrolera tenían su feudo, además contaban con sus famosas “guardias blancas”. Las condiciones laborales eran muy desfavorables, por lo que se organizó la Unión de Petroleros Mexicanos. El 19 de febrero de 1918 se hizo la primera tentativa para hacer cumplir el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gravando esta vez los contratos sobre tierras y petróleo. Nuevamente no se hicieron esperar las protestas de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y también se presentó la negativa de las compañías para aceptar el cumplimiento de los decretos. Esto dio motivo para que las empresas intervinieran activamente en el derrocamiento y asesinato de Venustiano Carranza.
Largas luchas llevaron a la Expropiación Petrolera de 1938, los obreros y técnicos mexicanos comenzaron a organizarse. La historia negra de la acción de las compañías petroleras extranjeras inglesas, holandesas, estadunidenses fue enfrentada por los trabajadores, y la huelga petrolera de casi 1 año (en 1937) fue el catalizador para que el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río efectuase la Expropiación Petrolera. Esos trabajadores que enfrentaron la rapacidad de las compañías petroleras también tuvieron la capacidad de levantar la industria.
La apuesta de las trasnacionales era por el fracaso de los mexicanos, juraban que en 3 meses, de rodillas, el gobierno de Cárdenas les iba a pedir su regreso. La situación de la industria era crítica, ya que desde 1914, a raíz de la Revolución Mexicana y de la aprobación de la Constitución de 1917 y la amenaza de expropiación –ya que ésta determinaba que los bienes del subsuelo son de la nación–, las empresas extranjeras decidieron no invertir en la industria, y lo que dejaron hacia 1938 fueron instalaciones chatarra. Tras la Expropiación Petrolera se decretó un bloqueo contra México, no nos compraban una sola gota de petróleo ni nos vendían un tornillo, además de que las compañías extranjeras se llevaron a sus técnicos, incluso nacionales. La industria en ruinas quedó en manos de los obreros mexicanos y ellos, con gran capacidad y maestría, levantaron la industria petrolera ante el asombro del mundo. Cuando Lázaro Cárdenas anunció que México iba a producir gasolina, para lo que era menester producir tetraetilo de plomo, sustancia que sólo producían en Alemania y Estados Unidos, sumamente venenosa y tóxica, los funcionarios de la compañía Shell se burlaron y llegaron a afirmar en conferencia de prensa que “juraban beberse cada gota de tetraetilo de plomo que produjeran los mexicanos”. Pero los ingenieros y técnicos mexicanos produjeron tetraetilo de plomo y la gasolina necesaria. Petróleos Mexicanos (Pemex) fue construido gracias al empeño y capacidad de obreros, técnicos e ingenieros mexicanos.
Pemex ha sido en el último lustro la cuarta empresa con mayor producción de crudo –sólo por debajo de la Saudi Arabian Oil Company, la iraní National Iranian Oil Company y Petróleos de Venezuela– con ingresos de más de 1 billón de pesos anuales. Es falso que no haya dinero para invertir en Pemex o para construir refinerías y erigir una potente industria petroquímica. El año pasado, en abril de 2012, el gobierno mexicano con aprobación del Congreso de la Unión, le regaló 14 mil 400 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y 4 mil 400 al Banco Interamericano de Desarrollo, ¡más de 225 mil millones de pesos! Que no digan que no hay dinero. También tenemos miles de trabajadores calificados para las labores que se requieren y jóvenes que pueden entrenarse debidamente. Sí tenemos la capacidad de realizar todas las labores necesarias para ser autosuficientes en la exploración, explotación, producción, transporte, comercialización y refinación de petróleo. México es capaz de generar tecnologías propias y de asimilar nuevas. Desde 1970, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) consolidó el grupo de ingeniería para el desarrollo de proyectos de instalaciones marinas. Desde la década de 1980, el IMP participó en el diseño, construcción, instalación, inspección y mantenimiento de plataformas marítimas. A partir de 1987, personal de sistemas estructurales participó en proyectos para la explotación de 600, 1 mil y 1 mil 500 metros de profundidad. En 1999 se iniciaron trabajos de exploración y se perforó a más de 500 metros.
Dicen que Pemex necesita recursos externos, capital extranjero para la exploración, explotación y producción. Esto es falso. Entre 1972 y 1975 Pemex descubrió, con sus propios medios, los grandes yacimientos de Chiapas, Tabasco, la Sonda de Campeche y el complejo Cantarell (también en Campeche), pues ha tenido los técnicos capaces de levantar la industria y ha contado con tecnología y metodología propias.
Pemex puede y debe ser una empresa estatal autosuficiente que sea un motor para el desarrollo económico de México. Hemos de oponernos a los nuevos planes privatizadores para rescatar nuestra soberanía energética. La movilización popular debe frenar las políticas entreguistas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) y llevar al triunfo nuestra soberanía energética.
La soberanía energética es un mandato constitucional que hay que cumplir, y cumplirlo a la letra, pues significa la diferencia entre ser un país soberano con el control de sus recursos y riquezas básicas o un país sometido por compañías extranjeras y sus gobiernos. Las riquezas que produce nuestro sector energético pueden ser la base para un desarrollo sostenido y para garantizar a la población los derechos que le otorga la Constitución, pero que hasta ahora han sido letra muerta. No sólo hemos de oponernos a la política privatizadora que plantea el Pacto por (anti) México. Tras la regresión de las últimas 3 décadas de neoliberalismo y neocolonialismo es necesario emprender de nuevo el rescate energético, para ello hemos de contar con la movilización del pueblo en general, y en particular la de los trabajadores del sector. El Movimiento Regeneración Nacional ha emprendido una gran campaña por la defensa del petróleo con el lema: “¡el petróleo es de todos!”. Andrés Manuel López Obrador ha denunciado la intención de entregar el 60 por ciento de la renta petrolera a corporaciones extranjeras. Apoyemos esta lucha, informemos ampliamente a la población de los planes del PRI y el PAN. Está en juego la soberanía nacional, por lo que es necesario apelar a la más amplia unidad de todos los mexicanos por encima de diferencias de edad, sexo, religión, ideología, partido político, estilo de vida, origen nacional y situación socioeconómica. El pueblo unido ha tenido y tendrá la capacidad de solucionar los problemas que se plantean en este inicio del siglo XXI para construir el futuro de un México independiente.
*Politólogo y urbanista. Dirigente de Mexteki y vocero del Congreso de la Soberanía
Fuente: Contralínea 333 / mayo 2013

Las decisiones políticas que fueron erróneas

 

“Como la mayor parte de los términos introducidos en el discurso de los historiadores [y de los políticos], el de crisis tiene, por cierto, una larga y específica historia. La palabra viene del griego krisis, que significa examinar, reflexionar sobre ella, para decidir, y ante la cual, para resolverla, hay que tomar una decisión” (Randolph Starn, “Metamorfosis de una noción. Los historiadores y la crisis”, ensayo del libro El concepto de crisis, ediciones Megalópolis). El ser humano ha de tomar decisiones constantemente para resolver hasta los asuntos más insignificantes de la vida, con la tradición del pensamiento que se remonta al preguntar y contestar del primer gran sofista Sócrates, en la vida política, económica, social y cultural. Una vez resueltos los problemas, acertada o equivocadamente, su respuesta o solución casi siempre vuelve a transformarse en problema en busca de solución.

Lo anterior sirva de introducción al extraordinario libro de trabajo de Alan Axelrod, que lleva por título Perfiles temerarios: las peores decisiones de la historia y por qué fueron erróneas. No aparece el nombre del traductor del inglés al español. En más o menos 400 páginas y 36 ensayos breves pero concisos y completos, su autor nos ilustra acerca de las decisiones que han tomado quienes enfrentaron problemas y que sobre la marcha o a la postre resultaron decisiones equivocadas; que tuvieron un altísimo costo histórico, político, económico, social y cultural; que dañaron táctica (en el corto plazo) y/o estratégicamente (a largo plazo) a pueblos enteros cuando más necesitaban de sus dirigentes; y que al carecer éstos de perspectiva histórica y no mirar más allá de sus narices, tomaron decisiones que causaron más desastres que el mismo problema.
La decisión de apostar y esperar, la decisión de manipular, la decisión de saltar sin mirar, la decisión de retirarse, la decisión de destruir y la decisión de dejarse llevar, son los seis capítulos en los que el autor ofrece sus análisis. En ellos desfilan protagonistas como (el estúpido) Nixon, por el asunto Watergate; Santa Anna, por lo de El Álamo; Hitler y Chamberlain, cuando éste dejó crecer al nazi cometiendo la tontería de no darse cuenta del monstruo; Kennedy y Bahía de Cochinos, etcétera. En próxima edición esperamos incluya a Felipe Calderón. Alan Axelrod también es autor de la contraparte de este libro titulado Perfiles temerarios: grandes decisiones de la historia y cómo se llevaron a cabo, del cual en breve ofreceré noticia bibliográfica.
Es una colección de muestras sobre quienes, teniendo una responsabilidad, con sus irreflexivas decisiones afectaron con desgracias su entorno y llegaron a permitir graves catástrofes sociales (como el caso de la Thatcher y el capitalismo salvaje). Un libro, pues, para reparar en la regla general de cometer estupideces, particularmente de los políticos quienes, excepcionalmente, aciertan con sus resoluciones.
Ficha bibliográfica:
Autor: Alan Axelrod Título: Perfiles temerarios: las peores decisiones de la historia y por qué fueron erróneas Editorial: Edebé, Barcelona, España, 2010
*Periodista

Insuficiente recomendación de la CDHDF por caso 1DMX

Después de 5 meses, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace pública la Recomendación 7/2013 con relación a los hechos represivos del 1 de diciembre de 2012; después de una profusa y acuciosa investigación, sin lugar a dudas sirve para constatar que el operativo policiaco realizado ese día tuvo como finalidad, desde un principio, la criminalización de la protesta social. Su diseño implicó una táctica de confrontación permanente entre quienes ejercieron su derecho constitucional a la manifestación (como una protesta social en contra de la imposición del Poder Ejecutivo federal) y las fuerzas represivas del Estado. La instalación en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México de decenas de “bloqueos” con miles de policías pertenecientes a todas las corporaciones para impedir el paso de los manifestantes al Zócalo lo confirma; el hostigamiento permanente de la policía a las retaguardias de los contingentes también. Ambos hechos evidencian la provocación montada por parte del Estado, en donde las diversas policías del gobierno del Distrito Federal incurrieron en “brutalidad policiaca”: 99 detenciones arbitrarias, falsedad de declaraciones, lesiones, tratos crueles y degradantes e incluso tortura. Cabe preguntarse ¿por qué no hubo intento de contención o disuasión del pequeño grupo (40, dicen) que “vandalizó” en Avenida Juárez, no obstante que los habían identificado en las “inmediaciones de San Lázaro” desde las primeras horas de la mañana? Por el contrario, en el momento de los disturbios los dejaron actuar libremente, en ausencia total de la policía y sin lograr un solo detenido de los verdaderos causantes de los destrozos.

Reconocemos y valoramos el trabajo de investigación de la Primera Visitaduría de la CDHDF, que sirve de sustrato a la Recomendación y confirma lo que los abogados de la Liga 1 de Diciembre hemos sostenido desde aquel día: las detenciones fueron arbitrarias, pues no existió flagrancia; ocurrieron post facto, es decir, después de los eventos “vandálicos”; la violencia extrema usada para las detenciones se califica de “brutalidad policiaca” y llegó al extremo de la tortura en varios casos; muchos fueron detenidos horas antes de los disturbios, en lugares alejados y luego acusados de haber participado en los mismos; la calificación de “legal” de las detenciones hecha por la jueza, a pesar de que el Ministerio Público se excedió del término constitucional para la consignación de la averiguación previa, en lugar de ordenar la libertad inmediata de los puestos a su disposición, también es violación del debido proceso.
Sin embargo, y no obstante su importancia, debemos decir que los puntos recomendatorios son insuficientes e incongruentes con el texto de la propia Recomendación, ya que, no obstante que toda la investigación de la CDHDF versa sobre la violación de los derechos humanos durante las manifestaciones sociales de protesta del 1 de diciembre de 2012 –también conocido como “1DMX”–, en los resolutivos de la Recomendación se omite cualquier referencia a las causas de esa ilegal e ilegítima represión generalizada: que es el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación pública y de reunión para la protesta social; derechos humanos fundamentales que fueron anulados de facto por el Gobierno del Distrito Federal y como consecuencia de esa anulación ocurrió la violación de los derechos humanos a la seguridad, a la libertad personal y debido proceso, a la integridad personal, así como el derecho constitucional a la manifestación y a la protesta social. Además, la Recomendación hace referencia a que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) hizo acusaciones “desproporcionadas” a los detenidos el 1 de diciembre: “ataques a la paz pública” (artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal), con una sanción de hasta 30 años y con la agravante de pandilla, 50 por ciento más (con la reforma bajó la pena de 2 a 7 años), motivo por el cual, la Comisión de Derechos Humanos capitalina se pronunció públicamente a favor de la derogación de dicho artículo, al ser un instrumento para la criminalización de la protesta y la lucha social, sin embargo la Recomendación omite pronunciarse al respecto.
En teoría, cualquier forma de violencia institucional debe estar investida de legitimidad, es decir que el uso de la fuerza pública no puede ser discrecional, únicamente procede para prevenir los delitos (policía preventiva) o en su caso investigarlos y cumplir órdenes judiciales (policía de investigación). Sin embargo, el 1 de diciembre del año pasado la consigna de los cuerpos represivos, como lo pone de manifiesto la CDHDF, fue impedir que los manifestantes llegaran al Zócalo capitalino, es decir, se ordenó a los policías violar los derechos humanos o garantías individuales de manifestación de ideas, de reunión, de libre tránsito, seguridad, libertad, integridad, debido proceso, entre otros y, pese a ello, la Recomendación omite pronunciarse respecto del operativo, de su diseño, alcance y objetivos, no obstante que se trata de la fuente misma de la violación de derechos humanos por el uso ilegítimo de la fuerza pública. Pretender que se investigue sólo a los mandos medios y superiores de la policía significa una Patente de Corzo para quienes lo ordenaron, impunidad para los autores intelectuales y una ominosa promesa de pronta repetición.
Sin señalar a los responsables intelectuales de la represión, la Recomendación pierde relevancia y se avoca únicamente a las cuestiones secundarias de carácter administrativo, como integrar una “comisión para la reforma de la policía”; o “modificaciones al protocolo de actuación policial […] para el control de multitudes”; o “una estrategia educativa […] de capacitación en materia de función policial”; que se formule una denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a fin de que se investiguen los delitos en que pudieron incurrir los mandos medios y superiores de la policía adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; o que se indemnicen los daños causados a las personas que fueron víctimas de la violación de sus derechos a la libertad de expresión y manifestación, además de otros fundamentales; que la PGJDF elabore y publique las adiciones al Manual Operativo que regula la actuación de la Policía de Investigación del Distrito Federal; se revise y evalúe la consignación efectuada de las 13 personas que actualmente tienen un proceso en curso en el Juzgado 47 Penal del Distrito Federal, con el fin de ubicar la oportunidad de formular un desistimiento teniendo en cuenta las violaciones a los derechos humanos, materia de esta Recomendación; o que se recomiende al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en ejercicio de sus facultades de vigilancia y disciplina, de manera oficiosa, realice las acciones legalmente previstas que permitan sustanciar el procedimiento administrativo en el que se determine si la jueza 47 del Distrito Federal, al radicar la causa 287/2012 sin hacer el cómputo del plazo constitucional de 48 horas que era propio del control de legalidad de las detenciones, incurrió en falta.
Sin duda, esta Recomendación representa un avance significativo en el caso 1DMX, pero es insuficiente; nos parece preocupante que no se haga mención al papel de la Policía Federal en los eventos, se pretende omitir que montó la provocación, desde 2 semanas antes del 1 de diciembre, al colocar una barrera de acero de 3 metros de altura en el perímetro de San Lázaro, y que el 1 de diciembre de 2012 utilizaron armas prohibidas, con balas de goma, disparadas directamente contra la gente, con las que provocaron la pérdida de un ojo a un estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. No obstante la abundante evidencia fílmica que demuestra su responsabilidad, no hay una sola referencia a la brutal agresión que sufrió el dramaturgo y director de teatro Francisco Kuykendall, con fractura de cráneo y masa encefálica expuesta, provocadas por una granada de gas lacrimógeno disparada directamente a la cabeza, sin considerar que la agresión ocurrió en territorio del Distrito Federal (no en zona federal).
Se propone investigar a los mandos y a los policías por los delitos en que pudieron haber incurrido, pero la Recomendación sufre un grave defecto: no hay una sola referencia a la responsabilidad de Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard Casaubon, Miguel Ángel Osorio Chong o Manuel Mondragón y Kalb, como si se pretendiera que no tuvieron participación en el diseño y ejecución de ese operativo de Estado represivo.
*Jurista integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas y de la Liga de Abogados 1 de Diciembre; catedrático de historia y de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México
TEXTOS RELACIONADOS:
“Ésta es tu bienvenida, Peña Nieto”
¡Las balas, ni de goma! ¡Las balas, a la goma!
Los vándalos fueron los policías disfrazados de civiles
De represiones y promesas
Los vándalos fueron los policías disfrazados de civiles
Fuente: Contralínea 333 / mayo 2013