La brutal represión ejercida por la militarizada Policía Federal en
contra de los maestros de Guerrero, el 5 de abril pasado, no es más que
otra expresión extrema de la proclividad de un Poder Ejecutivo que se
siente iluminado, elegido para llevar a cabo misiones elevadas que
considera unilateralmente como sus “razones de Estado” y utilizar los
aparatos represivos para tratar de alcanzar sus fines; que por encima de
la responsabilidad constitucional del político democrático, del estado
de derecho, está dispuesto a emplear insensiblemente la fuerza del poder
por encima de las necesidades y el bienestar de la población; que está
inclinado a sofocar por medio de la violencia a los que no aceptan
sumisamente alinearse a sus dictados y el orden que pretende remodelar,
según su exclusiva perspectiva principesca; que antes de servirse de la
razón, de analizar y valorar las heterogéneas posturas de la sociedad,
de negociar, de alcanzar consensos, prefiere descalificar, intimidar,
aislar, reprimir, encarcelar y derrotar, en el momento que considere
oportuno, a los descontentos de sus medidas, sin darles la oportunidad a
los afectados de defender sus intereses; éstos, impotentes, al carecer
de los mecanismos jurídicos e institucionales que les permitan hacerse
escuchar y resolver los conflictos pacíficamente, se ven obligados a
recurrir legítimamente a cualquier método.
21. abril, 2013 Marcos Chávez * Opinión
Dicho acto de salvajismo no es un hecho aislado. Las tentaciones
despóticas de Enrique Peña Nieto forman parte de su zoon politikón. Así
lo testifican, primero, los habitantes de San Salvador Atenco,?Estado de
México. Como se recordará, en mayo de 2006, los comuneros que evitaron
el despojo fraudulento de sus tierras fueron ferozmente atacados por los
zoon uniformados mexiquenses y federales. Como fieras salvajes,
excitadas por el olor de la sangre derramada y la impunidad concedida
por el poder local y nacional de Enrique Peña Nieto y Vicente Fox,
cazaron como liebres a Javier Cortés (14 años de edad) y Ollín Alexis
Benhumea (20 años); humillaron, gasearon y golpearon a los comuneros,
detuvieron a 217 personas (10 de ellas, menores de edad) de las cuales
145 fueron sacadas de sus viviendas allanadas; 47 mujeres sufrieron
vejaciones físicas, sicológicas y sexuales; cinco extranjeros fueron
expulsados del país ilegalmente; 12 pobladores fueron encarcelados por
más de 4 años, entre ellos Ignacio del Valle, a quien lo habían
condenado a 112 años de prisión, hasta que en 2010 la Suprema Corte de
Justicia de la Nación los declaró inocentes y ordenó su liberación. La
jauría represora fue exonerada, entre ellos Peña Nieto y Eduardo Medina
Mora, exprocurador General de la República, salvo dos uniformados
locales.
Seis años después, ante los estudiantes de la Universidad
Iberoamericana, en el Distrito Federal, Peña dijo con desafiante cinismo
que la agresión fue una “firme determinación de hacer respetar los
derechos de la población [mexiquense]. Cuando se vieron afectados por
intereses particulares, tomé la decisión del empleo del uso de la fuerza
pública para restablecer el orden y la paz. Reitero: fue una acción
determinada que asumo personalmente […] en el legítimo derecho que tiene
el Estado de hacer uso de la fuerza pública [y] que fue validado por la
Suprema Corte”.
En efecto, impuso el orden del garrote y la paz de los sepulcros; y
los “impolutos” cortesanos se encargaron de lavarle las manos manchadas
de sangre. En un país de leyes estaría purgando la condena abusivamente
impuesta al señor Del Valle y no hubiera tenido la necesidad de robarse
la Presidencia de la República y radicalizar las contrarreformas
neoliberales.
Después fue la barbarie del 1 de diciembre de 2012, operada por Peña
Nieto, Manuel Mondragón, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, y
cometida por los militares, la Policía Federal y la capitalina.
En esa lógica no debe sorprendernos el diplomático trato del big
stick o gran garrote del autóctono Peña Nieto en contra de los maestros
guerrerenses. O de sus próximos candidatos. Todos aquellos descontentos
que en nuestra tropical democracia se atrevan a desafiar sus salinistas
políticas autoritarias, arbitrarias, anticonstitucionales,
tecnocráticas, centralizadas, impuestas de arriba abajo, excluyentes,
antisociales; todos, salvo los hombres de presa, como Emilio Azcárraga
–caballeroso pactante en la trata de esclavos futbolistas– o Ricardo
Salinas y sus cipayos, el infanticida Juan Molinar Horcasitas o el
dadivoso otorgador de permisos para los lavaderos de dinero (casinos)
Santiago Creel –que interfieren en las tareas legislativas, avasallan a
los “representantes populares” e imponen sus mafiosas reglas como en el
caso de las telecomunicaciones–, porque ante ellos Enrique Peña Nieto
guarda silencio y se niega a ponerles el dogal de las leyes o soltarles a
la jauría.
Se puede o no estar de acuerdo con el paro de actividades, el bloqueo
de calles y carreteras, la toma de edificios públicos y las
movilizaciones de profesores en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, el Distrito
Federal, Puebla o Tlaxcala, y a los que sin duda se sumarán de otras
entidades, sin descartarse una parálisis nacional. A mi juicio, no se
les puede regatear su justo derecho por tratar de salvaguardar, por
cualquier medio, sus derechos laborales y constitucionales que Peña
Nieto aspira a conculcarles. La demanda de amparos ante posibles
despidos es una opción. Pero, ¿quién tiene confianza en un Poder
Judicial sometido al Ejecutivo y cuyos leguleyos resolutivos a menudo
son contrarios a la sociedad, al reafirmar la inexistencia del estado de
derecho?
La huelga nacional e indefinida es una opción que tiene que
explorarse. Pero tiene que articularse con el apoyo de los padres de
familia, otros sindicatos y los movimientos populares para amplificar
sus efectos. La reciente represión se debió, en parte, a que afectó a
las ganancias de las empresas. Pues hay que hacer chillar la acumulación
de capital con la mayor amplitud posible.
Los maestros tienen que explorar formas de lucha más contundentes y
efectivas, además de entender que la eficacia de las luchas sociales
dependerá de la capacidad para crear un contrapoder organizado que se
oponga a los abusos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
del gobierno federal y estatales.
Los maestros han sido víctimas de la era del bronce
institucionalizada y sus movilizaciones son las respuestas a las
injusticias que enfrentan.
¿Acaso pensaban que iban a aceptar su inmolación como mansos corderos
y que, con resignada pasividad de algunos condenados a muerte, sólo
balbucearían ante el hombre que suspira con el perfil de un césar
rencoroso y frío: “ave, imperator, morituri te salutant” (“salve,
emperador, los que van a morir te saludan”)?
¿Acaso suponían que se amedrentarían ante las advertencias de los
bárbaros Enrique Peña Nieto, Miguel Osorio Chong y Emilio Chuayffet, que
con argumentos similares a los empleados en el caso de Atenco están
prestos a reprimirlos ejemplarmente? Primero dicen que se “seguirá
privilegiando el diálogo, [que se] agotará[n] todas las vías de
negociación y de acercamiento”. Pero luego reivindican “el uso de la
fuerza pública como atribución y obligación del Estado para hacer valer,
hacer respetar los derechos de toda la ciudadanía; lo que no se
negocia, lo que no se pacta y no se acuerda es la aplicación de la ley;
que [la] reforma para impulsar la calidad de la educación no tiene
marcha atrás” (Enrique Peña Nieto dixit, palabras clonadas por Osorio y
Chuayffet).
¿Qué clase de “negociación” es ésa si de antemano dicen que “no hay
marcha atrás” y al mismo tiempo se esgrime amenazadoramente el garrote?
¿Qué clase de “diálogo” se propone si fachos del corrompido panismo,
como Gustavo Madero, Ernesto Cordero o Javier Lozano, corresponsables de
la “reforma” educativa y de la política antisocial priísta, foxista y
calderonista, dicen que sólo hay dos opciones: la rendición y el
sometimiento o la violencia del Estado? El Pacto por México, sometido al
Ejecutivo, ha suplantado al Congreso de la Unión y ha amplificado aún
más el abismo entre las llamadas “sociedad política” y la “civil”.
A veces los rencorosos condenados a la despótica muerte laboral se
defienden. Morir requiere tiempo, tiempo amargo… Para ser devorados por
el sistema hasta los huesos.
Es obvio que si los maestros hubieran emulado la obediencia muda,
ciega y sorda de Juan Díaz de la Torre –el capo que fue impuesto por
Peña Nieto en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que
tiene una cola dinosáurica similar a la de Elba Esther Gordillo y de la
cual lo tienen atrapado, que sabe que si osa moverse en contra de la
“reforma”, como Elba, también su osamenta será arrojada a una celda– no
los hubieran agredido. Ni el profesor Mario Durán hubiera tenido que
pagar 60 mil pesos de fianza para recobrar su libertad, luego de que fue
grotescamente acusado de agredir y lesionar, él sólo (¿con una sola
mano?), a ocho pobres e indefensos sabuesos de la rabiosa jauría de la
Policía Federal. No dudo que si los maestros contaran con algunos Marios
Durán harían huir despavorida a la manada represiva del Estado entre
horrendos y acobardados aullidos.
Los profesores han sido eternas víctimas. Primero del autoritarismo
presidencialista priísta que les impuso capos dirigentes corrompidos por
el propio sistema (Manuel Sánchez Vite, Carlos Jonguitud y Elba
Esther), entre 1952 y 2012, para controlarlos y reprimirlos en caso de
“ser necesario”. Ahora Peña Nieto sustituye a Elba Esther Gordillo con
alguien parecido, lo que confirma que lo que menos le importa es la
democratización sindical que mejoraría la interlocución con los
maestros, sino mantener a un dirigente rehén, “leal” a sus intereses,
que garantice la parálisis de los educadores y la aprobación de la
reforma educativa.
Luego, desde la década de 1980, del castigo de sus salarios y del
presupuesto público educativo –cayó de 5.6 a 5 por ciento del producto
interno bruto entre 2003 y 2011–, así como de la gradual destrucción de
su naturaleza: pública, gratuita, laica, popular, crítica, científica y
nacionalista, en favor de la reprivatización y la participación del
oscurantismo clerical –actualmente es un voraz negocio privado que
ejerce más del 23 por ciento del gasto del sistema educativo nacional–,
la formación de estudiantes autómatas, acríticos, con la formación más
elemental, apenas con la calificación básica para las necesidades de la
sobreexplotación capitalista. En una educación de tres pisos: la privada
y exclusiva, para los hijos de la elite político-económica; la privada
de medio pelo (las escuelas patito), para los clasemedieros
depauperados; y la menesterosa, para los pobres y miserables. En una
educación que se rige por los criterios foráneos (Banco Mundial,
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, etcétera) y
no por las necesidades del país, para afianzar la hegemonía del
pensamiento único neoliberal sobre el pensamiento crítico.
El cruzado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, chilla por la reforma, la calidad y
la competitividad educativa en línea con ese organismo. ¿Por qué no
brama para exigir la homologación de los salarios de los maestros
mexicanos con los pagados en los países que integran en ese organismo?
Según los datos de la OCDE, los peores pagados son los maestros de
primaria, que ganan 14.3 mil dólares anuales, y de secundaria, 14.8 mil.
El promedio de la OCDE es de 28.5 mil y 29.8 mil; en la Unión Europea,
de 28.9 mil y 30.2 mil; en Estados Unidos, de 38.8 mil en ambos casos, y
en Canadá, de 34.8 mil y 36.8 mil. Entonces se les podrá exigir la
misma calidad. Las fotografías de los maestros en movilización,
pertenecientes a los estados más atrasados del país, revelan en su
vestuario su grado de pobreza, similar a la de 80 millones de mexicanos
excluidos del paraíso del “primer mundo” neoliberal.
Socialmente, la crisis educativa es un fracaso. Políticamente, representa el éxito de las contrarreformas neoliberales.
Los maestros son víctimas de una estrategia de linchamiento
cuidadosamente orquestada por los fachos de Televisa, Tv Azteca y otros
medios, corresponsables de la degradación de la educación y la cultura, a
merced de sus lumpenescos contenidos, la Confederación Patronal de la
República Mexicana, los mercaderes de la educación, los grupos
clericales y el sistema presidencialista autoritario, a la que
oprobiosamente se ha sumado la dirigencia del Partido de la Revolución
Democrática. Ellos los han desprestigiado.
Ahora son víctimas de la contrarreforma educativa de Peña Nieto que
propone una confusa “calidad” –esa oscura palabreja de moda– darwinista,
elemental, que retrocede al conocimiento que privaba hacia finales del
siglo XVIII. Que se reduce a simples cambios administrativos,
gestionados por ignorantes en la materia, entre ellos Chuayffet, el
santo bebedor de chinchones. Que restaura la centralización y la
homogeneidad en contra de las heterogéneas necesidades de una nación
profundamente desigual, en donde las de las zonas rurales y de los
estados atrasados son distintas a las urbanas y las entidades más
avanzadas. Que busca desmantelar anticonstitucionalmente los derechos
laborales de los educadores.
El problema de la capacitación de los maestros es responsabilidad del
Estado que los abandonó a su suerte. No se les ofrece una mejoría en su
preparación, sus ingresos y en las condiciones de trabajo. Sólo se les
despedirá bajo el amparo de la contrarreforma laboral y la bendición del
Congreso.
*Economista
