21. abril, 2013 Marcos Chávez * Opinión
Seis años después, ante los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, en el Distrito Federal, Peña dijo con desafiante cinismo que la agresión fue una “firme determinación de hacer respetar los derechos de la población [mexiquense]. Cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión del empleo del uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. Reitero: fue una acción determinada que asumo personalmente […] en el legítimo derecho que tiene el Estado de hacer uso de la fuerza pública [y] que fue validado por la Suprema Corte”.
En efecto, impuso el orden del garrote y la paz de los sepulcros; y los “impolutos” cortesanos se encargaron de lavarle las manos manchadas de sangre. En un país de leyes estaría purgando la condena abusivamente impuesta al señor Del Valle y no hubiera tenido la necesidad de robarse la Presidencia de la República y radicalizar las contrarreformas neoliberales.
Después fue la barbarie del 1 de diciembre de 2012, operada por Peña Nieto, Manuel Mondragón, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, y cometida por los militares, la Policía Federal y la capitalina.
En esa lógica no debe sorprendernos el diplomático trato del big stick o gran garrote del autóctono Peña Nieto en contra de los maestros guerrerenses. O de sus próximos candidatos. Todos aquellos descontentos que en nuestra tropical democracia se atrevan a desafiar sus salinistas políticas autoritarias, arbitrarias, anticonstitucionales, tecnocráticas, centralizadas, impuestas de arriba abajo, excluyentes, antisociales; todos, salvo los hombres de presa, como Emilio Azcárraga –caballeroso pactante en la trata de esclavos futbolistas– o Ricardo Salinas y sus cipayos, el infanticida Juan Molinar Horcasitas o el dadivoso otorgador de permisos para los lavaderos de dinero (casinos) Santiago Creel –que interfieren en las tareas legislativas, avasallan a los “representantes populares” e imponen sus mafiosas reglas como en el caso de las telecomunicaciones–, porque ante ellos Enrique Peña Nieto guarda silencio y se niega a ponerles el dogal de las leyes o soltarles a la jauría.
Se puede o no estar de acuerdo con el paro de actividades, el bloqueo de calles y carreteras, la toma de edificios públicos y las movilizaciones de profesores en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, el Distrito Federal, Puebla o Tlaxcala, y a los que sin duda se sumarán de otras entidades, sin descartarse una parálisis nacional. A mi juicio, no se les puede regatear su justo derecho por tratar de salvaguardar, por cualquier medio, sus derechos laborales y constitucionales que Peña Nieto aspira a conculcarles. La demanda de amparos ante posibles despidos es una opción. Pero, ¿quién tiene confianza en un Poder Judicial sometido al Ejecutivo y cuyos leguleyos resolutivos a menudo son contrarios a la sociedad, al reafirmar la inexistencia del estado de derecho?
La huelga nacional e indefinida es una opción que tiene que explorarse. Pero tiene que articularse con el apoyo de los padres de familia, otros sindicatos y los movimientos populares para amplificar sus efectos. La reciente represión se debió, en parte, a que afectó a las ganancias de las empresas. Pues hay que hacer chillar la acumulación de capital con la mayor amplitud posible.
Los maestros tienen que explorar formas de lucha más contundentes y efectivas, además de entender que la eficacia de las luchas sociales dependerá de la capacidad para crear un contrapoder organizado que se oponga a los abusos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del gobierno federal y estatales.
Los maestros han sido víctimas de la era del bronce institucionalizada y sus movilizaciones son las respuestas a las injusticias que enfrentan.
¿Acaso pensaban que iban a aceptar su inmolación como mansos corderos y que, con resignada pasividad de algunos condenados a muerte, sólo balbucearían ante el hombre que suspira con el perfil de un césar rencoroso y frío: “ave, imperator, morituri te salutant” (“salve, emperador, los que van a morir te saludan”)?
¿Acaso suponían que se amedrentarían ante las advertencias de los bárbaros Enrique Peña Nieto, Miguel Osorio Chong y Emilio Chuayffet, que con argumentos similares a los empleados en el caso de Atenco están prestos a reprimirlos ejemplarmente? Primero dicen que se “seguirá privilegiando el diálogo, [que se] agotará[n] todas las vías de negociación y de acercamiento”. Pero luego reivindican “el uso de la fuerza pública como atribución y obligación del Estado para hacer valer, hacer respetar los derechos de toda la ciudadanía; lo que no se negocia, lo que no se pacta y no se acuerda es la aplicación de la ley; que [la] reforma para impulsar la calidad de la educación no tiene marcha atrás” (Enrique Peña Nieto dixit, palabras clonadas por Osorio y Chuayffet).
¿Qué clase de “negociación” es ésa si de antemano dicen que “no hay marcha atrás” y al mismo tiempo se esgrime amenazadoramente el garrote? ¿Qué clase de “diálogo” se propone si fachos del corrompido panismo, como Gustavo Madero, Ernesto Cordero o Javier Lozano, corresponsables de la “reforma” educativa y de la política antisocial priísta, foxista y calderonista, dicen que sólo hay dos opciones: la rendición y el sometimiento o la violencia del Estado? El Pacto por México, sometido al Ejecutivo, ha suplantado al Congreso de la Unión y ha amplificado aún más el abismo entre las llamadas “sociedad política” y la “civil”.
Es obvio que si los maestros hubieran emulado la obediencia muda, ciega y sorda de Juan Díaz de la Torre –el capo que fue impuesto por Peña Nieto en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que tiene una cola dinosáurica similar a la de Elba Esther Gordillo y de la cual lo tienen atrapado, que sabe que si osa moverse en contra de la “reforma”, como Elba, también su osamenta será arrojada a una celda– no los hubieran agredido. Ni el profesor Mario Durán hubiera tenido que pagar 60 mil pesos de fianza para recobrar su libertad, luego de que fue grotescamente acusado de agredir y lesionar, él sólo (¿con una sola mano?), a ocho pobres e indefensos sabuesos de la rabiosa jauría de la Policía Federal. No dudo que si los maestros contaran con algunos Marios Durán harían huir despavorida a la manada represiva del Estado entre horrendos y acobardados aullidos.
Los profesores han sido eternas víctimas. Primero del autoritarismo presidencialista priísta que les impuso capos dirigentes corrompidos por el propio sistema (Manuel Sánchez Vite, Carlos Jonguitud y Elba Esther), entre 1952 y 2012, para controlarlos y reprimirlos en caso de “ser necesario”. Ahora Peña Nieto sustituye a Elba Esther Gordillo con alguien parecido, lo que confirma que lo que menos le importa es la democratización sindical que mejoraría la interlocución con los maestros, sino mantener a un dirigente rehén, “leal” a sus intereses, que garantice la parálisis de los educadores y la aprobación de la reforma educativa.
Luego, desde la década de 1980, del castigo de sus salarios y del presupuesto público educativo –cayó de 5.6 a 5 por ciento del producto interno bruto entre 2003 y 2011–, así como de la gradual destrucción de su naturaleza: pública, gratuita, laica, popular, crítica, científica y nacionalista, en favor de la reprivatización y la participación del oscurantismo clerical –actualmente es un voraz negocio privado que ejerce más del 23 por ciento del gasto del sistema educativo nacional–, la formación de estudiantes autómatas, acríticos, con la formación más elemental, apenas con la calificación básica para las necesidades de la sobreexplotación capitalista. En una educación de tres pisos: la privada y exclusiva, para los hijos de la elite político-económica; la privada de medio pelo (las escuelas patito), para los clasemedieros depauperados; y la menesterosa, para los pobres y miserables. En una educación que se rige por los criterios foráneos (Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, etcétera) y no por las necesidades del país, para afianzar la hegemonía del pensamiento único neoliberal sobre el pensamiento crítico.
El cruzado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, chilla por la reforma, la calidad y la competitividad educativa en línea con ese organismo. ¿Por qué no brama para exigir la homologación de los salarios de los maestros mexicanos con los pagados en los países que integran en ese organismo? Según los datos de la OCDE, los peores pagados son los maestros de primaria, que ganan 14.3 mil dólares anuales, y de secundaria, 14.8 mil. El promedio de la OCDE es de 28.5 mil y 29.8 mil; en la Unión Europea, de 28.9 mil y 30.2 mil; en Estados Unidos, de 38.8 mil en ambos casos, y en Canadá, de 34.8 mil y 36.8 mil. Entonces se les podrá exigir la misma calidad. Las fotografías de los maestros en movilización, pertenecientes a los estados más atrasados del país, revelan en su vestuario su grado de pobreza, similar a la de 80 millones de mexicanos excluidos del paraíso del “primer mundo” neoliberal.
Socialmente, la crisis educativa es un fracaso. Políticamente, representa el éxito de las contrarreformas neoliberales.
Los maestros son víctimas de una estrategia de linchamiento cuidadosamente orquestada por los fachos de Televisa, Tv Azteca y otros medios, corresponsables de la degradación de la educación y la cultura, a merced de sus lumpenescos contenidos, la Confederación Patronal de la República Mexicana, los mercaderes de la educación, los grupos clericales y el sistema presidencialista autoritario, a la que oprobiosamente se ha sumado la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática. Ellos los han desprestigiado.
Ahora son víctimas de la contrarreforma educativa de Peña Nieto que propone una confusa “calidad” –esa oscura palabreja de moda– darwinista, elemental, que retrocede al conocimiento que privaba hacia finales del siglo XVIII. Que se reduce a simples cambios administrativos, gestionados por ignorantes en la materia, entre ellos Chuayffet, el santo bebedor de chinchones. Que restaura la centralización y la homogeneidad en contra de las heterogéneas necesidades de una nación profundamente desigual, en donde las de las zonas rurales y de los estados atrasados son distintas a las urbanas y las entidades más avanzadas. Que busca desmantelar anticonstitucionalmente los derechos laborales de los educadores.
El problema de la capacitación de los maestros es responsabilidad del Estado que los abandonó a su suerte. No se les ofrece una mejoría en su preparación, sus ingresos y en las condiciones de trabajo. Sólo se les despedirá bajo el amparo de la contrarreforma laboral y la bendición del Congreso.
*Economista
