7. abril, 2013 Marcos Chávez *
Opinión
Ricardo Monreal
Entre la demagogia que rezume a borbotones el proyecto (contra)
reformador de Enrique Peña Nieto se escapan las verdades lacerantes que
sus promotores y sus publicistas no logran dulcificar con los placebos
de su retórica fatua, con el objeto de que la población las trague
plácidamente. En su “conjura contra la nación”, siempre tratan de
“engañarla con los mismos eufemismos y argumentos insostenibles”, como
diría Manuel Bartlett.
Para tratar de justificar el nuevo ciclo neoliberal reprivatizador de
los sectores estratégicos de la nación: el energético, las
telecomunicaciones, la infraestructura, su apertura al pillaje
indiscriminado por parte del empresariado local y foráneo, su
trasnacionalización, los peñistas no han dudado en emplear la desgastada
y desacreditada verborrea escuchada durante los gobiernos priístas y
panistas desde el periodo de Miguel de la Madrid.
De la Madrid inició el proceso de demonización ideológica del Estado
al responsabilizarlo de todos los males del país, para luego proceder
políticamente al desmantelamiento de su estructura económica-social: el
recorte del gasto (corriente, social y de inversión) y la reducción de
la administración central: la asfixia presupuestal de las empresas
paraestatales, el alza de sus precios y servicios para compensar dicho
castigo, complementado con la mutilación de los subsidios que
beneficiaban a la población, la agudización de su saqueo fiscal (como es
el caso de Petróleos Mexicanos, Pemex), su desaparición y venta en
turbios procesos (ingenios, intermediarios financieros, Imevisión,
Teléfonos de México, etcétera), la reprivatización de sectores vitales
propiedad de la nación (la petroquímica, por ejemplo), de dominio
directo, inalienable e imprescriptible, resguardados por el Estado, bajo
la coartada de que no eran del interés público. Carlos Salinas de
Gortari lo ahondó con el subterfugio de su “modernización” neoliberal y
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El nuevo Porfirio Díaz-Salinas y su José Ives Limantour-Pedro Aspe
(los gurús de Enrique Peña y Luis Videgaray), por la puerta trasera, por
encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con
la legislación secundaria, el reglamento de 1989, la Ley de Inversión
Extranjera de 1973 y la sustitución de ésta por la de noviembre de 1993,
franquean el paso al capital foráneo, una de las piezas centrales del
nuevo proyecto que cumple al menos tres funciones: financiar al modelo
(complementar la inversión interna pública y privada; aportar las
divisas para corregir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de
pagos y reforzar las reservas internacionales del banco central),
mantener la estabilidad de la moneda (vital para la desinflación) e
integrar (subordinar) la economía mexicana a la estadunidense, al
ofrecerles un trato nacional y de nación más favorecida sin una
correspondencia similar más allá del papel. La reglamentación abre las
puertas del mercado financiero (bolsa, banca y otros). La ley, las
puertas de la economía, con algunas áreas estratégicas reservadas al
Estado (petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica y
electricidad, entre otras) y al sector privado (radiodifusión y
televisión, distintos de televisión por cable, comercio al por menor de
gasolina y distribución de gas licuado de petróleo; hasta el 51 por
ciento en instituciones de seguros y de fianzas, casas de cambio,
administradoras de fondos para el retiro, pesquerías, puertos). Salvo
esas excepciones, temporales porque los gobiernos subsecuentes se
encargan de eliminarlas gradualmente, todo es terreno virgen de
conquista y de rapiña: la inversión en los sectores agropecuarios, la
minería, la industria, los servicios (entre éstos se permiten en la
telefonía celular, la construcción de ductos para la transportación de
petróleo y sus derivados y la perforación de pozos petroleros y de gas),
las coinversiones, la compra de empresas. No sólo se les ofrece una
seguridad jurídica que usurpa la letra y el espíritu de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el sometimiento de las
disputas en los tribunales internacionales (estadunidenses). Además, se
allanan los obstáculos al libre movimiento de capitales (entrada-salida
cuando quieran, compra-venta de divisas, transferencias de utilidades y
pagos por regalías, patentes y marcas sin límites, dispensa en el pago
de impuestos en las operaciones bursátiles).
Si Porfirio Díaz y José Yves Limantour modificaron la Constitución de
1857 para permitir la entrada del capital inglés y estadunidense a la
explotación minera y, tras la crisis de 1892, la creación de nuevas
industrias, ¿por qué la “modernización” de Salinas y Aspe no podían
emular la “modernización” de aquéllos?
Ernesto Zedillo y Vicente Fox ampliaron la brecha aperturista a la
inversión privada local y extranjera con el caballo de Troya de los
proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto
(Pidiregas), mutados a proyectos de inversión de largo plazo en Pemex y
la Comisión Federal de Electricidad (la generación privada se inició con
Salinas en 1994), los contratos de servicios múltiples en la
exploración y explotación de hidrocarburos, a plazos de 10 a 20 años, y
en la concesión de otras obras públicas y sectores económicos. Zedillo
entregó el sector financiero a los inversionistas extranjeros y
desempolvó los “contratos riesgo” firmados por Miguel Alemán –el
cachorro de la Revolución o Míster amigo– con cinco firmas petroleras
estadunidenses para que explotaran y extrajeran el crudo en zonas
determinadas en el Golfo de México, el cual deberían entregar a Pemex a
cambio de una quinta parte del valor del hidrocarburo (además de que
indemnizó a la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, expropiada por
Cárdenas). Felipe Calderón siguió con los contratos de servicios
integrales y la asociación público-privada.
Todos asumieron como propias las contrarreformas estructurales
neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial, el “Consenso” de Washington y la Organización Mundial de
Comercio que exigen, a cambio de su bendición, la jibarización del
Estado, la privatización económica y la eliminación de los controles
internos y externos a la inversión foránea, directa y especulativa, que
obstaculizan la acumulación de capital global bajo la hegemonía
industrial-financiera.
Todos usaron las mismas justificaciones: “modernización”,
“capitalismo popular”, “insuficiencia de recursos públicos”,
“importancia de esos capitales para estimular la creatividad privada”,
“más recursos financieros disponibles”, “inversión, transferencia y
asimilación de las nuevas tecnologías”, “eficiencia”, “competitividad”,
“exportaciones”, “crecimiento”, “empleo”, “mejores salarios y
bienestar”, “recaudación fiscal”, “acceso a bienes y servicios de mayor
calidad y menores precios…”. Todas las mentiras que se les ocurrieron
para vender el paraíso perdido del “mercado libre”. Todos evitaron
llamar las cosas por su nombre: privatizaciones, desnacionalización,
entreguismo, vasallaje.
Ahora los peñistas manosean la misma fraseología (“modernización”,
“escasez de recursos financieros”, “redimensionamiento”,
“capitalización”, “complementación”, “inversión conjunta”,
“democratización de la productividad”, “pluralismo económico”, “apoyo a
la economía familiar”, “reducción de precios”, “tecnología”,
“inversión”), para defender las mismas políticas: el “acceso al capital
privado sin perder la soberanía del Estado”, “una amplia participación
del sector privado en el suministro de energía, en hidrocarburos, nueva
infraestructura de transporte de gas natural por ductos, en
electricidad, en las áreas que permita la regulación vigente”, en
palabras de Enrique Peña; “de la mano de las más grandes compañías
petroleras del mundo por primera vez en medio siglo (Emilio Lozoya), con
“empresas líderes en el ramo de la petroquímica y esquemas de
suministro de largo plazo” (Estrategia Nacional de Energía); la apertura
total de la inversión extranjera directa en telecomunicaciones y
comunicación vía satélite, y hasta el 49 por ciento en radiodifusión, en
todos los sectores, según el Pacto por México. Aunque lo prohíba la
Constitución, Enrique Peña y los partidos Revolucionario Institucional,
Acción Nacional, Verde Ecologista de México y parte del de la Revolución
Democrática –el presidente nacional de este último, Jesús Zambrano,
dijo: ‘‘la participación de la iniciativa privada en el sector
energético de ninguna manera la vetamos [sic]. Al contrario, se requiere
que participe”– la burlarán con sus contrarreformas en las leyes
secundarias. Al cabo, la Carta Magna es un pedazo de papel donde yace
muerta la legalidad. Además, como dice cínicamente el senador priísta
Manuel Cavazos –señalado por su posible vínculo con presta-nombres y
negocios del crimen organizado, como cómplice en el tráfico de armas de
Estados Unidos a México– “en el diccionario del PRI (Partido
Revolucionario Institucional) no existe la palabra privatización, sino
la palabra modernización”.
A Enrique Peña y su equipo no les importa que todo sea una farsa. Que
los costos de la apertura a la inversión local y foránea hayan sido
premeditadamente perversos, antisociales, antinacionales. Que fracasaran
en toda línea. El caso más ilustrativo es la quiebra del sistema
financiero de 1995. Que repitieran los mismo fiascos que en el resto del
mundo donde se adoptaron las mismas políticas, salvo en China o la
India, entre otros, que no adoptaron el fundamentalismo neoliberal, y
que gobiernos democráticos postneoliberales, como los de Argentina,
Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela empiecen a estatizar sus recursos y
a restablecer los controles a la inversión extranjera con mejores
resultados. Que se incumplieran todas las promesas previas. Que el
insoportable hedor a corrupción rodee a las reprivatizaciones
grotescamente disfrazadas. Que los ejecutivos violentaran una y otra vez
el orden constitucional con la complicidad de los poderes Legislativo y
Judicial.
Lo único que importa es el éxito alcanzado con la depredación, el
saqueo, el entreguismo y la pérdida de soberanía: el enriquecimiento de
los hombres de presa internos y externos, así como de la elite política.
Ése es el verdadero objetivo.
Las virtudes exaltadas de la inversión extranjera son un mito. La
financiera sólo ha traído la inestabilidad macroeconómica permanente,
los ciclos especulativos y el devastador colapso de 1995. En 1940-1982,
con la economía cerrada, la intervención pública y las regulaciones a
dicha inversión apenas ingresaron poco más de 14 mil millones de dólares
(MMDD). Pero el crecimiento fue de 6.3 por ciento en promedio real
anual. En 1983-2012 llegaron 573 MMDD y sólo se creció 2.4 por ciento.
Pese al ingreso masivo, la inversión total equivalió a 20 por ciento del
producto interno bruto (PIB) en 2012 contra el 27 por ciento de 1981.
En 1993-2012 la inversión extranjera equivalió a 2.4 por ciento del PIB
en promedio, y 13 por ciento de la total. Con baja inversión y mediocre
crecimiento era imposible que mejorara el empleo. En 2012, más del 52
por ciento de trabajadores (25 millones, de 48 millones) estaban
desocupados, no recibían ingresos, habían de buscar un empleo o migrar
hacia Estados Unidos.
Lo anterior es responsabilidad de la caída de la inversión pública
(de 12 a 4 por ciento del PIB en 1981-2012), la decisión del capital
extranjero de remitir el 48 por ciento de sus ganancias a sus matrices
–85 MMDD de 175 MMDD– en 1983-2012; el total equivale al 80 por ciento
de sus nuevas inversiones: 219 MMDD (la mayoría estadunidenses). La
preferencia de los empresarios locales por invertir afuera (94 MMDD en
2000-2012). El uso de tecnologías intensivas de capital, excluyentes de
mano de obra, que poco o nada tienen que ver con el desarrollo interno
sino con las necesidades de las empresas. La baja compra de insumos
nacionales por los inversionistas externos (3 por ciento en promedio)
por lo que su demanda beneficia al lugar donde las importan. La
preferencia por comprar, fusionarse y desplazar a empresas locales antes
que crear otras. Su efecto favorable sobre el comercio exterior es otra
quimera. Las exportaciones aumentaron 1 mil 442 por ciento en 1982-2012
(de 24 MMDD a 370.9 MMDD), pero las importaciones lo hicieron en 2 mil
79 por ciento (de 17 MMDD a 370.7 MMDD), por lo que el saldo comercial
es crónicamente deficitario, salvo después de las crisis.
La inversión extranjera no busca apoyar el crecimiento. Sólo busca
los bajos salarios, los subsidios y exenciones fiscales (por lo que casi
no pagan impuestos), los recursos naturales que puede saquear
impunemente, la posibilidad de destruir y contaminar el ambiente
tranquilamente. El único “impuesto” que está dispuesta a pagar es el de
la corrupción, como lo sabe WalMart. Sus jugosas ganancias compensan ese
“costo”.
En las siguientes entregas revisaremos las falacias reprivatizadoras peñistas del sector energético.
*Economista
