Dice el cuarto párrafo del Artículo 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos: “corresponde a la Nación el dominio
directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental […]
los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos”; el sexto párrafo señala: “[…]
tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos
o gaseosos o de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones ni
contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la
nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos
que señale la ley reglamentaria. Corresponde exclusivamente a la nación
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica
que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia
no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará
los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.
Es tan claro y contundente este mandato de la Constitución, como es
ilegal y francamente anticonstitucional la anunciada reforma
“estructural” energética propuesta por el Partido Revolucionario
Institucional-Partido Acción Nacional-Partido de la Revolución
Democrática. Pretenden culminar la obra privatizadora neoliberal para
terminar de entregar lo que queda de Petróleos Mexicanos y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) al capital privado. Han venido entregando
los energéticos a capitales extranjeros, primero mediante los contratos
de servicios múltiples, y luego con los contratos incentivados, y ahora
con la exploración y explotación en la Cuenca de Burgos (Tamaulipas,
Nuevo León y Coahuila) y las 607 mil hectáreas del yacimiento llamado
Hoyo de Dona (en las aguas del Golfo de México); lo mismo ocurre con los
pozos maduros en Chicontepec (Veracruz), entre muchos otros contratos y
concesiones, todos nulos de pleno derecho, absolutamente
anticonstitucionales.
En materia de electricidad, la privatización ha ocurrido a través de
los denominados productores independientes de energía eléctrica. El
capital privado produce más del 60 por ciento de la electricidad que
vende la CFE, no obstante la prohibición expresa de la Constitución para
la participación de los particulares en esas actividades exclusivas,
por ser estratégicas, de la nación.
Existe un plan maestro que sistematiza este saqueo: el Consenso de
Washington de 1989. Éste inició con la consigna del “adelgazamiento del
Estado” en México y América Latina, para reducirlo a su mínima expresión
como administrador, con las recetas del Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, para obligarlos a privatizar todas las empresas estatales,
paraestatales y de participación estatal (mayoritaria y minoritaria). En
el caso particular de México encontramos: Siderúrgica Lázaro Cárdenas
Las Truchas, Ferrocarriles Nacionales de México, los aeropuertos, los
puertos, las carreteras, la entonces Compañía Nacional de Subsistencias
Populares, los bancos, el sector de seguridad social, aduanas, las
pensiones de los trabajadores, la jubilación, las guarderías… Incluso se
llegó al extremo de permitir la “autorregulación bancaria”, con la que
los dueños de los bancos dictan sus propias normas reguladoras de la
actividad de crédito. Desde entonces, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) abandonó la filosofía del “nacionalismo
revolucionario” para abrazar la del neoliberalismo, un cambio de
paradigma radical expresado nítidamente en el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte. Los gobiernos panistas, por su parte, continuaron
el desmantelamiento de la propiedad pública. Hoy, el PRI simplemente
recupera la conducción de ese proceso desnacionalizador, bajo la égida
del “libre mercado”, es decir, de los dueños del dinero que sabemos no
tienen nacionalidad.
El Estado siempre había sido representante político de los dueños del
dinero, pero ahora esos mismos mandones se han apoderado de los
aparatos de poder del Estado. Los Poderes de la Unión (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial) están copados por empresarios y sus personeros:
ocurrió entonces una simbiosis entre el interés político y el interés
económico y el Estado abdicó de sus funciones estratégicas al asumir el
papel de represor de la movilización y la protesta social, además de que
se presenta como legitimador del despojo sistematizado del que México
ha sido objeto.
En teoría, aun dentro de los estrechos márgenes del liberalismo
clásico, el elemento “poder” –o gobierno– del Estado se encuentra
acotado; es decir, el “poder” del Estado no es absoluto: cualquier
funcionario únicamente puede hacer aquello que la ley expresamente le
autoriza. En México, el límite del poder del Estado está representado
por la esfera de derechos subjetivos de los habitantes del territorio
nacional llamados ahora derechos humanos o garantías individuales,
contenidos en la parte “dogmática” de la Constitución (Artículos del 1
al 29), que por su rango constitucional establecen la “ley suprema de
toda la Unión” (Artículo 133). Es decir que todo el ordenamiento
jurídico del país debe encontrarse subordinado a su mandato y
observancia irrestricta, sin embargo y no obstante que en un verdadero
estado de derecho ninguna norma legal que vulnere la letra o el espíritu
de una norma constitucional tiene posibilidad de existir y resulta nula
de pleno derecho.
Nos encontramos frente a una política de hechos consumados. El
gobierno, en su afán de entregar la riqueza nacional al capital privado
(nacional o extranjero), no ha dudado en quebrantar las bases
constitucionales que nos dan identidad como país. La política energética
que viene impulsando el PRI corresponde a los dictados de los
organismos financieros internacionales y es notoriamente ruinosa para la
economía nacional. La entrega de la riqueza nacional a los particulares
–como lo vienen haciendo– constituye una condena a la miseria del
pueblo, pero también una traición a la patria. Que la nación se los
demande.
*Jurista integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas y de la Liga
de Abogados 1 de Diciembre; catedrático de historia y de derecho en la
Universidad Nacional Autónoma de México.
