martes, 26 de febrero de 2013

“Durante 40 años la policía ha sido injustamente postergada”

  Tiene fe. Director general de la PNP, Raúl Salazar, dice que los cambios emprendidos darán resultados positivos.
 Raúl Salazar Salazar. Director general de la Policía Nacional.
Doris Aguirre.
El jefe de la Policía Nacional  rompe su silencio para hablar del difícil momento por el que atraviesa su institución y de la ola de violencia que vive el país y en los últimos días la capital. Asegura que este gobierno está haciendo en dos años lo que otras administraciones dejaron de lado por décadas. Aquí sus palabras.
-¿En qué consisten la reforma y la nueva estructura de la Policía Nacional?
Esta nueva etapa para la Policía Nacional está orientada a que los oficiales sean designados a áreas de acuerdo con su perfil y según su grado de profesionalismo, para que produzcan una mejor y eficiente labor. Lo que se busca es que los oficiales no se enquisten durante años en las mismas unidades, que es perjudicial para el desempeño de sus actividades.
-¿Cuál es el presupuesto de este año para los oficiales que han sido cambiados?
En años anteriores el presupuesto era de siete millones de soles, destinados para los cambios que se realizaban anualmente. Ahora el gobierno ha otorgado 23 millones de soles. Con ese dinero se ha logrado enviar a un gran número de oficiales a distintos puntos del país.
En Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Tumbes había oficiales que cumplían servicios año tras año sin haber sido relevados. Han estado dieciocho años consecutivos y no han respondido contundentemente a la criminalidad. Por el contrario, la delincuencia ha aumentado. Sencillamente porque hay oficiales que ya no tienen para más y no le interesa la Policía Nacional. Muchos de ellos no tienen curso de especialización. Prácticamente se han quedado en el tiempo.
-¿Cuál es el costo para el Estado?
Es demasiado. Por eso, estos oficiales enquistados e ineficientes han sido relevados por otros más idóneos con el propósito de combatir la delincuencia que impera en el norte del país. Lo mismo hemos hecho en Lima. Hay oficiales que no han tenido la oportunidad de trabajar en unidades operativas, a pesar de que tienen todos  los cursos de especialización y con una hoja de vida intachable. Esos oficiales han ido donde deben ir. Hay oficiales que tienen sanciones de rigor, investigaciones abiertas por corrupción y han salido jalados en conocimiento, además de procesos judiciales con sentencia. No puedo permitir que esta clase de oficiales siga trabajando en los mismos puestos. Hemos tenido que limpiar de arriba abajo.
-¿Cómo explica que pese a las reformas que usted menciona se han registrado casos como los asesinatos del empresario Félix Gonzales en el interior de una notaría y del reportero gráfico Luis Choy en la puerta de su casa?
Lo que pasa es que la reforma y el rediseño constituyen todo un proceso. Los cambios recién se han dado. Pero vamos a revisar los protocolos de seguridad y elaboraremos un plan operativo más eficiente en los cuarteles policiales. Si bien es cierto hubo  una falla en el caso de la notaría, he dispuesto que se investigue y se sancione a los responsables. Los equipos de seguridad también son materia de investigación.
-¿Ahora cómo será evaluado un oficial?
El personal será rotado cada tres meses. Si el oficial no cumple o no llega a los niveles y metas trazadas por el Comando será removido.
-¿Así se trate de un general?
Sea quien sea. Somos sujetos a una evaluación permanente. El Comando ya dio las disposiciones. El pensamiento del policía tiene que cambiar. Así como le exigimos al policía, también llegará la logística.
-¿La Policía Nacional cuenta con los equipos necesarios para combatir la delincuencia y el crimen organizado?
Durante 40 años la Policía Nacional ha sido injustamente postergada, este gobierno ha asignado una importante cantidad de presupuesto para poder comprar equipos logísticos para la policía. Estamos coordinando para dar un gran golpe a la delincuencia. Eso es seguro. No tenemos radios de comunicación, no nos podemos interconectar entre las unidades policiales. Un policía tiene un teléfono celular que él mismo se lo paga. Lamentablemente la policía ha sido tremendamente descuidada por todos los gobiernos. Ahora sí vamos a tener logística. En otros países los equipos logísticos son cambiados cada cinco años. Pero en el Perú los armamentos tienen 40 años. Prácticamente están obsoletos, pero así estamos operando en las calles. De la noche a la mañana no se pueden borrar los 40 de olvido que sufre la policía.
-Las críticas provienen de todos los sectores, general.
Sí. Por ejemplo, ex directores de la Policía Nacional se han sumado a las críticas. Pero yo les pregunto: ¿qué hicieron por la policía cuando tuvieron la oportunidad?
-¿Cómo cambiará esa situación?
En menos de 20 días se va a instalar el sistema del 105 y de aquí a tres meses va a estar funcionando. Y no es lo único. Hace cinco años un policía no recibe uniforme. Cada uno se compra su vestuario. Pero ahora el gobierno ha dispuesto que se le entregue el uniforme. Ha dado una partida.
-¿Qué porcentajes de policías dados de baja por medida disciplinaria han regresado a la institución por mandato judicial?
Decenas de policías retornan al servicio activo con resoluciones judiciales. Muchos de ellos fueron retirados por medidas disciplinarias, por haber cometido delitos. Lo que estamos haciendo es que aquellos oficiales que reingresan con órdenes judiciales, trabajen en unidades
administrativas.Muchas veces en la misma sentencia el mismo juez resuelve que regrese a la misma unidad de donde salió. Lamentablemente hay jueces que resuelven de mala manera, y nosotros tenemos que cumplir.
-¿Y eso es normal?
Es habitual. En la misma resolución judicial el juez ordena que se le ascienda hasta cuatro grados. Además se le asigna la nota 100 de conocimiento, porque postula al grado inmediato superior. Y encima hay que ponerle todas las condecoraciones por cada año, sin haber dado examen. Sabe Dios qué habrá hecho cuando estaba fuera de la policía. Eso no se puede permitir, va contra la moral y la disciplina de la policía
-¿Usted está de acuerdo con la reforma de los sueldos de los policías. Hay muchos efectivos que dicen que el aumento no se refleja en la realidad.
Sucede que hay una mala información. Sí se ha aplicado un aumento considerable para los efectivos de menor graduación. Desde suboficiales de tercera hasta comandante. Por supuesto que habido un aumento. Sin embargo, para los grados de coronel y general el aumento ha sido mínimo.
Vía @larepublica_pe

La derrota de Estados Unidos ante Bachar al-Assad

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Hace 7 años, John Kerry y Bachar al-Assad…
La semana que acaba de terminar se vio marcada por una serie de indicios que ilustran la existencia de un cambio fundamental en el discurso político y mediático estadounidense sobre Siria, como preludio de una franca confesión del fracaso del plan de Washington para ese país, confesión que debería producirse después de la cumbre ruso-estadounidense.
Por ejemplo, fue con toda intención que Washington dejó que se supiese que el presidente Barack Obama rechazó un plan para entregar armas a los rebeldes sirios, plan que había sido presentado por Hillary Clinton, David Petraeus y Leon Panetta, tres personajes que no forman parte de la nueva administración. Ese trío dirigía la guerra universal contra Siria en materia de seguridad así como en los planos militar y económico.
El nuevo secretario de Estado, John Kerry, enfatizó en sus declaraciones la necesidad de alcanzar una solución política de la crisis a través de negociaciones entre las oposiciones y el Estado nacional sirio, bajo la dirección de su presidente Bachar al-Assad. Kerry preparó el terreno para un posible encuentro con Assad, haciendo para ello declaraciones sobre la existencia de «ideas» que pudieran convencer al presidente sirio para que negocie con sus detractores. Es importante señalar aquí que la proposición ya presentada por el presidente Assad, el 6 de enero de 2013, es la única iniciativa seria para la organización de un diálogo y de algún tipo de asociación con la oposición. Sin embargo, el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense parece querer preparar a su propia opinión pública y a los gobiernos de la región en función del escenario que él mismo sueña, pero que no le será fácil concretar: una imagen que lo muestra, en su calidad de secretario de Estado, presentando sus respetos al presidente de Siria, un dirigente a quien Washington creyó poder derrocar.
Todo el que siga de cerca el desarrollo de la crisis siria no puede más que sentir asco ante la actitud engañosa e hipócrita de Estados Unidos, que a través de la Casa Blanca, del Pentágono y del Departamento de Estado ha desatado una avalancha de declaraciones en las que se afirma que el Frente al-Nusra –conformado por elementos provenientes de al-Qaeda– es la principal amenaza para la seguridad del mundo árabe y de los países occidentales. ¿Y quién movilizó a esos terroristas provenientes del mundo entero para enviarlos a Siria? ¿Quién ordenó a Turquía, a Qatar, a Arabia Saudita, a Libia y a la Corriente del Futuro libanesa proporcionar dinero, armas, entrenamiento, apoyo logístico y cobertura política y mediática a los grupos takfiristas? ¿No fue Estados Unidos? ¿Cuál es el secreto de este brusco cambio de actitud?
Podemos estar seguros de que no se trata de un despertar de la conciencia estadounidense. Es simplemente el resultado del fracaso del plan occidental contra Siria que se ha estrellado contra la resistencia tenaz y encarnizada del pueblo y del ejército sirio y de sus aliados en la región y a través del mundo, la inquebrantable determinación de Bachar al-Assad, a quien no han podido doblegar y que ya se prepara para una nueva victoria histórica luego de sus éxitos en Irak, en la guerra de julio de 2006 en el Líbano y –por dos veces– en Gaza, en 2008 y en 2012.
El imperio estadounidense ha perdido su guerra contra al-Assad y contra Siria y ahora se prepara para aceptar el mecanismo destinado a poner fin a la violencia, mecanismo propuesto por el presidente sirio. O sea, Washington se verá obligado, en un futuro próximo, a aplicar una serie de compromisos que tienen que ver con el cese de las entregas de armamento y de fondos que sus vasallos de la región hacen llegar a los grupos terroristas.
Comenzarán entonces los verdaderos problemas para esos países.
Vía @RedVoltaireX

lunes, 25 de febrero de 2013

Hospital instala tercera ´caja´ para bebés abandonados en Suiza


Hospital instala tercera ´caja´ para bebés abandonados en Suiza
EFE  |  Referencial
La ´caja´ fue creada en 2001 y los padres -o alguno de ellos- tienen el derecho a recuperarlos antes de su adopción.
    El hospital de Olten, en el cantón suizo de Soleure, pondrá en funcionamiento el próximo mes de junio la tercera "caja" para bebés abandonados del país, una estructura oficial donde los padres pueden dejar a los hijos no deseados.
    Esta nueva "caja" se unirá a las ya existentes en el hospital de Einsiedeln (cantón de Schwytz), que dio la bienvenida la semana pasada su octavo recién nacido desde que se pusiera en funcionamiento en el año 2001, y en el hospital de Davos (cantón de los Grisones), que fue construida en junio del año pasado.
    El hospital de Olten ha sido elegido por su situación céntrica y su accesibilidad a través de transporte público, según informó hoy la agencia de noticias suiza ATS.
    La "caja" de bebes fue creada en 2001 de manera conjunta por el Hospital de Einsiedeln y la Asociación "Ayuda Suiza para la Madre y el Niño" (ASME), y los padres -o alguno de ellos- tienen el derecho a recuperarlos antes de su adopción, lo que hasta ahora sólo ha ocurrido en un caso.
    A pesar de que a partir de junio existirán tres estructura de este tipo, la ASME considera que Suiza requiere ocho "cajas".
    Por el momento, el Parlamento de Valais ha aprobado la creación de un mecanismo similar para los padres que no desean quedarse con sus hijos y hay proyectos para establecer "cajas" similares en los cantones de Berna y Zúrich.

    Vía @capital967

    Alcaldes deben liderar lucha contra la delincuencia en sus distritos



    En materia de seguridad, el adjunto para asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Fernando Rafael Castañeda, manifestó que señaló que los alcaldes distritales deben liderar la lucha contra la delincuencia en sus localidades.

    "Los alcaldes en su calidad de Presidentes de los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana y de acuerdo con el artículo 13 de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, son los responsables de implementar un sistema de prevención y reacción inmediata frente a situaciones de inseguridad local", manifestó.

    El funcionario explicó que este sistema debe comprender el patrullaje articulado entre el serenazgo y la policía, la instalación de cámaras en puntos estratégicos, la implementación de canales de alerta del vecino con su serenazgo y la policía, entre otras acciones.

    Para el ex director de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, se debe cumplir con lo indicado en la Ley de Seguridad Ciudadana, para que sea el comisario quien comande el personal de serenazgo en coordinación con la municipalidad.

    "No tenemos policías, pero con la cantidad de serenos más los policías podríamos resolver los problemas de seguridad ciudadana", manifestó Pérez Rocha.

    Según la Defensoría del Pueblo, el 85% de comisarías a nivel nacional no ejecutan acciones de mantenimiento correctivo y preventivo en su infraestructura y jurisdicciones.

    Debate sobre revocatoria será el 10 de marzo sin participación de alcaldesa Villarán

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    El 10 de marzo a las 20:00 horas, y sin público, se llevará a cabo la ‘exposición de motivos’ entre los promotores del Sí y del No a la revocatoria en Lima, señaló hoy Fernando Vidal Ramírez titular del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
    Este evento será televisado en directo por el canal estatal TV Perú y servirá para que cada agrupación exponga sus argumentos a favor y en contra de remover del cargo a las autoridades municipales de Lima. “(Al debate) se le ha dado un nombre adecuado. Se llama exposición de motivos. Será el domingo 10 de marzo. Está por verse el lugar y las personas que intervendrían en esta exposición”, señaló Vidal Ramírez en conferencia de prensa.
    Además, consideró que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán no debe participar directamente, ya que “es una figura que está en la función pública” y porque su contrincante “no existe”. “Directamente no (participará), sino una persona en representación de la confluencia Fuerza Social, y una en representación del comité promotor (del Sí). Esta es una confrontación de motivos de una y otra parte y es mejor así, sin público”, señaló.
    Con información de Andina.
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    Una ley sobre la dictadura divide al Gobierno y la Justicia en Uruguay



    Los 12 años de dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985 aún siguen marcando la agenda política del país. El pasado viernes, los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia declararon inconstitucional una ley aprobada en 2011 por el izquierdista Frente Amplio que evitaba la prescripción de los delitos cometidos durante el régimen militar. A consecuencia de ese fallo, emitido con cuatro votos a favor y uno en contra, el Frente Amplio convocó este lunes una concentración silenciosa ante la sede de a Suprema Corte. La senadora del Frente Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica, planteó la posibilidad de promover un juicio político contra los miembros de la Corte.
    Elena Zafaroni, miembro de las Madres y Familiares de Desaparecidos, indicó en conversación telefónica desde Montevideo que su asociación se sumaría a la marcha aunque considera que algunos sectores del movimiento oficialista han sido “en buena parte responsables” de que en Uruguay no se investiguen a fondo los crímenes de la dictadura.
    Zafaroni, quien perdió a su marido durante la dictadura, cree que la decisión de la Corte ya se veía venir desde que el pasado 15 de febrero decidió trasladar a la jueza Mariana Mota desde la sección Penal a la Civil. Con esa decisión, Mota fue alejada de las 50 causas que investigaba en relación a detenidos y desaparecidos durante el régimen militar. “Los delitos de lesa humanidad exigen mucho estudio y especialización. Y ahora, la persona que la sustituya necesitará al menos cinco años por delante para empaparse de las 50 causas que ella llevaba”.
    El periodista uruguayo Alfonso Lessa, quien ha escrito cuatro libros sobre la historia reciente del país, indicó ayer en conversación telefónica que aunque el fallo provoque indignación en los familiares, era previsible. “Este debate lleva en Uruguay 27 años, pero a los únicos que no puede sorprender es a los legisladores. En 2010 y 2011, antes de aprobar la ley, el Parlamento consultó a muchos especialistas. Y todos les dijeron que les iban a llover cataratas de recursos de inconstitucionalidad. Y a pesar de eso, decidieron aprobarla”.
    La ley de 2011 invalidaba una amnistía decretada en 1986, cuando el país salió de la dictadura. Esa amnistía o “Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” fue sometida a plebiscito en 1989 y en 2009. En las dos ocasiones, la mayor parte de los uruguayos se pronunciaron en contra del revisionismo.
    “Desde el extranjero puede resultar difícil de entender”, explica Lessa. “Pero quizás es porque se ignora que en Uruguay los principales denunciados de la dictadura están presos. Y en cuanto a los dictadores… El principal, Gregorio Álvarez, se encuentra en la cárcel desde 2007; y el otro, José María Bordaberry, murió en prisión domiciliaria en 2011. La aprobación de la amnistía ocurrió hace 27 años y el golpe de Estado hace 40. A la gente joven le queda demasiado lejos esta historia. La coalición del Frente Amplio se vio presionada por alguno de sus sectores más radicales para aprobar la ley de 2011. Pero, en realidad hay otra parte del Frente, que aunque no lo dice públicamente, está a favor de la amnistía y coincide con el fallo de la Suprema Corte. Resulta muy significativo, por ejemplo, el silencio que mantiene el expresidente [2005-2010] Tabaré Vázquez”.
    El fallo del máximo tribunal uruguayo no sólo ha provocado una fractura con el Gobierno, sino escisiones manifiestas dentro del izquierdista Frente Amplio. Así, a diferencia de la senadora del Frente Lucía Topolansky, partidaria de promover un juicio político a los miembros de la Corte, el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, declaró que acata la sentencia aunque no la comparta.

    Vía @el_pais

    70% del personal que trajo empresa israelí Global CST solo eran traductores y asesores

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    Global CST fue contratado durante el gobierno aprista para capacitar a militares en el VRAEM.
    La empresa israelí Global CST, contratada durante el gobierno aprista para capacitar a los militares en el VRAEM, trajo al Perú más traductores y asesores que instructores. En sesión conjunta de las comisiones de Defensa y de Fiscalización del Parlamento, el contralor el 70 por ciento del personal de la empresa israelí Global CST Ltda que ingresó al país para brindar capacitación a militares en el Vraem eran traductores y asesores, señaló el contralor general de la Republica, Fuad Khoury, en sesión conjunta de las comisiones de Defensa y de Fiscalización del Parlamento.
    De una lista de 113 instructores de Global CST Ltda, 77 eran traductores y 31 asesores. Del personal mencionado en esa lista, 5 no ingresaron al país durante el periodo de vigencia del contrato. Además, en la lista de evaluación de instructores para el curso de entrenamiento, Global CST Ltda ofrecía 33 personas, de las cuales 6 eran instructores y el resto traductores.
    “Eso nos lleva tener dudas razonables de la participación, calificaciones, experiencia, número de instructores ofrecidos, personal fantasma, sin perjuicio de la desproporción entre el 70 por ciento de asesores y traductores, frente al 30 por ciento restante”, afirmó Khoury.
    Además, el contralor detalló que el personal que trajo Global CST Ltda para cumplir el contrato con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no cumplía con los 20 y 30 años de experiencia en campo que ofrecieron. En la lista de instructores, solo el 28 por ciento tenía una edad mayor a 40 años, es decir, solo ese porcentaje cumple con las condiciones ofrecidas en la propuesta.
    Durante la etapa de respuesta a las interrogantes que plantearon los miembros de las comisiones de Defensa y Fiscalización, dijo que la Contraloría tiene como principal valor la independencia y autonomía, y en ese sentido rechazó insinuaciones de cualquier tipo en su actuación.
    Khoury aclaró que la Contraloría no participó en la firma del contrato y su ejecución, como lo indicaron algunas personas comprometidas en las investigaciones y precisó que solo autorizó, de acuerdo a ley, la exoneración del proceso de selección por tratarse de secreto militar.
    Frente al pedido de varios parlamentarios para que precise cómo se cuantificó en 40 millones de soles el perjuicio para el Estado por esta contratación, Khoury aseveró que le corresponde al Ministerio Público hacer esa valorización.
    “Hay indicios de corrupción y de comisión de presuntos delitos, el Ministerio Público determinará dónde hubo error administrativo y dónde delito. Confío en que la Fiscalía determine exactamente lo ocurrido”, afirmó
    Ante los miembros de ambas comisiones, informó, de otro lado, que el Ministerio Público abrió la carpeta de instrucción por estos hechos y que Contraloría investiga al Jefe de la Oficina de Control Institucional cuyo informe no encontró las faltas detectadas posteriormente.
    alan-garcia-hernan-garrido-lecca-global-cst-corrupcion-politicaCon información de Andina.
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